Tras la absolución de los 17 acusados en la causa conocida como “el Villazo”, que el año pasado juzgó delitos de lesa humanidad contra obreros metalúrgicos de Villa Constitución, en 1975; la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó un recurso de Casación para que la “vergonzosa sentencia” sea revisada. “Cuando el tribunal intenta explicar por qué no ve delitos de lesa humanidad, hace un esfuerzo reiterando que este no es un fallo ideológico”, expresaron desde el equipo jurídico, en la conferencia realizada en el Museo de la Memoria. Y agregaron: “Los argumentos que pudimos exponer en la acusación son abundantes y no tenemos dudas jurídicamente del sustento que tiene”.

Se trata de la causa en la que se juzgaron secuestros y homicidios de trabajadores metalúrgicos, desde marzo de 1975, en Villa Constitución, en la antesala del golpe del 76. Los juzgados fueron expolicías federales y un expolicía provincial; y, por primera vez en la provincia, se juzgó a civiles en el caso de dos ex jerárquicos de la empresa Acindar para quienes Fiscalía y querella habían pedido penas de prisión perpetua, ante la acusación por la responsabilidad empresaria. Para el resto, se solicitaron penas de entre 10 y 25 años.

La causa llegó a juicio oral en noviembre de 2023. Dos años después, y tras un centenar de testimonios, la Justicia Federal absolvió a los 17 acusados. Tras escuchar el veredicto del tribunal integrado por Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider -en disidencia parcial- a finales del año pasado, querellantes, sobrevivientes y familiares hablaron de “un fallo vergonzante” y aseguraron que apelarían la decisión, una vez que el TOF N° 1 diera a conocer los fundamentos, lo que ocurrió a principios de este mes. Así, esta semana la querella de APDH presentó el recurso ante Casación.

Norma Ríos, presidenta honoraria de APDH, sostuvo en la conferencia -junto a hijas e hijos del Villazo- que la resolución generó “una repercusión inmediata y enorme”, y cuestionó el fallo en relación a “un clima de época”. Al tiempo que lamentó el fallecimiento, en los últimos días, de Mireya Rojo, abogada de la histórica lista Marrón, militante por los derechos humanos y de los obreros, aseguró: “No dejamos un segundo de hacer lo que tenemos que hacer. No hay retroceso, no hay paso atrás”.

Por su parte, la abogada querellante Gabriela Durruty aseguró que el fallo es “un giro de 180 grados en la jurisprudencia que se viene construyendo en nuestro país hace más de dos décadas”. En ese sentido, cuestionó que los jueces “no advierten delitos de lesa humanidad” en el caso. Y destacó la importancia de este juicio porque “se discutía el rol del movimiento obrero organizado que es el motor de la historia. Nosotros decimos que no solo fueron delitos de lesa humanidad, sino un genocidio, porque el objetivo a eliminar fue el movimiento obrero”.

Durruty agregó que de la resolución, “sorprendió el blindaje del discurso como hacía mucho que no leíamos, pre 1985, pre Causa 13; la teoría de los dos demonios se queda corta”, dijo. Y cuestionó que se apunta a las víctimas, “el movimiento de personas que tuvo el valor de sostener los relatos sobre lo ocurrido”. Cuando el tribunal “intenta explicar por qué no ve delitos de lesa humanidad, hace un esfuerzo reiterando este no es un fallo ideológico. Además, nos endilgan, como querella, que no comprenden cómo reiterábamos esta situación de que Martínez de Hoz del directorio de Acindar pasó a ser ministro de Economía de la dictadura”, planteó. Y agregó que el pedido es que Casación revoque la decisión de primera instancia y dicte un nuevo fallo condenatorio. Al mismo tiempo, al hablar del movimiento obrero, mencionó “lo que está pasando ahora con la vergonzosa y esclavista reforma laboral”.

Desde la querella, leyeron una parte del fallo que expresa: “Esta sentencia no tiene por objeto emitir juicios de valor sobre las posturas ideológicas propias de la época, ni determinar si alguna de las partes en conflicto actuó como agresora o defensora, o si una de ellas sostuvo ideales superiores a la otra”. Y cuestionaron: “Hubo un atacante y a ellos fue a quienes acusamos. Por supuesto que el objetivo del análisis es determinar eso”, dijo la abogada Julia Giordano.

Además, indicó que el fallo “decide no tomar en cuenta la acusación de esta querella respecto de Acindar, porque dice que no fuimos coherentes de lo que acusamos y lo que demostramos en el juicio. Miren qué conveniente. La querella, la acusación que más pruebas mostró respecto de Acindar…”, planteó sobre la acusación hacia los dos exdirectivos.

En esa línea indicó que la causa tuvo una etapa de instrucción (previa al juicio) de diez años. “Durante ese tiempo, todos los tribunales por los que pasó dijeron que esto eran delitos de lesa humanidad, y los tribunales superiores. Los argumentos que pudimos exponer son abundantes, no tenemos dudas jurídicamente del sustento que tiene”. También coincidió con que “es un fallo de época”. Y valoró “la gesta obrera, la comunidad organizada”.

En la previa de la conferencia, desde APDH señalaron que “el impacto en las víctimas y sus familiares fue inmenso, revictimizante y fundamentalmente injusto”. Los hechos juzgados tienen que ver con delitos cometidos contra la histórica lista Marrón que ganó las elecciones de la UOM Villa Constitución en 1974 y “contra quienes dieron apoyo”.

En el recurso de Casación presentado, la querella calificó al 20 de marzo de 1975, “como en un verdadero ensayo de lo que luego fuera una verdadera política de Estado, el genocidio, fuerzas de seguridad rodean la ciudad de Villa Constitución con alrededor de 4000 efectivos y al amparo de la noche y esperando sea garantizada su impunidad secuestran a más de 100 obreros, saquean domicilios, golpean a sus familias y dan comienzo a una serie de delitos que esta querella siempre entendió eran alcanzadas por el delito internacional de genocidio”.

Además, sostiene que “fue posible por el aporte insustituible de la patronal de Acindar que señaló y entregó la información de los trabajadores mediante los nexos entre la planta y la mano de obra represiva”.