La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema evaluó que el caso conformó una «situación de altísimo riesgo psicofísico y emocional» para la víctima.
El juzgado de Primera Instancia en lo Civil Nº 8 dispuso la colocación del dispositivo de geoposicionamiento dual, es decir, una tobillera para controlar restricción y acercamiento al Irineo Garzon Martínez .
En la misma resolución el juzgado se declaró incompetente. La causa pasó al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 15.
Garzón Martínez fue procesado por la jueza Zucconi por «abuso sexual agravado con acceso carnal», pero mantuvo la libertad del imputado porque, según su criterio, no existían razones que permitieran presumir de manera fundada que va a intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación.
La magistrada también consideró que el hecho de que no tuviera antecedentes penales y se hubiera identificado de manera correcta conformaba un escenario propicio para mantener su libertad, fijándole algunas reglas de conducta.
Este es el fallo que fue apelado por las fiscales Russi y Labozzetta, y que ahora deberán revisar los camaristas para ver si el acusado continúa en libertad o si ordenan su detención.
En ese sentido, las funcionarias señalaron que el delito de abuso sexual con acceso carnal tiene un máximo de pena que supera los ocho años de prisión y que el mínimo previsto impide que la condena pueda quedar en suspenso.
Ayer la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia evaluó que el caso conformó una «situación de altísimo riesgo psicofísico y emocional» para la víctima. Afirmó que la chica sufrió «conductas no correspondidas ni deseadas» y advirtió en el imputado «rasgos perversos y una modalidad de acecho».