El Poder Ejecutivo remitió a Legislatura un mensaje de ley para extender por un año la ley provincial N° 14241, que declaró la emergencia en materia social, educativa y sanitaria, «con el objeto de dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para hacer frente a la crítica situación que atraviesan el país y nuestra provincia».

El objetivo político de la Casa Gris es que Legislatura sancione la semana próxima, previo al receso invernal, la extensión de la situación de emergencia. El mensaje fue remitido al Senado donde Unidos tiene los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas. La situación es diferente en Diputados donde debe lograr apoyo de otros sectores políticos para poder discutir el tema.

La emergencia para los tres sectores fue sancionada en los días previos a la Navidad de 2023 con la vigencia de un año y la posibilidad de prórroga -por decreto- por otros seis meses que se cumplieron el 23 del corriente.

La ley tuvo como finalidad la de garantizar el derecho a la educación y a la salud, a la seguridad alimentaria, y fortalecer las estructuras de promoción y protección de derechos en un período de alta criticidad social, siendo los Ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, de Educación y de Salud, las autoridades de aplicación.

El mensaje del Ejecutivo

En los fundamentos del mensaje que firman el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, se señala que «se mantienen vigentes los fundamentos que sustentaron la declaración legislativa de la emergencia en los ámbitos social, educativo y sanitario, así como su prórroga. En efecto, el contexto económico y financiero de la República Argentina, que continúa afectando a la Provincia de Santa Fe, torna institucionalmente obligatorio instrumentar las herramientas necesarias y adecuadas para enfrentar esta situación de excepción».

Admite que «a pesar de la mejora en algunos indicadores, persiste el deterioro del tejido social que originalmente fundamentó la declaración de emergencia, lo que justifica su continuidad». Menciona allí los indicadores de pobreza e indigencia elaborados por Indec e Ipec.

«Esta crisis económica impacta tanto en el mercado laboral como en el sistema de obras sociales, lo que provoca que numerosos beneficiarios recurran a hospitales y centros de salud. Como consecuencia, el sistema público de salud debe asumir la atención de una población cada vez mayor en sus establecimientos», dice otro párrafo.

Más adelante marca que «en un escenario nacional marcado por la discontinuidad de políticas públicas esenciales, el sistema de salud de la provincia de Santa Fe ha asumido responsabilidades que antes eran cubiertas por la Nación. A la interrupción de programas sanitarios claves se suma la irregularidad en la provisión de medicamentos, insumos críticos y vacunas, lo que ha obligado al gobierno provincial a reforzar su inversión y su capacidad operativa para sostener el acceso a la salud».

Para el Ejecutivo, la ley de emergencia fue un instrumento fundamental para la reorganización y mejora de la infraestructura educativa, la provisión de recursos materiales y la generación de estrategias destinadas a la protección y promoción del derecho a la educación. «No obstante, persisten desafíos estructurales que requieren un mayor compromiso en la consolidación de programas destinados a reducir la desigualdad educativa, garantizar el acceso universal a la enseñanza y mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos escolares».

Un decreto, el N° 219/24, aprobó el reglamento de contrataciones de bienes y servicios de las emergencias para que los órganos y entes que tienen a su cargo la gestión de las emergencias en seguridad y en materia social, educativa y sanitaria, cuenten con herramientas administrativas para implementar las medidas necesarias a fin de responder a las necesidades que demande la atención de tales emergencias, de acuerdo a las pautas estipuladas en las normas legales mencionadas.

Para el Poder Ejecutivo la agilización de procedimientos de contratación en situación de emergencia, «redunda en una gestión eficiente y transparente, a través de la implementación de modalidades adaptadas a las necesidades emergentes, como la licitación acelerada y la contratación directa».

También informa que los Ministerios de Salud, de Igualdad y Desarrollo Humano y de Educación, han llevado a cabo desde la vigencia de la ley más de 1600 procedimientos de contrataciones. «Ello ha generado un impacto significativo en la gestión de los recursos de las mencionadas jurisdicciones, posibilitando una respuesta ágil y efectiva frente a las demandas surgidas en el contexto de emergencia».

En el mensaje se adjunta un detalle de las gestiones realizadas por los tres ministerios en el ámbito de la emergencia.