Ya sea por la insistencia de la familia o porque cambió su enfoque en la investigación, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez ordenó en las últimas horas una serie de medidas en la causa que apuntan a la hipótesis de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro a manos de la Policía Bonaerense. Así la jueza federal María Gabriela Marrón ordenó el allanamiento del puesto policial de la Bonaerense en Bahía Blanca ubicado en la calle Pacífico al 200, el secuestro del móvil Toyota patente OMP 782, los libros de guardia de la dependencia y los teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación de los uniformados que allí trabajan.

Desde la división de Asuntos Internos de esa fuerza le indicaron al fiscal que «ese móvil hizo un recorrido ‘inusual y sospechoso’ el 8 de mayo, y se detuvo durante 35 minutos a 800 metros del lugar donde el 15 de este mes se encontró el esqueleto” que podría corresponder a Facundo. Al mismo tiempo, los abogados de la familia advirtieron su preocupación por la integridad de los tres testigos, vecinos de Villarino, que declararon haber visto al joven subiendo a un vehículo policial el 30 de abril, porque están siendo objeto de seguimientos por parte de patrulleros de la Bonaerense.

Los abogados recibieron el informe de Asuntos Internos sobre la geolocalización por AVL de todos los móviles policiales que se hubieran desplazado entre las localidades de Teniente Origone, General Cerri y sus adyacencias.

Las medidas fueron asignadas a la división de Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Policía Federal, con la participación de los perros de los Bomberos de esa misma fuerza.