Antes que nada, es necesario aclarar que las medidas mencionadas en esta sátira pueden afectar a cualquier persona que transite por la provincia de Santa Fe, no solamente a quienes son considerados “delincuentes”.

Hay una disciplina que la política santafesina incorporó con entusiasmo, confundir la seguridad con el poder absoluto. Esta semana, la agenda estuvo marcada por el nuevo capricho del Príncipe, quien parece convencido de que, para combatir el delito, la Constitución es apenas una sugerencia y la división de poderes, un adorno vintage.

Envalentonado por sus supuestos “éxitos” en materia de seguridad, quiso darle superpoderes a la policía y transformar la Casa Gris en Versalles. Si la inseguridad en el territorio de la Invencible ya es cosa del pasado, ¿para qué necesita estas nuevas medidas?

Mientras parte del paquete de leyes quedó empantanado en la Legislatura, gracias al partido de la rosa, el mensaje del Príncipe fue claro: quien no aplaude la mano dura, defiende al delito.

El conflicto, que encendió las alarmas de la Corte Suprema, los colegios de abogados y buena parte del foro penal, gira en torno a facultades policiales excepcionales. Allanamientos sin orden judicial, interrogatorios sin abogado y detenciones preventivas de hasta 35 días, para mencionar algunos. Un esquema que amenaza garantías básicas antes de que el fiscal termine de preparar el expediente.

¿Para qué pedir una orden judicial si un agente puede decidir entrar a tu casa? ¿Para qué esperar a un defensor si se puede interrogar al detenido primero y preguntar después? Las garantías constitucionales, parece, pueden esperar.

El papelón político es evidente. El Gobierno exige lealtad y proclama que “el que no está con la seguridad, está con las mafias”, mientras algunos de sus socios, como el partido de la rosa, que durante años defendieron el debido proceso y las instituciones, ahora descubren que la mano dura también puede vulnerar el Estado de derecho.

¿Y los demás integrantes de Unidos? ¿Qué dirán los presidentes NACIONALES de los partidos políticos Encuentro Republicano, el GEN y el PDP?¿Están de acuerdo Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer, Mónica Fein, o también el diputado Paulón, con estas medidas?

¿Dónde quedaron las credenciales republicanas del PRO y las convicciones progresistas del PS? Si los derechos individuales se defienden solamente cuando gobierna el adversario, el problema no es la falta de principios, sino la conveniencia política.

La preocupación va más allá. Durante la última dictadura, no llevar el DNI podía ser motivo de detención. Hoy, bajo el argumento de la seguridad, el celular parece convertirse en otro objeto de sospecha. ¿Mañana habrá que entregarlo para demostrar que uno no tiene nada que ocultar o que el teléfono no es robado?

Cabe recordar que estas medidas pueden alcanzarnos a todos. ¿Qué pasaría si nos detienen en la calle y nos piden el celular? ¿Cómo reaccionaría la sociedad o el vecino rosarino? ¿Se aplicarían estas medidas en determinadas zonas del Principado consideradas más inseguras? De ser así, ¿no estaríamos estigmatizando a los sectores más vulnerables?

Cuando las libertades se convierten en obstáculos para el Estado, las alarmas republicanas deberían sonar.

El partido de la rosa, después de acompañar al Príncipe, ahora intenta poner límites a un proyecto que amenaza con dejar al poder policial sin controles suficientes.

Santa Fe necesita políticas de seguridad eficaces. Lo que no necesita es un cheque en blanco para la policía ni que las garantías constitucionales sean tratadas como trabas burocráticas.

El Príncipe podrá vestirse de Rey Sol, pero Santa Fe no es Versalles. Y la Constitución, por más que la manden a lavar los platos, sigue siendo la ley suprema.

Fuente Epica Rosario