La Confederación Unificada de Instituciones Intermedias (CUII) volvió a demostrar que la sociedad civil también puede evolucionar. Esta semana aprobó por unanimidad un nuevo régimen de neutralidad institucional absoluta, cuya principal innovación consiste en que las instituciones ya no tienen opinión sobre nada que pueda incomodar a alguien que tenga un cargo.

La decisión fue adoptada durante una asamblea extraordinaria. Según el acta, hubo un intenso debate de aproximadamente cuatro minutos, seguido de un prolongado silencio y la aprobación unánime de una moción que nadie quiso explicar públicamente.

“En estos tiempos hay que ser responsables”, explicó el presidente de la entidad, que casualmente es asesor de un ministerio, integra una agrupación política y ya estaría mirando con cariño una candidatura para 2027. “Una institución seria no puede andar opinando sobre transparencia, independencia, legalidad o calidad institucional. Uno nunca sabe quién puede sentirse aludido”.

La nueva doctrina fue bautizada como “prudencia republicana preventiva” y establece que, ante cualquier conflicto institucional, la entidad deberá aplicar el Protocolo del Avestruz, es decir, esconder la cabeza, esperar que pase el problema y, si es posible, publicar una foto de alguna jornada sobre innovación, liderazgo o “construcción colectiva”.

También se incorporó el Doble Sombrero Obligatorio. Antes de emitir una opinión técnica, todo dirigente deberá verificar si lo que está a punto de decir coincide con la posición del partido al que pertenece, del funcionario al que asesora, del organismo que financia la actividad y, eventualmente, de quien podría ofrecerle un cargo en 2027.

“Es un mecanismo de coherencia institucional”, aclararon.

La palabra autonomía quedó bajo revisión. También independencia, control, rendición de cuentas, división de poderes y cualquier otra expresión que pueda generar una conversación incómoda.

En su reemplazo, el manual recomienda términos de bajo riesgo, como “sinergia”, “articulación”, “diálogo”, “consenso”, “agenda compartida” y, para situaciones particularmente delicadas, “seguiremos trabajando”.

La medida surgió luego de que una comisión técnica intentara publicar un documento sobre reformas regulatorias recientes. El informe fue inmediatamente clasificado como “material potencialmente conflictivo” y sus autores derivados a un curso obligatorio de Diplomacia del Acomodamiento, Sonrisas Institucionales y Fotografía con Autoridades.

Consultado sobre el histórico papel de las instituciones intermedias como contrapeso del poder, un dirigente pidió que no se grabara la respuesta.

“Nosotros creemos profundamente en la República”, susurró. “Pero tampoco hace falta demostrarlo todo el tiempo”.

Luego miró hacia la puerta.

“Además, la República no entrega subsidios, no renueva personerías, no corta cintas y no invita a los actos”.

Al cierre de esta edición, el Consejo Directivo analizaba reemplazar el tradicional escudo institucional por una bandera blanca.

Debajo, llevaría una inscripción:

“No sabemos. No opinamos. No vimos nada. Pero cuenten con nosotros”.