Junto a sus amigas más cercanas de la Asamblea Lesbotransfeministas, se llaman con humor las “Esperancitas”, y se apropian así de una expresión popularizada durante la pandemia en redes sociales para hablar de quienes sostienen los trabajos de cuidado. Enfocadas en acompañar a mujeres de los barrios populares, a víctimas de violencia de género y a todas las que las necesiten, nadie les tiene que contar cómo se viven las carencias.

Con una trayectoria forjada en los barrios, en el Movimiento Evita y el movimiento transfeminista de Rosario, Majo Poncino asumió la presidencia de la Comisión de Género, Igualdad y Derechos Humanos del Concejo Municipal.

Militante feminista y territorial, reivindica una banca colectiva y propone una comisión abierta, atravesada por las voces del territorio, en un contexto marcado por el ajuste, los retrocesos en políticas de igualdad y la disputa ideológica contra los feminismos.

En diálogo con Rosario/12, reflexiona sobre el rol del Estado local, las deudas del municipio, el presupuesto, la articulación con las organizaciones y la importancia de ocupar espacios institucionales en tiempos de ofensiva contra los derechos conquistados.

—¿Por qué es importante para vos presidir la Comisión de Género, Igualdad y Derechos Humanos y qué trayectoria sentís que te trajo hasta acá?

—Para mí es fundamental poder expresar las voces de muchas compañeras, de muchas mujeres y diversidades, con quienes venimos construyendo redes, estrategias y acciones en estos últimos años, y visibilizar la situación que hoy atraviesa el movimiento transfeminista.

La propuesta surgió de las concejalas y concejales que integran la Comisión, y la viví con mucho orgullo y agradecimiento. No lo pienso como un reconocimiento personal, con nombre propio, sino como un reconocimiento colectivo a las organizaciones y a los distintos actores que venimos organizándonos en la ciudad.

—El mismo día que asumiste dijiste que tu banca no es individual, sino colectiva. ¿Cómo se traduce eso en el trabajo de la Comisión?

—Mi militancia siempre vino de la territorialidad. Entiendo que la Comisión tiene un rol clave no solo como espacio para discutir e impulsar políticas públicas y defender derechos, sino también para promover ordenanzas, monitorear programas municipales y generar instancias reales de participación con organizaciones feministas, sindicales, comunitarias y sociales.

Queremos abrir la Comisión y construirla como un espacio vivo, donde las voces del territorio se encuentren y se expresen, donde los colectivos de mujeres y diversidades puedan decir qué falta, qué hay y qué se debe transformar. Las organizaciones somos muchas veces las primeras en llegar a los lugares donde el Estado no llega, y ese saber tiene que estar presente.

—¿Qué rol imaginás para la Comisión en ese cruce entre territorio e institucionalidad?

—La pensamos como un puente, no como un escritorio. Un espacio institucional que fortalezca los dispositivos existentes, sobre todo los de atención de las violencias, y que impulse el acceso efectivo a derechos: trabajo, producción, políticas de cuidado, y la incorporación real de la perspectiva de género en todas las áreas del municipio.

Humanizar las herramientas institucionales es clave. Que la Comisión sirva para amplificar lo que pasa en el territorio y para acompañar situaciones complejas que atraviesan mujeres y diversidades.

—Con tantas demandas y un contexto tan crítico, ¿cuánto se puede hacer desde un Concejo Municipal?

—Mucho depende de mejorar la articulación entre las áreas. La agenda de género no puede quedar encerrada en una sola comisión. En este contexto tan complejo, el acompañamiento integral es fundamental.

La escucha tiene que ser protagonista. Desde el territorio sabemos que muchas veces las personas llegan a las puertas de las instituciones y no son escuchadas. Ahí es donde tenemos que intervenir, tender puentes y pensar estrategias para acompañar y resolver.

Además, la Comisión no puede trabajar aislada: es clave la articulación con el resto del Concejo y con las áreas del municipio, que son quienes ejecutan las políticas públicas.

—Desde tu experiencia, ¿cuáles son hoy las principales falencias del municipio en materia de género y diversidad?

—Son varias y también estructurales. La accesibilidad y las condiciones de la ciudad atraviesan todo: seguridad, transporte, salud, acceso a los dispositivos. En particular, la atención de las violencias de género está en un punto de mucha tensión, con dispositivos limitados y con enormes dificultades para sostenerlos territorialmente. Eso nos obliga a preguntarnos qué tipo de ciudad queremos para las mujeres, las diversidades, las infancias y las adolescencias.

—Ahí aparece con fuerza la cuestión presupuestaria.

—Totalmente. No puede haber políticas de igualdad sin recursos. En un contexto donde Nación recorta y desmantela programas, el municipio tiene que redoblar el compromiso para que no se caigan derechos conquistados.

Hoy quienes sostienen mayoritariamente los acompañamientos siguen siendo las organizaciones. Entonces tenemos que pensar colectivamente cómo compensar esos retrocesos nacionales, tanto en términos de decisión política como de presupuesto.

—¿Cómo se cruza esto con el debate por la autonomía municipal y el futuro de la ciudad?

—Estamos en un momento clave. Con la declaración de la autonomía se abre la posibilidad de discutir qué carta orgánica queremos, qué ciudad queremos construir hacia adelante: más segura, más accesible, con más recursos y con condiciones de vida dignas para todos y todas.

Eso implica discutir prioridades y entender que las políticas de igualdad no son un gasto, sino una inversión social.

—La ofensiva contra las políticas de género es explícita y tiene expresiones en el actual Concejo, en la bancada libertaria. ¿Cómo se enfrenta desde un lugar institucional?

—Es una disputa que ya está presente. El modelo político del gobierno nacional busca deslegitimar la lucha feminista, recorta políticas, ataca a las organizaciones, niega la violencia de género y al mismo tiempo habilita discursos de odio desde el Estado. Frente a eso, ocupar estos espacios es un acto político de defensa y de resistencia. Son trincheras desde donde frenar retrocesos, pero también desde dónde proponer.

—¿Qué significa proponer en este contexto?

—Significa amplificar voces desde lo local, crear políticas públicas que cuiden, que igualen, que abracen las situaciones de violencia y vulnerabilidad que hoy atraviesan a nuestra sociedad.

Quienes venimos de los feminismos y de los territorios tenemos otra sensibilidad para entender la política: como una herramienta de transformación, no como una discusión de escritorio. Y en un momento donde la democracia está siendo tan vapuleada, es fundamental reafirmar que no es un trámite, sino una práctica cotidiana que se sostiene con participación, memoria y compromiso.

Por eso queremos que las organizaciones estén adentro de la Comisión y del Concejo, discutiendo colectivamente qué ciudad queremos construir.