Las declaraciones de Lemoine fueron realizadas en el contexto de su férrea defensa del presidente Javier Milei, luego de la controversia generada por su discurso en el Foro de Davos.

En un intento de denunciar la existencia de un supuesto «lobby que defiende pedófilos», la legisladora terminó banalizando un problema gravísimo y desinformando a la sociedad sobre los verdaderos riesgos de la pedofilia.

La estrategia discursiva de Lemoine es clara: asociar la lucha por los derechos de las personas trans y no binarias con prácticas delictivas para desacreditar avances en materia de diversidad.

Este tipo de argumentos han sido utilizados previamente por sectores reaccionarios en distintos países para obstaculizar políticas de inclusión y reforzar prejuicios sobre la comunidad LGBTQ+.

El problema de la pedofilia es real y complejo, pero reducirlo a una cuestión de «autopercepción» no solo es falaz, sino que también desvirtúa el debate sobre cómo enfrentar y prevenir el abuso infantil.

En Argentina, el Código Penal es claro respecto a la edad de consentimiento y los delitos de índole sexual contra menores, por lo que la idea de que alguien pueda «zafar» por autopercibirse niño no tiene ningún asidero legal ni fáctico.

Resulta preocupante que una legisladora nacional instale este tipo de discursos sin ninguna evidencia y con una evidente intención de manipulación política. En lugar de generar debates responsables sobre la protección de la infancia y el abuso sexual, Lemoine prefiere sembrar miedo y desinformación, apelando a una retórica que tergiversa y simplifica problemas serios.

El uso irresponsable del discurso público tiene consecuencias, y en tiempos donde la desinformación se propaga rápidamente, es fundamental que los dirigentes políticos actúen con responsabilidad.

Declaraciones como las de Lemoine no solo alimentan discursos de odio, sino que también desvían la atención de las verdaderas medidas necesarias para combatir la pedofilia y proteger a la infancia.