Con un fuerte apoyo transversal de polìticos y organizaciones sociales, salieron a criticar la decisión de Casal

La solicitada, de una transversalidad político-partidaria que incomodó al Gobierno, sostiene que “la decisión del Procurador Interino es consecuencia de inconfesables presiones políticas”.

Acto seguido, el documento “Defendamos el sistema de seguridad Social. Restitución del fiscal Gabriel De Vedia”, resalta que muchas de las medidas adoptadas por el fiscal desplazado“permitieron preservar los derechos de los jubilados, a la vez que molestaron a distintos factores del poder político y económico, que ha venido presionando para su desafectación de la UFISES”.

Entre los casos más resonantes que impulsó De Vedia y tuvieron a funcionarios de Cambiemos en la mira se destaca la denuncia contra el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, quien fue llamado a indagatoria por la perjudicial venta de acciones de Petrobras Argentina, que estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), a Pampa Energía, empresa conducida por el amigo del Presidente, Marcelo Mindlin. Esto generó un perjuicio para el estado.

No fue el único hombre cercano al jefe de Estado en la mira del fiscal. El ex titular de la UFISES también acusó al Ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien integró el Comité Ejecutivo del FGS y “desde allí habría desviado recursos previsionales en favor de un fondo de inversión (AXIS), del que fue director y titular hasta el 4 de diciembre de 2015, días antes de llegar al Gobierno”.

Otro funcionario denunciado –y que se recuerda en la solicitada- fue Luis María Blaquier, también ex Director del FGS hasta fines de 2016. De Vedia apuntó contra él porque habría continuado ligado a las empresas Cablevisión y Arcor y promovido desde el FGS la compra de acciones de esas empresas en “beneficio personal o de terceros”.

El nivel de apoyo que cosechó el fiscal desplazado puso en aprietos a la actual conducción del Ministerio Público Fiscal que cruzó llamados para informarse cómo se gestó el respaldo.

Rubricaron la solicitud de restitución desde el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, y el Grupo de Curas Opción por los Pobres a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. A nivel legislativo acompañaron desde las diputadas del Frente Renovador Graciela Camaño y Mirta Tundis al justicialista Diego Bossio o el kirchnerista Axel Kicillof. También sumaron su adhesión el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, y el titular de La Bancaria Sergio Palazzo, como el diputado y titular de la CTA, Hugo Yasky, por citar sólo algunos ejemplos.