Qué hay detrás del sorteo del sueldo de Javier Milei

Con más de un millón de anotados que dejaron sus datos personales para participar, los especialistas cuestionan la violación a las disposiciones legales para recoger ese tipo de información y ya se desató una investigación oficial. También una interna entre los propios «libertarios».

El diputado nacional Javier Milei sorteará su dieta parlamentaria este miércoles, durante una charla abierta que brindará a partir de las 19.30 en Mar del Plata. La iniciativa, cuestionada por expertos en redes sociales por «tener el objetivo velado de hacerse de una base de datos con fines políticos», podría violar la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, lo que motivó a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) a iniciar una investigación. Además de los cuestionamientos sobre su legalidad, la iniciativa desató un feroz cruce político, aún entre los propios «libertarios».

Aquellos interesados e interesadas en ganar la dieta del libertario tenían tiempo hasta este miércoles para inscribirse al sorteo, completando un formulario a través de la página web «mipalabra.javiermilei.com» con DNI, nombre y apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico y número de celular. Minutos antes de las 15, horario de cierre del concurso, se habían anotado más de 1 millón de personas.

La investigación oficial

Este lunes, el organismo autárquico del Gobierno nacional encargado del acceso a la información pública decidió iniciar una investigación tras las reiteradas críticas que despertó el sorteo en las redes sociales, la mayoría relacionadas a la protección de datos personales.

Según explicaron fuentes de Casa Rosada a GO Noticias, el principal problema radicó en que la página del líder de Libertad Avanza no incluía ningún hipervínculo que precisara la política de privacidad de la base de datos. Además, señalaron, ni Milei ni la consultora Rom (a cargo del diseño de la página) se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales de la AAIP. Tampoco se especificaba el destino que tendría la base de datos después del sorteo ni cómo podrían ejercer los ciudadanos y ciudadanas el derecho de control que contempla la ley vigente.

Esta semana, tras la intervención de AAIP, se sumó un casillero a la web del sorteo para que las personas interesadas en inscribirse pudieran conocer y aceptar las «bases y condiciones». Allí se incluyó, finalmente, el detalle de la normativa de protección de datos personales vigente. Entre los primeros en advertir el cambio estuvo Javier Smaldone, especialista informático conocido por exponer las falencias del voto electrónico en 2019 y por haber sido detenido (y luego sobreseído) por supuesta difusión de documentos secretos.

«Los términos y condiciones del sorteo de Milei antes y ahora ¿Ven que está bien exigir que TODOS cumplan con la ley?«, escribió en su cuenta de Twitter Smaldone, quien días atrás había advertido sobre las intenciones veladas de Milei respecto a armarse de una base de datos de cara a las elecciones de 2023 bajo la fachada de un inocente sorteo.

La protección de datos personales

«Está muy bien que se haya iniciado una investigación. Una base de datos como la que se armó Milei está cubierta por la ley 25.326, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Por lo tanto, tanto Milei como cualquier otra persona que tenga una base de ese tenor tienen que cumplirla», explicó a Página/12 Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre.

Esta normativa establece que «quienes poseen bases de datos tienen responsabilidades frente a las personas que le confiaron sus datos. La primera responsabilidad es la de declarar la base de datos ante la autoridad de aplicación de la ley, que es la Dirección de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública», detalló Busaniche.

«También se deben cumplir recaudos mínimos básicos de seguridad de la información: darle el derecho a cada una de las personas que está integrada a esa base de datos –por más que lo haya hecho voluntariamente– de conocer qué se hace con esos datos, dónde están hospedados, cuál es el tiempo por el cual se van a conservar esos datos, etc.» para que las personas puedan dar un «consentimiento informado», precisó. Además, se les debe dar a los titulares de los datos «el derecho de rectificación y el derecho de ser dado de baja de la base», agregó.

«Todas esas cosas no estaban en el sorteo de Milei sino que recién aparecieron con la intervención de la AIIP», aseguró Busaniche. «A veces intentan hacerse los pillos con los datos y recién cuando aparece la mano del órgano de contralor cumplen las normas», advirtió la especialista.

«La intención de Milei fue armar una base de datos»

Para Busaniche, «no hay ninguna duda» de que la intención de Milei fue armar una base de datos bajo la fachada del sorteo. «Las bases de datos son información muy útil para los políticos. No es Milei el primero en tratar de hacerse de base de datos para conocer mejor a sus votantes y hacer prospectiva en comunicación. Hay antecedentes de esto. En general la política se basa en conseguir datos y explotar esos datos para las campañas», explicó.

El problema, sin embargo, «es que él no está diciendo que se está armando una base  con fines políticos». De todos modos, recordó la presidenta de Fundación Vía Libre, «no sería el primero que no lo dice».

El antecedente de Mauricio Macri

«Cuando la jefatura de gabinete de ministros se llevó toda la base de datos de Anses,  durante la gestión de Macri, tampoco dijeron que era para eso, sin embargo todo el mundo lo supo. Ese caso se judicializó y por suerte la justicia le dio la razón a quién lo litigó», ejemplificó.

«En última instancia», concluyó apuntando contra la gestión anterior, «me parece más honesto hacerse de los datos de esta forma (sorteo de Milei), donde cada quien elige entrar a esa base de dato, que llevarse bases del estado donde uno no tiene opción alguna».

La interna «libertaria»

Además de los previsibles rechazos que generó la iniciativa dentro del oficialismo y las fuerzas progresistas o de izquierda, también encontró duras críticas desde el PRO y entre los propios ultraliberales.

El que dio el puntapié inicial fue Abdon, un conocido difusor de esas ideas a través de Twitter. «Si yo donara la dieta estaría haciendo caridad con dinero ajeno, algo que va en contra de mi postulado filosófico», sostuvo Milei para defender su decisión. Para Abdón eso era una «ensalada sin sentido». «La dieta es de él a tal punto que dispone libremente de ella y decide donarla eligiendo al agraciado mediante un sorteo. El hecho de que la sortee no cambia la naturaleza del acto de disposición. Esta disponiendo a titulo gratuito ergo esta donando».

El comentario de Abdon, estaba relacionado con otros planteados por el propio José Luis Espert. “Como buen liberal, respeto las decisiones de todo el mundo en todo sentido. Respeto la decisión de Milei, pero por mi trabajo cobro, y voy a cobrar por mi trabajo, tal cual lo marca el artículo 74 de la Constitución”, respondió cuando le preguntaron por la iniciativa de su «socio» Milei. «Si un diputado o un senador no cobra por su trabajo, hay que sospechar. ¿Cómo vive esta persona?”

También cagó contra el mediático diputado una polémica «pensadora» de Juntos por el Cambio, la diputada Sabrina Ajmechet. «La donación de la dieta de Milei me lleva a una pregunta puntual y a una reflexión general: ¿De qué vive Milei? ¿Cómo paga sus cuentas?», sostuvo en su cuenta de Twitter para enseguida concluir: «A favor de una dirigencia política que viva de sus sueldos. Si no, solo los ricos podrían hacer política, cómo pasaba en general en el siglo XIX».