La diputada provincial Mónica Peralta impulsa audiencias públicas. Sus pares nacionales Mónica Fein y Enrique Estévez piden revisar la normativa
Los casos de cocaína adulterada que provocaron la muerte de 24 personas en provincia de Buenos Aires y más de 80 consumidores intoxicados, situación que rozó a Rosario con pacientes también afectados _aunque no se confirmó si corresponde al mismo lote de droga_ disparó el debate en torno a la problemática del consumo de sustancias. En el ámbito de la Legislatura provincial y el Congreso de la Nación, legisladores santafesinos presentaron proyectos para la convocatoria a audiencias públicas para propiciar el debate y la creación de una comisión de análisis y estudio de alternativas regulatorias del mercado de drogas.
Las muertes por consumo de cocaína adulterada en Puerta 8 de Loma Hermosa, en el partido de Tres de Febrero (provincia de Buenos Aires) expuso la cara más dramática de la comercialización y consumo de drogas en Argentina. Funcionarios, médicos psiquiátricas, comunicadores, representantes de la sociedad civil y legisladores, coinciden en la urgente necesidad de propiciar diálogos y debates que permitan modificar los paradigmas de las políticas públicas en la materia.
Santa Fe lo impulsa desde dos frentes legislativos. Por un lado la diputada radical de GEN, Mónica Peralta, presentó un proyecto en la legislatura donde solicita “la promoción y convocatoria a audiencias públicas en todo el país con el objetivo de propiciar un debate “abierto y participativo que contribuya a la elaboración de una nueva ley de drogas, consumo de sustancias y persecución del delito generado por el narcotráfico”.
Discusión impostergable
Y para ello invita a participar a los demás poderes del Estado, instituciones de la sociedad civil, expertos y a la ciudadanía en general. “Es impostergable la discusión sobre la modificación de la actual Ley Nacional de drogas 23.737. No podemos ser ajenos a los debates nacionales y debemos alzar nuestra voz cuando consideramos que se vulneran derechos fundamentales que afectan la vida de nuestra ciudadanía”, recalca Peralta entre sus fundamentos.
Contextualiza que “las últimas semanas dejaron como saldo la intoxicación y muerte de decenas de compatriotas por consumo de cocaína presuntamente adulterada”, lo cual se suma a “situaciones de violencia urbana por disputas territoriales, y cuya consecuencia es el derrame de sangre sobre nuestras ciudades. Ya lo demuestra otro resonante caso del último tiempo: el triple crimen en la localidad de Ybarlucea”.
La legisladora toca la cuestión punitivista como un tema troncal. “Está demostrado que la intromisión del sistema penal para resolver los problemas asociados con el consumo de drogas ilegalizadas, ha resultado disfuncional respecto al objetivo de la legislación nacional y en las diversas convenciones internacionales de salvaguardar el bien jurídico, que es la salud pública a través de la reducción de la producción y consumo de sustancias”.
Convocatoria
Sostiene que las audiencias públicas son “espacios de intercambio abiertos y participativos que contribuyen a fortalecer la relación entre los poderes del Estado y la sociedad. Y apunta: “no quedan dudas que el paradigma en el que se inspira la normativa actual, de de «la guerra a las drogas» fracasó en el mundo. Lejos de disminuir la producción, tráfico y consumo, los ha aumentado ocasionando consecuencias negativas en lo humano, social, económico y sanitario.
Alineados con esa postura, los diputados socialistas por Santa Fe Mónica Fein y Enrique Estévez Boero presentaron un proyecto en el Congreso de la Nación donde solicitan la creación de “una comisión de análisis y estudio de alternativas regulatorias del mercado de drogas”.
Con extensas citas sobre las experiencias de otros países, como Uruguay, datos de organismos nacionales e internacionales, del Poder Judicial, del Sistema Penal, de Seguridad y de Salud, impulsan “el estudio y análisis de las experiencias nacionales y extranjeras en materia de regulación de los mercados de sustancias psicoactivas”. Y propone elaborar un informe que propugne “la modificación del marco regulatorio federal en la materia, que deberá publicarse un año después de constituida la comisión.
Recuerdan que en 2013, en el marco las Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) se advirtió que debían abordarse las cuestiones de drogas “desde una perspectiva de salud pública y cambiando hacia un abordaje menos punitivo en el manejo del problema”.
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En ese sentido, incluyen un documento de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, donde se propone “un nuevo paradigma sustentado en tres grandes ejes: tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, reducir el consumo mediante acciones de información y prevención, y focalizar la represión sobre el crimen organizado.
También impulsan repensar la regulación del mercado de cannabis. “La regulación de mercados para el cannabis es una puerta que se ha abierto y que no podrá ser detenida. La regulación aparece como una alternativa viable frente a una estrategia internacional de control de drogas que se ha mostrado inefectiva, y ha generado mayores daños que soluciones”.
Datos que sirven para modificar el rumbo
Entre los fundamentos del proyecto que presentaron los diputados Fein y Estévez Boero, figuran datos de organismos nacionales que resultan alarmantes.
Los legisladores citan un informe elaborado por la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal, que demuestra que en 2015, el 46 por ciento de las causas iniciadas en la Justicia Federal correspondían solamente a infracciones al régimen penal de estupefacientes.
Resaltan que “la mayoría de las detenciones en el marco de la aplicación del régimen penal de estupefacientes vigente está asociada a la tenencia o comercialización ilícita de cannabis. En todo el período que va del 1991 al 2012, el 61 por ciento de los procedimientos por infracción al régimen penal de estupefacientes se vinculaba sólo a incautaciones de ese tipo de sustancia.
Por otra parte, en la judicialización de estos casos se verifica una gran incidencia de delitos menores, tal como lo informa la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). En ese sentido, según datos del organismo, de las más de 200 mil causas iniciadas por estupefacientes en el período entre 2011 y 2019, el 47 por ciento es por delitos menores (35 por ciento por tenencia para consumo personal y 12 por ciento por tenencia simple).
Los datos correspondientes a 2019 arrojan que, de las 14.612 causas iniciadas en ese año, un 40 por ciento corresponde a tenencia para consumo personal, y un 8 por ciento a tenencia simple.
Además, exponen trabajos del especialista Alejandro Corda publicados en 2016 en la revista Pensamiento Penal, donde describe que la población detenida en todo el país por delitos por infracción a la Ley de Estupefacientes se duplicó en la última década.
En 2002 había en esas condiciones 3.271 personas, en 2006 aumentó a 3.981, en 2010 la cifra era 5.846 y en 2013 llegó a 6.979 personas. Entre 2002 y 2013 el aumento fue del 113,35 por ciento.