El próximo jueves el fiscal adjunto de San Jorge, Diego Gustavo Rodríguez y Barros, se sentará frente a los miembros de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura santafesina para responder por los cargos en su contra, que ya derivaron en su suspensión en noviembre pasado. El proceso disciplinario, que podría terminar con su destitución e inhabilitación por diez años para ejercer cargos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), expuso una trama de denuncias por presuntas estafas a una aseguradora, uso indebido de sistemas judiciales, hostigamiento laboral, amenazas y episodios de violencia de género dentro de la Unidad Fiscal de San Jorge.

La acusación sostiene que Rodríguez y Barros incurrió en “mal desempeño funcional e institucional grave” y en una “pérdida de idoneidad ética sobreviniente”. El expediente describe una sucesión de hechos que, para los legisladores, exceden una conducta individual y comprometen el funcionamiento institucional del MPA.

El caso que abrió la investigación se originó a partir de una alerta de una compañía aseguradora. Según la acusación, el fiscal denunció falsamente el robo de las ruedas delanteras de su Chevrolet Cruze para intentar cobrar el seguro, pese a que antes había comentado a empleados judiciales y funcionarios municipales que una cubierta se había roto tras caer en un pozo. Testigos de la propia fiscalía respaldaron esa versión durante la investigación.

La aseguradora Seguros Rivadavia detectó inconsistencias en el relato y rechazó inicialmente el siniestro por considerar “inverosímil” la mecánica denunciada. Más tarde apareció un segundo episodio: la denuncia por la rotura del parabrisas del mismo vehículo. Por ambos hechos, el fiscal Ezequiel Hernández imputó a Rodríguez y Barros por tentativa de estafa y estafa consumada.

La Legislatura provincial resolvió suspenderlo preventivamente en una sesión conjunta de senadores y diputados. La medida fue votada por unanimidad e incluyó la reducción del 50 por ciento de su salario y la prohibición de ingresar a dependencias del MPA mientras avanzara el expediente disciplinario. La decisión se tomó luego de que la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público remitiera las actuaciones por considerar que la gravedad institucional excedía el plano administrativo.

Pero el expediente disciplinario no quedó limitado al llamado “caso cubiertas”. La acusación incorporó otro episodio que golpeó directamente sobre el funcionamiento interno de la fiscalía. Se trata de la causa “Sarandón”, en la que Rodríguez y Barros figuraba como presunta víctima de amenazas. Según la presentación, el fiscal habría ingresado sin autorización al sistema Heimdall y cargado personalmente un requerimiento acusatorio en un legajo asignado a otro funcionario judicial, el fiscal Carlos Zoppegni.

En ese escrito, el propio Rodríguez y Barros pidió una condena de tres años de prisión condicional para el acusado y una reparación económica de 200 mil pesos a su favor. Además, según la acusación, utilizó el sistema para acceder sin autorización judicial a antecedentes penales, domicilios y datos de vehículos del denunciado. El expediente sostiene que actuó “como acusador público en un caso donde tenía interés particular”, afectando el principio de objetividad que rige la función fiscal.

Con el avance de la investigación comenzaron a sumarse denuncias internas de empleados de la Unidad Fiscal San Jorge. Los testimonios incorporados al expediente describen un clima laboral “hostil”, atravesado por maltratos, intimidaciones y comentarios de connotación sexual.

Una trabajadora declaró que el fiscal hizo referencias al tamaño de su cuerpo durante una Cámara Gesell realizada frente a un juez penal, un defensor público y personal técnico.

La situación derivó en la intervención del Sindicato de Trabajadores Judiciales, que denunció un cuadro de “riesgo psíquico inminente” dentro de la dependencia judicial. Otros empleados relataron amenazas vinculadas a las declaraciones que prestaron en el expediente disciplinario. Uno de ellos aseguró que Rodríguez y Barros les advirtió: “Si tengo que mancharle el legajo a alguno, lo voy a hacer”.

La acusación también señala que, aun después de haber sido suspendido preventivamente y encontrarse bajo licencia médica, el fiscal se presentó en la sede judicial, cambió cerraduras de oficinas y mantuvo conductas intimidatorias hacia trabajadores de la fiscalía.

Mientras la Comisión de Acuerdos avanza hacia la etapa decisiva del proceso, la defensa del fiscal salió a denunciar un supuesto “riesgo institucional” detrás de la investigación. El abogado Sergio Martyniuk calificó el expediente como “irregular e ilegal” y sostuvo que la acusación contiene “un llamativo desconocimiento de la causa”.

“Hoy no está en juego solo la situación de un fiscal, sino algo mucho más profundo: la vigencia real del Estado de Derecho”, afirmó el defensor. Según Martyniuk, el proceso legislativo constituye “una reacción del Estado ante la imposibilidad de avanzar en el fuero penal por inexistencia de evidencias objetivas”.

El abogado también cuestionó la actuación de la Comisión de Acuerdos y denunció una vulneración del derecho de defensa. “Cuando el poder político construye acusaciones sin sustento, introduce pruebas cuestionables o limita el derecho de defensa, se cruza una línea peligrosa”, sostuvo. Y agregó: “El derecho de defensa no es un privilegio, es una garantía básica. Su vulneración no afecta solo a una persona, sino que debilita la confianza de toda la sociedad en la justicia”.

En paralelo, Rodríguez y Barros intentó frenar el proceso legislativo mediante una acción de amparo presentada ante tribunales provinciales y recusó a la presidenta de la Comisión de Acuerdos. Sin embargo, la Asamblea Legislativa ratificó el avance del expediente y mantuvo las sanciones preventivas.

Ahora, con la audiencia prevista para el jueves, el proceso entrará en una etapa decisiva. Tras la producción de pruebas y las declaraciones testimoniales, la Comisión de Acuerdos deberá emitir un dictamen final para que la Asamblea Legislativa vote si corresponde absolver al fiscal, aplicarle una sanción o removerlo definitivamente del cargo.