En dos comisiones de la Convención, los dictámenes de Unidos para Cambiar Santa Fe y de su aliado, el Frente de la Esperanza, quedó sellada la facultad de la persecución penal del Estado santafesino: seguirá solo en manos de los fiscales. Así se plasmó en los dictámenes del oficialismo, en esta primera parte tan propositiva de reforma de la Constitución de Santa Fe. Este lunes 25 se inicia el turno de la Comisión Redactora y luego todo ese corpus textual será debatido y votado por el pleno de los 68 convencionales. Parece un concepto complejo, pero una pregunta y una respuesta pueden explicarlo de un modo más claro.

– ¿Quién o quiénes deben llevar adelante la persecución penal de los delitos en la Provincia de Santa Fe a partir de la Reforma 2025?

– Tal como sucede desde la reforma del Código Procesal Penal en la Provincia de Santa Fe, la persecución penal corresponde a los fiscales del MPA y a su cabeza, el fiscal general, titular del Ministerio Público de la Acusación.

Una no-noticia

En ocasiones una no-noticia, una novedad que no llegó a plasmarse es lo que se destaca desde el punto de vista informativo. Sobre una noticia que no fue resulta imposible informar, pero sí es posible opinar. Y probablemente, estén de acuerdo con lo que aquí se expresa solo parte de quienes con ojo periodístico siguen los debates en plenarios y comisiones de la Convención, pero también en los pasillos donde también se toman decisiones. O se averiguan datos sobre lo que ocurre en los despachos.

Todos los protagonistas de las discusiones internas de Unidos para Cambiar Santa Fe lo admiten a los periodistas en las innumerables conversaciones informales a propósito de los temas en debate cuando estos suceden a puertas cerradas.

Hubo hasta último momento diferencias difíciles de saldar en ese aspecto, el de la persecución penal, entre los partidarios de producir una modificación que obligue a los próximos gobiernos provinciales a coordinar con el MPA esas políticas de persecución y de aquellos que vieron en una definición tan tajante el riesgo de una modificación incluso doctrinaria, que podría lucir hoy como una medida práctica para enfrentar el delito, pero no del todo correcta. Incluso, ajena de la división de poderes que busca el sistema republicano defendido por todos los bloques dentro y fuera del oficialismo.

Es usual que los contextos sociales, informativos, políticos y económicos moldeen en parte las modificaciones que se hacen a una Constitución. Y seguramente, los resultados en materia de lucha contra la inseguridad han influido. Hoy Ejecutivo y MPA han aceptado públicamente que tienen coordinación institucional. Una parte del oficialismo sostuvo -hasta último momento- que esa experiencia bien podría ser parte de la Carta Magna, tal como se ha hecho por ejemplo con los derechos de las víctimas.

Los convencionales de Unidos pudieron superar las diferencias internas y unificar posiciones, resignar lo que sea, a cambio de que nada pueda dañar a esa fuerza. Así, los que buscaban que como facultad figurase la de la «persecución penal» en la enumeración sobre lo que puede y lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo aceptaron que esa expresión no figure en una Comisión que dictaminó a comenzar la semana pasada. Y que lo mismo suceda, ya el viernes 21, con el último dictamen de la última comisión, con las atribuciones que corresponden finalmente solo al Ministerio Público de la Acusación.

En uno y otro texto, de sendas comisiones, se mantiene el actual orden. Fue creado con la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe. Y a ese antecedente conviene volver: la provincia ha vivido una tardía modernización de su fuero penal, con la reforma que eliminó el antiguo proceso escrito y consagró el juicio oral. Fue también el fin del rol inquisitivo de los jueces al añadirse dos nuevos órganos para sustanciar los procesos: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

Además, en décadas anteriores a esos cambios, ya se habían incorporado institutos impensados por la Constitución vigente. Con ellos se ha buscado, decretos o leyes mediante, mejorar progresivamente el proceso de selección de candidatos a jueces, fiscales y defensores mediante sucesivos decretos de «autolimitación» del Poder Ejecutivo, a la hora de elevar los pliegos de los propuestos al Poder Legislativo. O al momento de controlar su desempeño.

Ahora, con la nueva redacción de la próxima constitución se van a cristalizar esos cambios y a producir otros. En todos esos aspectos hubo debates y tensiones a superar entre radicales, socialistas y dirigentes del Pro, pero siempre hubo entre los protagonistas la sensación mayoritaria de que habría acuerdo en ese sinfín de asuntos, menos sobre el tema de la persecución penal. Allí había un límite.

Juramento

Lo sucedido prueba que la reforma en Santa Fe no estaba «ya cocinada» antes del debate. Convencionales de otras bancadas que contaron con sucesivas versiones del dictamen de mayoría comentaron en sus bancas que hubo sucesivos avances y modificaciones.

Primó el objetivo de cuidar al partido de gobierno y su heterogénea conformación: se aceptó ceder para cumplir una suerte de juramento. «En Unidos vamos a votar siempre juntos, a sangre», había dicho uno de los convencionales radicales que participó las negociaciones internas, Esteban Motta, en declaraciones a la TV pública santafesina.

Antes, en la Comisión de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, a la hora de definir la enumeración de sus facultades, Emiliano Peralta, un convencional de Somos Vida y Libertad, que acompañó con su firma los dictámenes de la mayoría oficialista (menos la clausula transitoria sobre reelección) dijo públicamente que si el oficialismo hubiera sostenido su decisión inicial de habilitarle la persecución penal a la Casa Gris él no hubiera acompañado. Para la prensa, fue una señal de cómo se podía imaginar el debate interno en Unidos que, por supuesto, vive las tensiones propias de su amplio arco ideológico formado a partir de un frente de frentes que, en cada una de sus decisiones, busca que haya condiciones para que más espacios opositores se sumen al consenso para votar los nuevos textos de la Constitución.