La Iglesia ratificó su postura en contra de la baja de imputabilidad, luego de que el gobierno nacional confirmara la incorporación de la “Ley Penal Juvenil” al temario de sesiones extraordinarias, que comenzará los primeros días de febrero. Fernando Bustamante, delegado episcopal para la Pastoral Carcelaria de la Arquidiócesis de Rosario, sostuvo que la coyuntura dificulta dar un debate en profundidad sobre el tema: “Centrar el discurso solo en la baja de la edad de imputabilidad no es buscar una respuesta integral a la realidad problemática que vivimos actualmente”. En línea con el discurso punitivista que viene expresando el gobierno provincial en torno al crimen de Jeremías Monzón, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, deslizó que el proyecto oficial se queda corto: “Nosotros creemos que habría que ir incluso un poco más lejos y habilitar la imputabilidad de menores, incluso perforando el piso mínimo que se propone, que era de 13 y ahora hay un proyecto de un dictamen de 14 años”.

En los últimos días, el gobierno nacional oficializó la inclusión del debate por la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias. En ese marco, la Comisión Episcopal de Pastoral Social volvió a sentar su postura crítica sobre el tema, remarcando la necesidad de dar un debate profundo que contemple las causas que llevan a un menor de edad a cometer delitos graves y la importancia de la educación y los lugares de contención. “Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza”, señaló la entidad en un documento publicado en marzo del año pasado, pero reflotado esta semana.

En diálogo con Rosario/12, Bustamante señaló que la postura de la Iglesia invita a “ampliar la mirada” en torno a la reforma del régimen penal juvenil. “Es una ley que viene de la época de la dictadura y debe ser adecuada, no solo a los estándares criminológicos, sino también de vida y culturales”, reconoció y agregó: “Lo que se debe evitar es que la coyuntura, donde tenemos hechos trágicos y desgraciados como el caso de Jeremías en nuestra provincia, nos impida dar un debate en profundidad. Que el árbol no nos impida ver el bosque. Centrar solo el tema en el discurso de bajar la edad de imputabilidad, no es buscar una respuesta integral a la realidad problemática que vivimos actualmente”.

El referente de la Pastoral Carcelaria en Rosario señaló que las estadísticas del sistema de información criminal nacional marcan que el porcentaje de menores comprometidos con la ley penal es bajo en todo el país. “Eso marca que la edad no es lo prioritario en la reforma del régimen penal juvenil. Los profesionales capacitados en la problemática sostienen que las reales causas de la violencia y el delito son el consumo problemático de sustancias, el narcotráfico, la falta de trabajo, la pobreza extrema, la falta de acceso a la educación y a la salud. Desde la Iglesia invitamos a escucharlos”, sostuvo.

En ese sentido, Bustamante planteó que en el debate no se puede obviar que la pobreza extrema y la exclusión están “directamente relacionados” con los delitos cometidos por menores. “Si respondemos desde la baja de la edad de imputabilidad sin mirar las auténticas causas que llevan a las personas a cometer delitos estaríamos dando una respuesta simplista a un problema mucho más complejo”, evaluó. “Creo que, del mismo modo que en nuestro país y en la provincia se invierte para mejorar la infraestructura carcelaria, también se debería, en una misma medida o aún más, invertirse para mejorar el sistema educativo, de salud y el acceso a trabajo. Lo que tratamos de aportar desde nuestro lugar es que no podemos reducir solamente a un debate de edad un tópico que es más complejo”, completó.

Perforar el piso

Además de la inclusión de la “Ley Penal Juvenil” en el temario de sesiones extraordinarias a nivel nacional, en la provincia el debate por la baja en la edad de imputabilidad se reavivó en torno al crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe. El joven fue asesinado por dos menores de 15 años y una joven de 16, que se filmaron mientras cometían el hecho. Este jueves, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, remarcó que el caso pone sobre la mesa algo que en el gobierno provincial vienen expresando de antemano: la necesidad de rediscutir el régimen penal juvenil en la Argentina.

“Hoy el mínimo de punibilidad está en 16 años, lo cual es una singularidad respecto del derecho comparado, que siempre oscila entre 12 y 14 años. Es más, respecto a los proyectos oficiales, nosotros creemos que habría que ir incluso un poco más lejos y habilitar la imputabilidad de menores, incluso perforando el piso mínimo que se propone, que era de 13 y ahora hay un proyecto de un dictamen de 14 años”, sostuvo el funcionario en conferencia de prensa. Asimismo, consideró que también podría avanzarse por debajo de ese margen “cuando hay un dictamen que indica que esa persona tuvo la capacidad de comprender la gravedad y la criminalidad del hecho”.

En ese sentido, Cococcioni profundizó la postura del gobierno provincial en torno al tema y consideró que, más allá de la edad que se fije como parámetro en la ley, ante algunos casos particulares, y de gravedad, lo que se debe contemplar es la comprensión del menor en torno al hecho cometido. “Nosotros creemos que a algunos casos excepcionales habría que sujetarlos al dictamen de peritos, porque acá lo que determina el tema no es la edad, es la comprensión”, sostuvo y añadió: “Puede haber una edad que se tome como parámetro, pero también está la posibilidad de alcanzar con el sistema penal a alguien que esté por debajo, en el caso concreto que, con peritos, se demuestre que la persona tuvo la capacidad de comprender el hecho”.