Estas, las “joyas de la corona”, serán entregadas al sector privado en un esquema que huele más a negocio para pocos que a solución para muchos.

El resto, las rutas menos transitadas, quedarán relegadas a contratos de mantenimiento con proveedores, dejando atrás cualquier rol activo de Vialidad Nacional, que ya no cortará ni el pasto ni remendará el asfalto.

La desidia estatal parece ser la nueva bandera. La lógica detrás de esta privatización es tan cruda como el ajuste que la inspira: a cambio de mantener las rutas en “condiciones de transitabilidad” —un término vago que el gobierno definirá a su conveniencia—, las concesionarias podrán imponer peajes.

Y no serán baratos: 4.200 pesos por cada 100 kilómetros para autos, un monto que se multiplicará por siete para los camiones más grandes.

Una fórmula de actualización automática permitirá a los privados aumentar los valores sin necesidad de aprobación estatal, limitándose el gobierno a un rol de mero espectador que verifica cálculos.

Este esquema, que comenzará el 8 de septiembre con la licitación de la Ruta del Mercosur (que incluye tramos de las rutas 12 y 14, más los puentes Zárate Brazo Largo y Rosario-Victoria), consolida un modelo donde el usuario paga más y el Estado se lava las manos.

El precio del peaje, cercano a los 3,50 dólares por 100 kilómetros según lo debatido en audiencias públicas, refleja la voracidad de un sistema diseñado para garantizar la rentabilidad de los privados mientras el ciudadano carga con los costos.

Este enfoque no es casual: lleva la impronta de Milei, canalizada por el ministro desregulador Federico Sturzenegger y respaldada por Luis Caputo, titular de Economía.

Bajo el pretexto de desmantelar el “club de la obra pública”, el gobierno no solo paralizó proyectos clave, sino que eliminó el Registro Nacional de Constructores para reemplazarlo por un Sistema de Información de Cocontratantes, abriendo la puerta a que cualquier empresa, sin experiencia en infraestructura, pueda hacerse con una concesión.

¿El resultado? Un sistema vial que prioriza el lucro sobre la calidad y la accesibilidad.

Esta política no solo encarece el transporte para los argentinos, sino que profundiza la lógica de un gobierno que está más interesado en desarmar el Estado que en construir un país.

Mientras las rutas “rentables” se entregan a privados, las menos transitadas quedan a la deriva, rotas y sin mantenimiento, evidenciando una visión cortoplacista que hipoteca el futuro de la infraestructura nacional y que no les importa la vida de los argentinos.