La decisión del Ministerio de Seguridad Nacional de derogar la norma que creó el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (Geanro) en el marco del denominado Plan Bandera, mereció una aclaración de la propia cartera en el mismo día que la resolución firmada por Alejandra Monteoliva se publicó en el Boletín Oficial. El personal y sus funciones “se mantendrán dentro del Comando Unificado del Plan Bandera”, dijeron desde el ministerio, cuando ya se alzaban voces que apuntaba a un presunto “mecanismo disciplinador” de la Casa Rosada sobre la Gris, por las oscilantes tensiones que el gobernador Maximiliano Pullaro mantiene con Javier Milei.

El argumento para dar de baja el Geanro, según la resolución, radica en la disminución de la violencia altamente lesiva en Rosario, la ciudad que llegó a triplicar la tasa de homicidios por cada 100 habitantes del país. La noticia se conoció el mismo día en que el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe publicó los datos correspondientes a 2025, cuando los asesinatos intencionales se incrementaron un 25% en el departamento Rosario en relación al año anterior.

El Gobierno nacional derogó este miércoles el grupo especial para combatir la narcocriminalidad, que había sido creado en 2024 para poner en marcha el llamado Plan Bandera en Rosario, una de las zonas más afectadas por organizaciones criminales de comercio de estupefacientes al menudeo que acuden a la violencia como modo de expresión y de resolución de sus conflictos.

“Mecanismo disciplinador”

La resolución de Monteoliva señala, en sus considerandos, que “la implementación y aplicación de los programas y las políticas de seguridad antes mencionadas han contribuido de forma determinante a la baja de la criminalidad en la provincia de Santa Fe y fundamentalmente en la ciudad de Rosario”.

Su publicación en el Boletín Oficial, sin aclaraciones, despertó conjeturas sobre un presunto objetivo político del Gobierno provincial por parte del nacional. Así lo interpretó, por ejemplo, la diputada nacional de la Coalición Cívica (CC) y miembro del bloque de Provincias Unidas, Mónica Frade, para quien existe un “mecanismo disciplinador” en la medida, según publicó en su cuenta de X.

Para la legisladora, la decisión obedeció a que “Maximiliano Pullaro tiene enfrentamientos con el loquero central”, el modo que escogió para denominar al Gobierno federal. Además, recordó que en el “Boletín Oficial de hoy, el Poder Ejecutivo da de baja el Plan Bandera de combate al narcotráfico en Santa Fe” y se preguntó: “¿Entendés que el narcotráfico no es lo que les importa?”.

En rigor, la resolución deja sin efecto el Geanro, que era un grupo compuesto por miembros de las cuatro fuerzas federales de seguridad y el Servicio Penitenciario nacional, pero no el Plan Bandera, que es más amplio y ambicioso.

De todos modos, el Ministerio de Seguridad que conduce Monteoliva aclaró que “las funciones del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (Geandro) fueron integradas al Comando Unificado del Plan Bandera, en el marco de un proceso de reorganización orientado a optimizar la coordinación operativa e investigativa de las fuerzas federales en la región”.

Además, destacó que “el Comando Unificado ya concentra la coordinación de las acciones operativas del Plan Bandera, por lo que resultaba necesario integrar las funciones del Geandro a las unidades investigativas que hoy dependen de dicho comando, evitando superposición y duplicación de estructuras”.

La cartera de Seguridad añadió que “esta decisión implica profundizar y optimizar el esquema operativo del Plan Bandera, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y la integración funcional de las áreas operativas e investigativas, con el objetivo de incrementar su eficacia”.

Parar la bronca

La decisión de la ministra Monteoliva se funda en las estadísticas oficiales que produce Santa Fe sobre homicidios dolosos, a través su Observatorio de Seguridad Pública. En los considerandos, la resolución hace hincapié en que “en el período enero-diciembre del año 2023 hubo en la mencionada jurisdicción 398 víctimas de homicidio, mientras que en igual periodo del año 2024 esa cifra descendió a 176 víctimas, es decir una disminución de más del 55%”.

Agrega que “según el informe mensual sobre homicidios dolosos ocurridos en el departamento Rosario, elaborado por el mismo Observatorio, la merma del indicador referenciado fue en igual sentido, siendo que en el periodo enero-diciembre de 2023 hubo en la mencionada jurisdicción 261 víctimas de homicidios, mientras que en igual periodo del año 2024 esa cifra disminuyó a 90 víctimas, representando una baja de más del 65%”.

El fenómeno securitario santafesino –que según los especialistas no posee antecedentes mundiales en tan corto plazo- tuvo el año pasado un pequeño rebote. Los datos publicados este miércoles por el Observatorio indican que el departamento Rosario cerró el 2025 con 23 homicidios más que el año anterior, lo que supone un aumento del 25%, mientras que el total asesinatos reportados en la provincia de Santa Fe trepó en 30 casos en relación al año previo.

El año pasado se registraron 115 asesinatos en la región más poblada de la provincia, mientras que un año antes habían sido 92. De todas maneras, se trata de guarismos muy por debajo de la media de los años previos, atento a que en 2023 hubo 261 crímenes en el departamento, como recuerda la resolución de la cartera nacional de Seguridad.

De los 115 homicidios que contabilizaron las estadísticas oficiales sobre violencia altamente lesiva, 92 ocurrieron en la ciudad de Rosario, 13 en Villa Gobernador Gálvez, 5 en la ciudad de Pérez, 2 en Granadero Baigorria y hubo una víctima en Alvear, otra en Piñero y una en Pueblo Esther. Así, en el total del departamento se registró en 2025 un incremento del 25% de los asesinatos en relación al año anterior, de acuerdo a las estadísticas oficiales.

En ese contexto es que el Gobierno nacional decidió la derogación de la norma que creó el Geanro, aunque aclaró que sus funciones y personal continuarán dentro del Comando Unificado que conduce junto a la provincia la política de seguridad pública.