Con los votos del oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe y la abstención de la oposición justicialista, la Cámara de Senadores aprobó con media sanción y giró a Diputados la ley que declara en emergencia al Servicio Público de Agua Potable, Desagües y Saneamiento en la Provincia.

El mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro procura en sus objetivos “preservar la sostenibilidad ambiental, social y económico-financiera del servicio y garantizar su prestación efectiva”, con amplias facultades para el Poder Ejecutivo por sobre las regulaciones del sector.

El peronismo, que tiene 5 de las 19 bancas, expresó que al no poder debatir en comisiones el tema lo suficiente (se había previsto invitar a los intendentes de las localidades afectadas por los cambios normativos) se optó por la abstención. Antes, los opositores acompañaron el sobretablas pedido por el oficialismo que finalmente contó con 12 manos alzadas para la aprobación.

Rodrigo Borla, en nombre de la mayoría que apuró el trámite ante un pedido de la Casa Gris, se comprometió a invitar a las autoridades del directorio de la empresa Aguas Santafesinas SA para que expongan a los senadores sus números. El bloque mayoritario optó por un trámite veloz y la oposición, sin votar en contra, advirtió que hay posiblemente aportes para hacer al texto enviado por el gobierno.

Lo que dice el proyecto

Tal como informó El Litoral en su edición del jueves 16, en el texto enviado a la Legislatura se pide declarar hasta el 31 de diciembre de este año “en estado de emergencia a la prestación del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento por parte de Aguas Santafesinas S.A. en el ámbito de la provincia de Santa Fe”. Como fundamento se esgrime que es para “atender en forma urgente la grave situación deficitaria que atraviesa Aguas Santafesinas S.A. de modo de propender a la preservación de la sostenibilidad ambiental, social y económico-financiera de la prestación del servicio, asegurando su continuidad, regularidad, generalidad y obligatoriedad”.

Asimismo, se deja expreso que la emergencia la puede prorrogar el Poder Ejecutivo a través de un decreto por un año más, es decir hasta el 31 de diciembre de 2025.

En otro artículo, se pide facultar “al Poder Ejecutivo durante el período de la emergencia a determinar el régimen tarifario del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento en el ámbito de la concesión definido por el artículo 30 de la Ley N° 11220”. “A tales fines el Poder Ejecutivo podrá elaborar las definiciones específicas, fijar los valores, precios, cargos y componentes tarifarios en las distintas modalidades del servicio y categorías de usuarios, el régimen de subsidios, la aplicación de nuevas alternativas que tiendan a la cobertura de los costos de explotación y toda otra distinción o categorización que se considere justa, razonable y oportuna”, agrega.

Del mismo modo, se solicita autorizar al Poder Ejecutivo a definir “la estructura, procedimiento y régimen tarifario aplicable a la provisión de agua, a través del sistema de acueductos, a los titulares del servicio público de provisión de agua potable de las localidades alcanzadas la traza del Programa «Grandes Acueductos de la Provincia de Santa Fe».

Finalmente, antes de la finalización de la emergencia (sea efectivamente el 31 de diciembre de 2024 o se prorrogue hasta 2025), “el Poder Ejecutivo deberá elaborar una propuesta de nuevo marco regulatorio del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento que deberá ser elevado a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe para su tratamiento”.