El ministro quedó en off side
Daniel Costamagna reiteraba su desacuerdo con la expropiación de Vicentin cuando el presidente ratificó ese rumbo. «No asumí para pelear», dijo.
La reunión de Alberto Fernández con los ejecutivos de Vicentin y el gobernador Omar Perotti como invitado había apresurado a algunos a pensar que habría una salida intermedia para el gigante agroexportador en concurso de acreedores y que lo de la expropiación no sería tal cosa. Hasta el propio ministro de Producción santafesino, Daniel Costamagna, quiso creerlo así y recuperar la tranquilidad. Pero no. El presidente ratificó ayer su decisión de expropiar la empresa, y el ministro de Perotti tuvo por segunda vez en la semana otra dosis de lo que admitió como «un balde de agua fría». Y en Twitter volvió a especularse sobre la renuncia del funcionario, aunque no hubo comentarios a nivel oficial al respecto.
El gobierno reafirmó ayer su plan de rescate de Vicentin. Costamagna empezó el día en procura de realinearse con las circunstancias. Él había sido una de las voces que disintieron con el anuncio de Fernández de intervenir la empresa y mandar el proyecto de ley de expropiación. Pero la reunión del jueves en Olivos le dio esperanzas.
«Yo planteé desde un comienzo que no eran las formas, pero lo de anoche (por la reunión del presidente con el CEO Sergio Nardelli) marca muy claro que se inicia una nueva etapa», dijo ayer el ministro. «Estamos comenzando un camino de poner bien en claro cuál es la situación de la empresa. Eso es lo primordial, a los fines de que se abra una instancia superadora que evite la expropiación. Se buscará una articulación público privada que posibilite la preservación del complejo productivo. Después veremos cómo se divide ese porcentaje de responsabilidad y participación», vislumbró en falso.
En la misma mañana, Fernández desechaba la intención de Nardelli & Cía y ratificaba: “La expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa, no hay otro modo”.
“Lo que ellos proponen es que el Estado ingrese a la empresa sin expropiación. Lo que pasa es que eso supone un ‘acuerdo’ con empresarios que están muy salpicados. Y eso es muy poco transparente”, agregó el jefe de Estado a la periodista Cinthia García. «No estamos quitándole la empresa a nadie, estamos rescatando una empresa que, si sigue así, va a dejar de existir o va a quedar en manos de capitales que no son argentinos», afirmó el Presidente.
Costamagna se enteró al aire en Radio Dos de la intención expropiatoria ratificada: se sintió azorado y pidió tregua hasta leer con ojos propios las declaraciones del presidente. «Nuestro concepto de trabajo y de política es la construcción de consensos, construir federalismo y acompañar y cuidar las empresas santafesinas. Yo no asumí la función para pelear y confrontar por cuestiones como estas», improvisó el ministro provincial. Costamagna admitió que el asunto volvía a sorprenderlo. «Pero no estoy conmocionado, estaba concentrado en lo que estamos haciendo. Hay ejemplos de gestión público privada muy exitosos en países como Australia, Nueva Zelanda, en Francia, en Dinamarca. Bueno, hay que respetar cosas, fundamentalmente las construcciones», concluyó y acentuó un poco más la incomodidad de su posición en el gabinete de Omar Perotti.
No le hablen de afuera
La ratificación presidencial sobre el plan de intervenir y expropiar al gigante agroexportador de Avellaneda siguió sumando adhesiones. Pronunciamientos que parecieron dejar más solo que nadie al ministro Costamagna.
La senadora nacional María de los Angeles Sacnun lo hizo ayer con una referencia contextual al balance de la gestión Macri. «Despedazaron a la pequeña y mediana empresa, destruyeron 250 mil puestos de trabajo, generaron una situación de caos en la sociedad argentina», repudió en palabras que usó en la sesión del Senado antes de que el bloque Juntos por el Cambio se retirara para no votar en la sanción de la ley de alquileres. «Estamos tratando de ordenar el desastre que dejaron despedazando la economía de las familias, generando una red de espionaje, persiguieron opositores, infiltrándose en el Poder Judicial, quisieron meter dos jueces de la Corte por decreto. ¿Esto es institucionalidad, esto es orden o atenerse a las leyes que están reclamando?», dijo.
«No vinieron a gobernar, vinieron a cometer delitos y saquear al país», apuró Sacnun. «Y me vienen a hablar de Vicentin como si conocieran la provincia de Santa Fe. Pregúntenle a los pequeños y medianos productores, los acopiadores, el sector cooperativo y a los trabajadores qué piensan de Vicentin que los estafó como hizo con el conjunto del pueblo al dejar una deuda de 18.500 millones de pesos con el Banco Nación”. «Acá no se está rematando una empresa exitosa sino que el Gobierno está yendo en auxilio con una medida excepcional de una empresa que estaba por dejar a más de 4000 personas sin trabajo», finalizó la senadora santafesina.
Apoyo sindical
El rumbo presidencial mereció el saludo de varios referentes del gremialismo. Dirigentes enrolados con Pablo Moyano, Smata y la Corriente Federal de Trabajadores firmaron un comunicado en el que expresan «profunda satisfacción por el anuncio de intervención y el proyecto de expropiación» de Vicentin. En el mismo sentido habló Mauricio Brizuela, secretario general del sindicato petroquímico del cordón industrial, Soepu: «Es una buena decisión del Estado para salvaguardar las fuentes de trabajo y para asegurarse el pago de la gran deuda que la firma tiene con el Banco Nación».
Desde el gremio de químicos de San Lorenzo, Julio Barroso razonó: «Si entre privados el acreedor puede cobrarse con los bienes de un deudor quebrado, con más razón el Estado debe hacerlo, porque representa el interés general de la comunidad. Además es la decisión correcta para proteger los 7 mil puestos de trabajo directos y a los productores agropecuarios afectados por el quebranto de Vicentin».
Walter Palombi (Correo) meditó que estas «son medidas que hay que tomar con muchas empresas que han hecho negocio con el gobierno anterior a costa del pueblo argentino, ir a fondo con empresarios que vaciaron y destruyeron el país». En el mismo sentido se pronunciaron Oscar Barrionuevo (Obras Sanitarias), Sergio Ricúpero (Gastronómicos), y Claudia Indiviglia (estatales y Multisectorial 21F).
