El secuestro y asesinato de Gastón Montenegro expuso la conexión entre una investigación por homicidio y otra por narcotráfico en el Cordón Industrial. La fiscal provincial Luisina Paponi atribuye a Diego Nicolás Blanco Paschetto y Juan Manuel Vega el secuestro de Montenegro, ocurrido el 27 de junio de 2026 en Capitán Bermúdez.

Debido a un conflicto por venta de drogas

La fiscal provincial Luisina Paponi imputó a cinco personas por el secuestro y homicidio de Gastón Montenegro. La investigación federal ubica a varios de los acusados dentro de la organización que encabezaría Diego Nicolás Blanco Paschetto, prófugo desde fines de junio.

La acusación sostiene que el joven fue llevado a una vivienda de Fray Luis Beltrán, golpeado durante horas y trasladado después a un campo entre Andino y Serodino, donde lo mataron de dos disparos en la cabeza. Su cuerpo fue enterrado y encontrado el 4 de julio.

En paralelo, la Fiscalía Federal, a cargo de Franco Benetti, investiga a una organización dedicada a comprar, acopiar, transportar y comercializar estupefacientes en Rosario y distintas localidades del cordón industrial.

Diego Blanco aparece señalado como su principal responsable y continúa prófugo. El expediente federal identifica entre sus presuntos integrantes a personas que también están imputadas por el crimen de Montenegro.

La coincidencia más significativa no es solamente la de los nombres: el domicilio donde la fiscalía provincial ubica el cautiverio de Montenegro aparece en la investigación federal como un punto central de distribución de drogas de la organización de Blanco.

A esa superposición se suman mensajes recuperados de dispositivos electrónicos, transferencias de dinero, elementos secuestrados y la relación de algunos imputados con el campo donde apareció el cuerpo.

Según la reconstrucción de Paponi, el 27 de junio, cerca de las 9.42, Blanco y Vega interceptaron a Montenegro y a Lucas Vázquez en Güemes y Paraguay, en Capitán Bermúdez. Ambos circulaban en un Volkswagen Gol Trend gris. Vega exhibió un arma de fuego y amenazó a Vázquez cuando intentó auxiliar a Montenegro, a quien subieron por la fuerza al vehículo.

La víctima fue trasladada hasta una vivienda de Caseros al 1600, en Fray Luis Beltrán. La acusación sostiene que el lugar fue proporcionado por Paola Alejandra Díaz, que se encontraba en un domicilio lindero, en la esquina de General Paz. Montenegro permaneció allí privado de su libertad y bajo golpes hasta aproximadamente las 21.

Venta de drogas

La investigación federal le atribuye a esa misma dirección una función dentro del circuito de drogas. El escrito de Benetti señala que el 19 de diciembre de 2025 la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) vigiló el inmueble y observó la llegada y salida de personas con bolsas que contenían elementos rectangulares semejantes a ladrillos de cocaína. Las tareas de campo también registraron movimientos de vehículos y personas vinculadas con la presunta organización.

En otro procedimiento, realizado el 29 de junio de 2026, la PSA detuvo en ese domicilio a Julián David Schreier, Aquiles Alejandro Bustamante y Ares Jonás Bustamante. Allí secuestró marihuana, 13 troqueles de LSD —que, según el acta, contenían 325 dosis— y una botella de éter sulfúrico.

La fiscalía federal también menciona una denuncia presentada en septiembre de 2025 en la que Luciano Acosta identificó los inmuebles de Caseros al 1600 y General Paz como propiedades suyas. Según el escrito, allí funcionaba el centro de distribución de la organización atribuida a Blanco.

La coincidencia entre ambos expedientes se refuerza con las actuaciones posteriores. Durante el allanamiento del 2 de octubre en la vivienda de Luz Milagros Acosta, en Serodino, se secuestraron balanzas, una de ellas con vestigios positivos para cocaína, anotaciones, marihuana, dinero y documentación relacionada con el alquiler de Caseros al 1600.

El nexo entre investigaciones

Luz Milagros Acosta es uno de los nexos más directos entre las dos investigaciones. En la causa provincial, Paponi le atribuyó participación secundaria en el homicidio agravado. En la federal, Benetti la señala como presunta vendedora de drogas abastecida por Blanco.

El expediente federal describe conversaciones extraídas del teléfono de Blanco, donde Acosta figuraba como «LUZMI HIJA LUCIANO». La fiscalía sostiene que esos mensajes la vinculan con la comercialización de estupefacientes y menciona transferencias por un millón de pesos a Blanco y por 1.224.000 pesos a Schreier.

Pero el cruce probatorio más relevante aparece en una tablet Lenovo utilizada por Aquiles Bustamante. Según la fiscalia federal, el teléfono celular de Bustamante fue destruido durante un allanamiento, aunque parte de las comunicaciones pudo recuperarse desde ese otro dispositivo.

En los intercambios con un contacto identificado como «LUDMI», que la acusación atribuye a Acosta, la fiscalía provincial encontró información que considera relevante para reconstruir el cautiverio de Montenegro.

Paponi sostuvo que los mensajes muestran que Acosta sabía que Montenegro estaba retenido en una vivienda de su familia y que lo estaban golpeando. También le atribuyó haber permitido el ingreso al campo donde finalmente encontraron el cuerpo.

La acusación federal agrega que Acosta y Bustamante trabajaban para Blanco en la venta de drogas. De ese modo, una misma comunicación aparece invocada en el expediente provincial para reconstruir el secuestro y en el federal para describir los vínculos entre personas señaladas como integrantes de la organización narco.

El traslado al campo y los acusados

La fiscalía provincial sostiene que, después de permanecer cautivo durante unas once horas, Montenegro fue trasladado por al menos Aquiles Bustamante y Julián Schreier hasta un campo de la zona rural, cerca de la ruta 10, entre Andino y Serodino. Allí los esperaba Luz Acosta. Según la acusación, Montenegro fue asesinado de dos disparos en la cabeza y su cuerpo fue enterrado al día siguiente.

El predio pertenece a Luciano Acosta, padre de Luz y esposo de Paola Díaz, de acuerdo con la información expuesta en la audiencia.

El escrito federal suma un antecedente: el 8 de junio se registró en ese mismo campo un hecho calificado inicialmente como «muerte dudosa». El acta citada por la fiscalía consigna que Luz Acosta se presentó en el lugar y dijo ser la encargada del predio, propiedad de su padre.

Ese antecedente está incorporado a la investigación, aunque los documentos aportados no demuestran que aquella muerte tenga relación con el homicidio de Montenegro.

En la audiencia del 9 de octubre, el juez Carlos Gazza tuvo por formalizadas las imputaciones y dispuso prisión preventiva para Juan Manuel Vega, Aquiles Bustamante, Julián Schreier y Luz Milagros Acosta por el plazo de ley. Para Paola Alejandra Díaz fijó la medida hasta el 7 de abril de 2027.

Vega fue imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia, homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y amenazas calificadas contra Lucas Vázquez. Bustamante y Schreier fueron acusados como coautores de la privación de la libertad y el homicidio. Acosta quedó imputada como partícipe secundaria del asesinato y Díaz como partícipe secundaria del secuestro, por el presunto aporte del lugar donde mantuvieron cautiva a la víctima.

Cocaína, dinero y armas

La investigación federal describe una estructura con roles diferenciados: Blanco habría coordinado las compras y el abastecimiento, mientras otros integrantes se ocupaban de vender, transportar y distribuir estupefacientes en diferentes localidades.

El análisis del teléfono de Blanco permitió identificar conversaciones con varios investigados. Según el fiscal Benetti, entre el 16 y el 18 de diciembre de 2025 la organización compró y comercializó más de 20 kilos de cocaína. En otra línea de investigación, la fiscalía identificó a Blanco con el apodo “Pipo” y sostuvo que en noviembre de ese año entregó 160.000 dólares y 135.000 pesos a cambio de 66 kilos de cocaína.

El expediente también registra movimientos de dinero por millones de pesos entre Blanco y personas investigadas. A Maximiliano Giancola se le atribuyen transferencias por más de siete millones de pesos a Blanco y su entorno; a Luana Díaz, por más de seis millones; y a Jorge Luis Valdez, alrededor de 3,3 millones. Esos movimientos son presentados por la fiscalía como parte de la prueba de la presunta actividad comercial de la organización.

Los allanamientos del 2 de octubre agregaron otros elementos: en una vivienda de Moreno al 300, en Arroyo Seco, se secuestraron 485 gramos de marihuana, 252 gramos de cocaína, cinco armas de fuego y más de 800 municiones.

La fiscalía atribuye a Valdez el acopio de armas y municiones y sostiene que este dijo que pertenecían a Blanco, quien le pagaba por guardarlas. Por ahora, los documentos aportados no establecen que esas armas hayan sido utilizadas para matar a Montenegro.

El fiscal federal también advirtió que la familia de la víctima recibió amenazas después de los allanamientos y detenciones de fines de junio. En su pedido de prisión preventiva, vinculó ese riesgo con la presunta disponibilidad de armas y la violencia atribuida a integrantes de la organización. Se trata de una afirmación de la fiscalía que deberá ser examinada en el proceso.

¿El negocio narco fue el móvil?

La conexión entre la estructura investigada por narcotráfico y el secuestro de Montenegro no se apoya únicamente en una coincidencia de nombres.

Las fiscalías describen la utilización del mismo domicilio, comunicaciones que relacionan a personas imputadas en ambas causas y vínculos entre Blanco, Acosta, Bustamante y Schreier. Esos elementos ubican el crimen en el entorno de una organización investigada por el tráfico de drogas.

Sobre el móvil, una hipótesis difundida en la cobertura periodística del caso apunta a una posible represalia vinculada con una balacera previa contra Blanco. Según esa línea, el acusado habría sospechado que Montenegro señaló el domicilio donde lo atacaron. La hipótesis fue publicada como una sospecha de los investigadores, no como un hecho probado.

Los escritos fiscales aportados detallan la mecánica del secuestro, el cautiverio, el traslado y el homicidio, y exponen los vínculos de varios imputados con la organización narco. Para afirmar que el crimen fue una represalia por aquella balacera o que respondió directamente a una disputa por el negocio de las drogas, hace falta precisar qué evidencia sostiene esa explicación.

Por ahora, el dato central es que la causa provincial atribuye el secuestro y asesinato a personas que también aparecen vinculadas, en distintos grados, con la estructura que la Justicia Federal investiga bajo la conducción de Blanco.

Y el lugar donde Montenegro estuvo cautivo es el mismo que la fiscalía federal señala como un punto de distribución de estupefacientes. Esa superposición convierte la relación entre las dos causas en una línea de investigación concreta, sin reemplazar la prueba que todavía debe establecer el móvil y la responsabilidad individual de cada acusado.