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Más voces críticas a la prohibición de cuidacoches

Cuando falta la política pública

Las organizaciones sociales piden que se aplique una mirada social. El municipio identificó unos 800 cuidacoches en Rosario.

La actividad informal de los cuidacoches no debe asimilarse a un delito. Archivo –

Mientras la Legislatura sigue debatiendo la ley que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en toda la provincia, distintas organizaciones sociales piden no perder de vista el impacto social del proyecto. Según plantean, están de acuerdo con un “reordenamiento” de esos trabajadores informales, a quienes diferencian de las organizaciones delictivas que suelen apropiarse de la actividad en los eventos masivos.

“Lo que le falta a esta ley es una mirada social y formas de integrar a este grupo de personas que se gana el mango con esa actividad”, sostuvo Jesús Rivero, referente del Frente de Liberación Socialista, una agrupación que viene acompañando a unos veinte cuidacoches de la ciudad, algunos de ellos en situación de calle.

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) recordaron que la discusión no es nueva y cuestionaron que la prohibición sea “la única alternativa” que se propone desde la política.

Una postura similar viene planteando la Iglesia Católica, que la semana que viene será recibida en Diputados. En paralelo, el Concejo de Rosario conformó una mesa de trabajo para evaluar miradas, posturas y alternativas sobre el tema.

A mediados de marzo, el Senado provincial dio media sanción al proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en todo el territorio provincial. La iniciativa, impulsada por el senador por Rosario, Ciro Seisas, plantea una modificación al Código de Convivencia provincial, habilitando que la policía y los municipios puedan actuar de oficio frente a la actividad de cuidacoches, guarda y lavado de vehículos sin autorización.

La iniciativa pasó a Diputados, donde encontró el reparo de algunos sectores –incluso dentro de la coalición oficialista– por lo que su tratamiento avanza a un ritmo más lento, sumando encuentros con distintos actores, en la búsqueda de lograr los acuerdos necesarios.

“No se puede criminalizar”

En ese marco, las organizaciones que trabajan junto a trabajadores informales buscan sumar su voz al debate. “Nosotros estamos de acuerdo con que se busque hacer un reordenamiento de la actividad y no tenemos nada que ver con las organizaciones criminales que suelen estar atrás de la actividad en algunas zonas. Lo que planteamos es que no se puede criminalizar a un sector que realiza la actividad, con el consenso de los vecinos, y que lo hace para llevar un plato de comida a la casa”, planteó Rivero en diálogo con Rosario/12.

“Lo que le falta a esta ley es una mirada social y formas de integrar a este grupo de personas que se gana el mango con esa actividad”, añadió

Rivero es uno de los referentes del Frente de Liberación Socialista, una agrupación que viene trabajando en el acompañamiento y organización de sectores que desarrollan su tarea en la informalidad, como manteros y cuidacoches.

La semana pasada fueron al Concejo y se reunieron con ediles de diversos espacios, para manifestar su preocupación por “la situación de desamparo” en la que entienden que quedarían los trabajadores informales que desarrollan la actividad.

Según explicó, acompañan a una veintena de cuidacoches que trabajan en la zona del Parque Urquiza y sobre calle Pellegrini. Algunos de ellos se encuentran en situación de calle y se alimentan en los comedores comunitarios que tiene el Frente.

“Tenemos el caso de dos hermanos, de 18 y 19 años, que están durmiendo en el Parque Urquiza. La única manera que tienen de comer una vez al día es yendo a nuestros espacios comunitarios, o con lo que les dan los vecinos”, sostuvo el dirigente.

“Si avanza la ley van a quedar totalmente excluidos. Lo que buscamos es que haya una mirada social. El único ingreso que tienen muchas de estas personas es cuidando un coche y atrás de ellos hay familias. No tenemos que perder de vista que estamos hablando de trabajadores informales que, en medio de la crisis, piden un dinero a voluntad a cambio de, en este caso, cuidar o limpiar un auto”, completó.

Cuestión de prioridades

Desde el MTE entienden que la discusión sobre los cuidacoches viene girando sobre el mismo eje desde hace años. “La única alternativa que plantea el poder político es la prohibición de una actividad que, como la mayoría en la economía popular, es de subsistencia. Plantear su penalización no resuelve la situación de cada una de las familias o individuos que está detrás de eso”, sostuvo Victoria Clerici, referente de la organización en la ciudad. “Para nosotros la prioridad está puesta en las personas. Son sectores que, ante la falta de trabajo, se la rebuscaron de esa manera y lo que tiene que hacer el Estado es buscar la forma de regularizar esa situación sin borrarlos del mapa”, añadió a Rosario/12.

Para la dirigente, el debate está “plagado de prejuicios” sobre los sectores populares, emparentando al trabajador informal que se la rebusca para generar un ingreso, con las economías delictivas.

“Los delitos tienen que ser investigados y perseguidos por el Ministerio de Seguridad y la Justicia. Eso no tiene nada que ver con el tipo que hace diez años acomoda autos en una esquina para sacar un mango”, expresó y agregó: “La homogeneización de los sectores populares es agotadora, pero evidentemente funciona porque pueden avanzar con este tipo de proyectos sin detenerse demasiado en las realidades de los sectores más vulnerables”.

En ese sentido, Clerici recordó que el MTE cuenta con diversas experiencias de formalización e integración de los cuidacoches, que podrían pensarse como alternativa en Rosario. Una de las más cercanas se da en Paraná, donde los “tarjeteros” se encargan de regular el estacionamiento tarifado en zonas delimitadas de la ciudad, repartiéndose la recaudación con el municipio.

Están identificados en la vía pública, inscriptos en un registro municipal y nucleados en una cooperativa de trabajo. Pero también destacó la experiencia desarrollada en zona norte, donde un grupo de cuidacoches trabaja junto a la cooperadora del Hospital Alberdi en esa zona.

“Tener a los trabajadores organizados hace que también sea más fácil identificar quién trabaja de forma correcta y quien no. Se trata de hacer una cogestión con el Estado, pero se requiere de voluntad política para eso”, completó.

El Concejo

A la par de la discusión legislativa provincial, el Concejo de Rosario activó una mesa de trabajo para un abordaje integral de la situación de los cuidacoches en la ciudad. Es un tema que despierta interés en el cuerpo: desde 2024 se presentaron alrededor de 20 proyectos de concejales y particulares que abordan el tema.

La mesa de trabajo ya se reunió en distintas oportunidades, donde fueron citados el titular del área de Control Urbano de Rosario, Diego Herrera; los legisladores provinciales Ciro Seisas y Germán Scavuzzo, como impulsores del proyecto en ambas cámaras de la Legislatura; y los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

Desde el municipio informaron que en la ciudad hay 754 cuidacoches identificados. Por este tema, la Secretaría de Control y Convivencia labró 9.090 actas y detuvo a 215 personas por diversas infracciones. Además, durante 2025, se realizaron 156 operativos en eventos masivos, que terminaron con 72 detenciones. La actividad se desarrolla en zonas puntuales de la ciudad como la costanera central (135 cuidacoches), el centro (106), Pichincha (92), Oroño (82), Pellegrini (79) y la zona del Parque Independencia (57).

Por amplia mayoría, los reclamos se concentran en el distrito centro (81,29%), seguido muy por detrás por el distrito norte (8,43%) y sur (7,32%).

Desde el oficialismo local acompañan la ley impulsada por Seisas como marco normativo provincial. “Estoy a favor de que haya una regla y de que esa regla sea la prohibición de una actividad que es extorsiva”, dijo el intendente Pablo Javkin en marzo, antes de la media sanción del proyecto.

No obstante, el mandatario reconoció que se trata de una problemática compleja: “Nosotros tenemos situaciones de extorsión y grupos criminales que organizan esa actividad, pero también tenemos mucha gente que por problemas de adicciones está en la calle. Son problemáticas que se cruzan y es importante separarlas”.

En tanto, desde la oposición sostienen que en Rosario el problema se reduce al microcentro y el debate “está muy forzado” dentro de la agenda política. “Me parece que en algunos casos la política está usando este tema para exagerar poses de mano dura. Se plantea como un tema de urgencia cuando Rosario tiene muchísimos otros problemas antes que una persona que cuida coches y pide unos mangos para vivir”, sostuvo el concejal del peronismo, Pablo Basso.

“Sí entendemos que se debe intervenir en los eventos masivos, como partidos y recitales, donde aparecen denuncias de vecinos a los que les piden 20 mil pesos para estacionar el auto. Pero esa no es la realidad del que te pide que lo ayudes con lo que puedas en el centro de Rosario”, añadió a Rosario/12.

Las Iglesias

Uno de los actores que irrumpió en el debate fue la Iglesia. Con un comunicado dirigido a los legisladores santafesinos, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Rosario se manifestó en favor de regular la actividad, en lugar de prohibirla. En el mensaje, remarca la necesidad de contemplar un abordaje que incluya asistencia social y programas de inserción laboral.

La carta también señala que muchas de las conductas que se le atribuyen a un sector de los cuidacoches ya están tipificadas como delito y que el proyecto solo introduce “la criminalización de conductas que no implican daño” a la sociedad. A mediados de mayo el Arzobispado local recibió a los cuidacoches, mientras que el próximo jueves la Pastoral está citada para reunirse con diputados en Santa Fe y darle continuidad al debate.

La postura del Arzobispado tuvo respuesta desde el sector evangelista, que salió al cruce calificando como “un error” querer regular algo que tiene que ver con el espacio público.

“No compartimos la posición de la Iglesia Católica, regular la actividad sería empujar a mucha gente a la marginalidad para sostener una labor indigna, informal y ligada a la extorsión, al control territorial y el consumo problemático” dijo Walter Ghione, diputado provincial de Unidos. “Hay que ayudar a la gente con trabajo digno en vez de romantizar la mendicidad”, remarcó el pastor evangélico.

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