Este lunes inició el proceso oral por la investigación que comenzó en 2016 e involucra a reconocidos nombres de la ciudad de Rosario. Los acusados falsificaban escrituras y poderes para simular la compra y venta de propiedades que pertenecían a otras personas.
Un grupo de 14 personas comenzaron a ser juzgadas este lunes, en el Centro de Justicia Penal, acusados de ser parte de una banda que tramó una serie de maniobras para quedarse con una decena de propiedades de las ciudades de Rosario, Funes y Villa Amelia. La trama de la megaestafa se develó en el año 2016, e involucró a abogados, contadores, escribanos, financistas y empresarios, entre ellos, el entonces gerente del diario La Capital de Rosario.
Tras una ardua tarea investigativa que fue necesaria para reconstruir las operaciones y dar con la ruta de cada uno de los hechos, a partir de hoy todo será ventilado por los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot, ante el tribunal conformado por los jueces Nicolas Vico Gimena, Román Lanzón e Ismael Manfrín, en un juicio por el que desfilarán alrededor de 600 testigos.
Según detalló el fiscal Narvaja, los acusados enfrentan acusaciones por los delitos de estafa, lavado de activos y falsificación de documentos públicos, y se pedirán penas de prisión que van de 3 a 20 años, inhabilitación para ejercer cargos y profesiones y multas de diversos valores.
Narvaja explicó que las estafas se perpetraban a través de documentos y escrituras falsas, confeccionadas por escribanos públicos involucrados en la organización, por medio de los cuales se les quitó las propiedades a diferentes familias. «Se falsificaba la firma del verdadero dueño de la propiedad, se hacía un poder falso que luego se usaba para instrumentar otras escrituras que daban cuenta de una venta de dicha propiedad que en la realidad nunca se hizo», desmenuzó Narvaja. Y agregó: «En algunos de los casos se seguían instrumentando más compraventas, para que si la víctima se daba cuenta de lo que estaba pasando, hubiera dos o tres transferencias más de esa propiedad, lo que hacía prácticamente imposible que esas personas recuperaran su terreno».
Una de las causas más resonantes tuvo que ver con un campo de 124 hectáreas de la localidad de Villa Amelia que pertenecía a un juez ya fallecido. Sobre esa propiedad, se realizó una primera venta con un poder apócrifo y luego se realizaron varias operaciones más entre los acusados para darle apariencia de legalidad. Esa operatoria se repitió, con diferentes matices, con otras 9 propiedades.
Entra los imputados se cuentan el contador y empresario Marcelo Jaef, el escribano Eduardo Martín Torres, Juan Roberto Aymo, un vendedor de autos, y su pareja, Ramona Rodríguez.
También están en el banquillo de los acusados el empresario automotriz Leandro Pérez, los escribanos Luis María Kurtzemann, Juan Bautista Aliau y José Luis Gordó, un gremialista, Maximiliano González de Gaetano y su hija Magalí, Sandra Moresco, Omar Buscellatto, Andrés Martín y Vanina Viglione.
Cabe señalar que hubo dos implicados, el financista Jorge Oneto y el gerente de La Capital, Pablo Abdala, que llegaron a un acuerdo judicial por el cual resarcieron a los damnificados y no hubo acción penal contra ellos aunque deberán presentarse como testigos.
Antes de llegar a esta instancia, fueron condenados tres imputados en juicios abreviados, Jonatan Zarate, Juan Cruz González de Gaetano y Nicolás Aymo.