La votación de la reforma de la Ley de Tierras que el Senado de la Nación celebrará este jueves confirmará la grieta santafesina expuesta en los tres legisladores del distrito. Y deparó además otra batalla en la provincia tras la decisión del gobierno de Maximiliano Pullaro de mandar a retirar aquella bandera crítica del proyecto en la previa del partido que Newell’s disputó el fin de semana frente a Boca.

Mientras el oficialismo nacional negocia contrarreloj los votos para aprobar una de las iniciativas más controvertidas de su agenda, dos de los tres senadores nacionales por Santa Fe ya dejaron entrever posiciones opuestas. El tercero, en cambio, mantiene silencio, tal como es su estilo, por orden y gracia directa del gobernador.

El peronista Marcelo Lewandowski confirmó que votará en contra y considera que la reforma no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un paquete legislativo que incluye la Ley Bases, el RIGI, el denominado Súper RIGI, los cambios a la Ley de Glaciares y el proyecto de reforma de la Ley de Sociedades.

“A todas estas leyes no hay que verlas por separado. Todo eso es un combo”, sostuvo el senador en diálogo con Rosario/12, al advertir que el objetivo es facilitar el desembarco de grandes capitales extranjeros sobre recursos estratégicos argentinos.

Para el legislador, detrás de la reforma existe una disputa geopolítica vinculada al control de minerales críticos, el agua, la producción de alimentos y el desarrollo de la inteligencia artificial.

“Está en juego la enajenación de tierras y recursos naturales. Es un nuevo estatuto del coloniaje versión siglo XXI. Acá se comprometen tierras, cursos de agua, minerales y recursos estratégicos para el negocio de unos pocos”, afirmó.

Lewandowski también cuestionó que el oficialismo impulse la iniciativa convencido de reunir los votos necesarios, aunque se mostró esperanzado en que las movilizaciones convocadas para este miércoles y jueves mismo, y el rechazo de organizaciones sociales, productivas y académicas influyan sobre algunos legisladores indecisos. “No existe un país en el mundo que entregue sus recursos estratégicos y sus zonas de frontera”, concluyó.

En el otro extremo se ubica Carolina Losada. La senadora radical ya expresó en público su respaldo al proyecto oficial y sostuvo que las modificaciones incorporadas en las últimas horas permitirán reunir la mayoría necesaria para la media sanción. “Yo creo que los votos estaban”, afirmó la semana pasada, al minimizar las diferencias que aún subsisten en torno al texto.

La mayor incógnita gira alrededor de Eduardo Galaretto. El senador, alineado políticamente con Pullaro, evitó hasta ahora pronunciarse sobre la reforma. Sin embargo, todos lo ubican entre los votos que el oficialismo nacional espera sumar para alcanzar la mayoría simple, por lo que en los hechos se lo da como un probable acompañamiento al proyecto, aunque todavía no lo haya explicitado públicamente.

La bandera censurada

La orden del Ejecutivo provincial de retirar el domingo aquella bandera instalada en la tribuna superior del Coloso del Parque sigue levantando polvareda. “Las tierras no se venden, las tierras se defienden”, decía el extenso estandarte que desató fuerte controversia.

La concejala Norma López presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Justicia y Seguridad explique bajo qué marco legal se ordenó el retiro del mensaje y cuestionó que se haya restringido una expresión política amparada por la libertad de expresión. “Si no hay delito ni contravención, es una clara actitud que coarta la libertad de expresión”, sostuvo.

En el mismo sentido, el diputado provincial Miguel Rabbia reclamó precisiones sobre quién impartió la orden y qué protocolos habilitaron el secuestro de la bandera. “Cuando el Estado decide qué mensajes pueden mostrarse y cuáles deben ser retirados, la línea que separa la prevención de la censura se vuelve extremadamente delgada”, advirtió.

Y el propio ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, se sumó a las críticas. Calificó el episodio como “un hecho inédito” y reclamó identificar “al responsable por la torpeza o el desconocimiento de sus obligaciones”. Su postura se sumó a la del constitucionalista Oscar Blando, quien interpretó el retiro de la bandera como un ataque a la libertad de expresión.

Desde el Gobierno provincial, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, defendió el procedimiento al sostener que la consigna “no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo” y aseguró que la medida fue consensuada con las autoridades del club.