La Pastoral Social de Rosario salió al cruce de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Por medio de un comunicado, la entidad definió al trabajo como “un derecho fundamental” y remarcó que es deber del Estado promover políticas que activen el empleo. “Cualquier cambio normativo debe priorizar a la persona humana por encima de intereses económicos o coyunturales”, señalaron. Por su parte, la CGT local –que la semana pasada logró su formalización tras 15 años– hizo su primer pronunciamiento oficial rechazando el escaso aumento del gobierno al Salario Mínimo Vital y Móvil. “Los trabajadores y trabajadoras de nuestra región, y en especial los que menos tienen, no pueden esperar más”, cuestionaron.

Luego de las elecciones de medio término, el gobierno nacional anunció que enviará al Congreso una serie de leyes que forman parte de los “cambios estructurales” que busca afrontar para la segunda parte de su mandato. Entre ellas, la reforma laboral. La normativa que impulsa el gobierno abarca puntos que van desde la posible extensión de la jornada laboral y el pago de indemnizaciones en cuotas, hasta la limitación de los convenios colectivos de trabajo. En ese marco, el mensaje de la Pastoral Social de Rosario busca dejar marcada la posición de la Iglesia Católica ante el debate que se avecina.

“El empleo es un derecho fundamental y un bien tanto para hombres como mujeres, que le permite formar una familia, adquirir bienes en propiedad, tener una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, contribuyendo al bien común”, señalaron en un comunicado. “Por eso la desocupación es una verdadera calamidad social frente a la cual compete al Estado promover políticas que activen el empleo, incentivando para ello el mundo productivo”, añade el escrito, donde además se enumeran una serie de derechos laborales que entienden deben ser reconocidos y contemplados, en la nueva legislación.

Uno de los puntos que remarcaron desde la Pastoral Social es que toda legislación laboral debe reconocer al trabajador como sujeto de derechos. “Cualquier cambio normativo debe priorizar a la persona humana por encima de intereses económicos o coyunturales”, indicaron. También, que el trabajo no es una mercancía, ni el salario un precio: “El trabajo es una actividad humana; por lo cual su valor es superior a cualquier bien material. La remuneración es el elemento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales y para la distribución de la renta”.

El pronunciamiento también sostiene que los ciudadanos “no deben ser privados por motivos de productividad económica de un tiempo destinado al descanso” y reivindica el rol de los sindicatos como representantes de los trabajadores, además de “un medio para la solidaridad y la justicia social”. Asimismo, se refiere a la huelga como “un recurso inevitable, si no necesario, para obtener un beneficio proporcionado después de haber constatado la ineficacia de las demás modalidades para superar los conflictos”, aunque aclara que deber ser “siempre un método pacífico y proporcionado”.

Por último, la Pastoral Social de Rosario consideró que la informalidad es “una práctica injusta que debe erradicarse” y evaluó que si la reforma no contempla a quienes más sufren “corre el riesgo de aumentar desigualdades ya existentes”.

Salario de referencia

Desde la CGT Rosario también buscan sumarse a las discusiones nacionales que están sobre la mesa. Luego de que el viernes pasado se concretara su normalización, tras 15 años paralizada, la sede local de la central obrera tuvo su primer pronunciamiento, rechazando el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil fijado por el gobierno nacional. El anuncio consiste en una serie de subas escalonadas para llevar el salario de referencia de 328.400 pesos en noviembre a 376.000 en agosto de 2026. Un incremento del 14,6% en un plazo de diez meses.

En ese contexto, la regional calificó la suba como insuficiente. “Este aumento consagra una brecha importantísima con la canasta básica. Nuevamente, en un intento de diálogo social con empresarios y el Estado nacional sobre un tema de tanta implicancia para los asalariados, los trabajadores fuimos desoídos”, expresaron en un comunicado. “Los trabajadores y trabajadoras de nuestra región, y en especial los que menos tienen, no pueden esperar más”, remarcó.

En el escrito también señalaron que la propuesta de la CGT a nivel nacional contemplaba un aumento acumulado del 71,6% entre diciembre y abril “como primer paso indispensable para que el salario mínimo vuelva a acercarse a la Canasta Básica Total, actualmente situada en $1.176.852”. Sobre el tema se pronunció Martín Lucero, titular de Sadop Rosario y uno de los secretarios adjuntos de la reunificada CGT Rosario: “Es imposible que un trabajador en Argentina pueda sostener a su familia con 328 mil pesos”.

Para el dirigente la decisión expone “la irrealidad” en la que vive la clase gobernante: “No hay nada más cruel ni más perverso que ignorar la necesidad de la gente. Hoy, con 328.000 pesos ninguna familia argentina puede comer. Ese es el motivo del rechazo generalizado de la CGT en todo el país”.