Grupos que responden a la intendenta Inés Brizuela Y Doria intentaron ingresar por la fuerza a la casa de Gobierno e hirieron a periodistas y personal de seguridad.
A días de las elecciones, militantes que responden a la intendenta de La Rioja, Inés Brizuela Y Doria, se movilizaron hacia la casa del gobernador Ricardo Quintela y prendieran fuego el portón de la vivienda en reclamo de los sueldos que Brizuela Y Doria les debe, pero que les atribuyó al mandatario riojano.
Con la intención de recuperar los votos que perdió en las PASO, Inés Brizuela Y Doria nombró empleados en pleno proceso electoral a los que no puede pagarles el sueldo ya que no cuenta con el sustento económico que, además, debía ser avalado por la provincia. Tras una serie de movilizaciones de los trabajadores, la intendenta responsabilizó a Ricardo Quintela tanto por el pago de los sueldos como de las respuestas de los empleados que intentaron ingresar al municipio la semana pasada.
En ese marco, los municipales se movilizaron una vez más, pero hacia la residencia del gobernador a la que intentaron ingresar por la fuerza. Luego prendieron fuego la entrada y golpearon a periodistas e integrantes de seguridad con piedras y botellas.
Desde el entorno del gobernador trascendió que “todo esto responde a un intento electoral de tratar de polarizar la elección por parte de Brizuela Y Dori, ya que en las PASO el frente de todos ganó con gran diferencia en toda la provincia, e incluso en la capital provincial que ella gobierna».
“Es lamentable que haya recurrido a utilizar y a jugar con la necesidad de los trabajadores precarizados para captar la agenda e intentar sumar más votos, es muy triste. Sólo buscan un hecho desgraciado para victimizarse», agregaron.
Darío Vega, periodista del sitio Noticias La Rioja, resultó fuertemente agredido y explicó: “No tan sólo me golpearon, sino también me robaron los elementos de trabajo”. «La saqué barata porque tiraron piedras, botellazos, recibí golpes de puño, patadas, de todo un poco”, agregó.
El conflicto comenzó con el nombramiento de los empleados, violando una ley del año 2015 que impide a los municipios designar personal de planta sin antes consensuar con el gobierno provincial los recursos para pagar sus sueldos. Luego, el pase a planta permanente de más de mil ochocientos trabajadores de los Programas de Emergencia Municipal que aún no cobraron sus sueldos recrudeció el conflicto.
En varias oportunidades, el gobierno de Quintela explicó que la provincia transfirió los recursos que, por ley de coparticipación, le corresponden a la capital, y que el municipio es el encargado de usar esos recursos para pagarle los salarios a sus trabajadores.