La histórica firma santafesina pidió esta semana la apertura del concurso preventivo en el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 17. Llega acorralada por plantas paralizadas, salarios impagos, pedidos de quiebra y un deterioro financiero que incluye deuda bancaria por $4.745 millones y cheques rechazados por $11.200 millones.
La crisis de Lácteos Verónica entró en una nueva fase. Tras más de un año sin producción estable, con plantas paralizadas, trabajadores sin cobrar y una ola de reclamos judiciales, la empresa santafesina se presentó en concurso preventivo de acreedores. La solicitud quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 17, donde ya tramitaban varios pedidos de quiebra iniciados por proveedores y entidades financieras.
El cuadro económico es crítico. Según registros del Banco Central, Verónica acumula deuda bancaria por $4.745 millones, con pasivos relevantes en Banco Nación ($1.327 millones), Credibel ($1.115 millones), Catalinas Cooperativa ($708 millones) y Banco Macro ($208 millones), además de obligaciones con Galicia, Santander, Provincia, Ciudad e Industrial. El deterioro de la cadena de pagos es aún más contundente: más de 2.900 cheques rechazados por $11.200 millones, un volumen que refleja la parálisis total del flujo financiero.
La empresa, fundada en 1923 y controlada por la familia Espiñeira, llegó a procesar más de un millón de litros diarios y emplear a 700 trabajadores en sus plantas de Clason, Lehmann y Suardi. Hoy, esas instalaciones están prácticamente detenidas. La falta de materia prima, la ruptura con productores y la pérdida de capital de trabajo dejaron a la compañía sin capacidad operativa. Muchos empleados debieron buscar otros ingresos tras meses sin cobrar, mientras la provincia asistía con ayuda alimentaria a familias afectadas.
El frente judicial también se multiplicó. Hubo pedidos de quiebra de Establecimientos Los Cerros, Munay, Agropecuaria El Timbó, Criolani, Dices Argentina y Libertador Factoring, además de ejecuciones de Libres Seguridad, Trading Internacional, Randstad y Fremar. Incluso el Banco Galicia avanzó con un pedido de quiebra, siendo uno de los principales acreedores.
A esto se suman denuncias de presunto vaciamiento dentro del grupo familiar. Trabajadores y legisladores apuntaron a Las Becerras S.A., tambo vinculado a los Espiñeira, que habría dejado de abastecer a Verónica para vender leche a otras firmas. También generaron sospechas la creación, en 2025, de nuevas sociedades agropecuarias vinculadas a miembros de la familia: Kawsay S.A., Agro Prada S.A. y Grandal Agropecuaria S.A.
Ahora será la Justicia Comercial la que deberá auditar el patrimonio, ordenar la relación con acreedores y definir si abre formalmente el concurso. El proceso promete ser uno de los más grandes de la industria láctea, con un pasivo que supera los $15.900 millones y un entramado de obligaciones que incluye bancos, proveedores y trabajadores.