Micaela Sánchez Malcolm trabaja desde hace más de veinte años en la intersección entre tecnología, políticas públicas y comunicación, combinando gestión, investigación y docencia. Entre 2019 y 2023 fue secretaria de Innovación Pública y condujo políticas de transformación digital del Estado, conectividad, telecomunicaciones e inclusión digital, y coordinó junto a Arsat planes de inversión en infraestructura estratégica: fibra óptica, desarrollo satelital, centros de datos y nube pública. Impulsó el desarrollo y expansión de herramientas y servicios públicos digitales y representó a la Argentina en ámbitos como el el Grupo de Economía Digital del G20.

La universidad y la investigación recorren en paralelo buena parte de esa trayectoria. Es docente de Ciencias de la Comunicación (UBA) e integra el Observatorio de Tecnologías, Sociedad y Ecosistemas Digitales y el equipo docente de la Diplomatura en IA y Sociedad. Su trabajo más reciente, Ni artificial ni inevitable, analiza la IA generativa y la soberanía tecnológica, la concentración de infraestructura y datos, los sesgos y las desigualdades de género, y propone pensar su gobernanza desde las condiciones de Argentina y América Latina. Hoy preside Géneras, desde la que impulsa investigaciones, publicaciones, formación y espacios de discusión sobre género, tecnología, IA y trabajo, además de Women in Tech Argentina. Asesora a la Presidencia de la Auditoría General de la Nación y, ad honorem, a la Cámara de Diputados en temas vinculados con tecnología, datos y sociedad.

En este diálogo con Página/12, reflexiona sobre la discusión en torno a la proliferación global de los data center: grandes plantas o granjas de servidores con miles de computadoras que sirven para alojar millones de datos como mega discos rígidos externos –la “nube” donde guardamos información-. Y también los grandes centros de procesamiento donde funciona la IA: cuando hacemos una consulta, esta viaja a un data center que devuelve la respuesta. En un contexto de explosión y expansión súper acelerada del uso de la IA generativa, la escala de esa infraestructura necesita crecer cada vez más rápido. En algunos casos, los grandes centros de datos consumen la misma cantidad de energía que las actividades industriales intensivas. Y es por eso que la discusión sobre dónde se instalen y localicen, excede a una decisión solo tecnológica.

Estas infraestructuras físicas requieren tres elementos disponibles de manera constante y sin interrupciones: electricidad para funcionar, agua para refrigerarse y suelo para instalarse. Los data centers nunca se apagan: funcionan constantemente y necesitan recursos de respaldo para garantizar sus servicios globales en continuado. Pero no todos son iguales: las distinciones van en su tamaño y tipología, pero fundamentalmente en la intensidad y capacidad.

Los mayores son los data centers de hiperescala, destinados a las empresas que concentran el mercado de servicios de infraestructura de nube como Amazon Web, Microsoft Azure y Google Cloude. Y también los que existen para entrenar modelos de IA como OpenIA, Anthropic, xAI, Google, Meta y Microsoft. Estos últimos son los que transformaron toda la ecuación energética y concentran muchísima más potencia por metro cuadrado, necesitando una refrigeración mucho más intensiva. Un centro de datos de hiperescala de IA puede consumir la electricidad de una ciudad mediana y el agua de decenas de miles de personas. Y eso convierte a la discusión sobre estas infraestructuras en definiciones políticas y no sólo tecnológicas: la conversación ya no transcurre por carriles separados (la tecnología por un lado y la energía, el ambiente o las inversiones por el otro). Esas variables se entrelazan en una definición básica: cómo se reparten el agua, el suelo y la energía, quién decide ese reparto, con qué reparos y con qué objetivos.

-En Argentina, a partir del Súper RIGI, se busca la llegada de grandes inversiones con pagos ínfimos de impuestos. Se habla de instalar data centers en la Patagonia. El Presidente alienta en la ONU la apertura irrestricta a estos negocios. ¿Cómo evalúa este presente?

-Argentina parece, una vez más, ir a contramano del mundo. Pero en este caso no se trata de exacerbar un rasgo de originalidad o de la irrupción de la argentinidad que tanto abrazamos. Mientras países de todas las latitudes están analizando, re-definiendo y estableciendo nuevas reglas para la instalación o expansión de los centros de datos para el desarrollo de la IA Generativa, Argentina produce marcos de inversión que se discuten en el Congreso bajo el paraguas de la “innovación”, el “crecimiento económico” y el “desarrollo”. Pero que, lejos de plantear marcos de desarrollo y crecimiento mutuo, funcionan más unilateralmente en favor de la inversión privada extranjera. Es una oferta sin precedentes de beneficios económicos, ambientales, fiscales y tributarios extraordinarios, por plazos que comprometen a los próximos siete gobiernos electos en el país.

El proyecto no define explícitamente las actividades comprendidas. Y sí habla genéricamente de “implementación o explotación de infraestructura tecnológica y digital estratégica”. Esa definición nos obliga a detenernos a pensar en el futuro de la infraestructura de la IA en el país con una ventaja: podemos hacerlo analizando lo que ya ocurrió o está ocurriendo en otros países y ciudades, donde los centros de datos llegaron antes.

-¿Y qué pasó allí?

-Se pasó de la efusividad inicial a la preocupación y luego a la restricción de las condiciones iniciales. El caso paradigmático es el de Irlanda: en 2021 decidió poner condiciones a los data center como generación propia de energía y uso energía renovable. Pero ya tenía infraestructura instalada o comprometida en más de 30 proyectos que quedaron en suspenso. Lo podemos analizar mirando el consumo: esa infraestructura con unos 70 edificios en operación, ya consumía el 14% de la electricidad del país en 2021, cuando apenas seis años antes representaban el 5%. Cuando el Estado reaccionó para frenar eso, la potencia comprometida por contrato era tan grande, que las nuevas exigencias no lograron frenar el consumo, que siguió subiendo hasta llegar al 22% de la electricidad nacional en 2024.

También Países Bajos frenó nuevos proyectos de estos centros hiperescaladores de procesamiento de datos, viéndose obligado a revisar su política territorial. Singapur suspendió la aprobación de nuevas instalaciones y sólo volvió a abrirlas con estrictas condiciones de eficiencia energética. En Nueva York se firmó en julio la primera moratoria estatal en Estados Unidos para data centers de hiperescala: pausaron por un año los permisos estatales ambientales hasta que se apruebe un marco regulatorio y un estudio de impacto ambiental más amplio. Virginia es la “ciudad de los data center”, el mayor mercado del mundo. Un solo condado -Loudoun- tiene más de 250 y el estado ronda los 340. El zumbido permanente, el alza del costo de la electricidad, la emisión de los generadores diésel -en una oportunidad obligaron a los vecinos a evacuar la zona– el consumo de agua y suelo y el cambio general del paisaje rural, elevan constantemente los reclamos.

– ¿Y qué está pasando en nuestra región?

-Miremos lo que está haciendo Brasil, que a principios de año creó Redata. Es un régimen tributario especial que otorga beneficios fiscales para atraer la instalación de centros de datos e impulsar la economía digital, pero estableciendo requisitos clarossobre la generación de energía renovable y contrapartidas de desarrollo local. Si bien se trata de un régimen nuevo, a diferencia de lo que plantea el Súper RIGI, Redata no deja la vinculación con actores científico tecnológicos locales a la voluntad de los inversores: exige que el 2% del monto destinado a los bienes adquiridos se destinen a invertir en instituciones locales y que al menos el 10% de la capacidad instalada vaya al mercado interno. Además las imponen una exigencia de eficiencia hídrica y del uso de energía renovable.

-¿Y en Chile, Uruguay?

–En Cerrillos, comuna de Santiago de Chile, se instaló el segundo data center de Google. En medio de una megasequía, el reclamo de la sociedad civil logró que en febrero de 2024 el Segundo Tribunal Ambiental obligara a rediseñar el proyecto por su uso del agua del Acuífero Central de Santiago. Entonces cambiaron el sistema de refrigeración de agua a otro por aire. En Uruguay existe un caso bastante similar, en Canelones: el diseño original preveía usar hasta 7,6 millones de litros de agua potable por día (lo que equivale al consumo de cerca de 55.000 personas). La presión ciudadana forzó a Google a reformular el proyecto, modificado a otro de refrigeración por aire en circuito cerrado. Esas modificaciones fueron posibles, no solo por la presión de la sociedad civil, sino sobre la base de una justicia activa y con la potestad de tomar decisiones por parte de los gobiernos de los países: eso no ocurriría en Argentina, de aprobarse el Súper RIGI que, además de los beneficios fiscales, le permite al inversor elegir el tribunal internacional para resolver cualquier disputa.

-¿Cuántos data center se instalaron en Brasil, Chile y Uruguay y cuánta mano de obra generaron?

-Es importante hacer una distinción. La mayoría de los centros de datos instalados hoy en la región son de nube de propósito general, o sea lo más “sencillos” que alojan sitios web y bases de datos de sistemas de gestión de empresas, y consumen menos energía que los dedicados a la IA. La infraestructura específicamente diseñada para IA es la que se está empezando a instalar –y la que quieren traer a la Argentina- es la que dispara la escala y la demanda energética de manera mucho más grande: tienen más potencia por metro cuadrado y más refrigeración. Sobre esa base, Brasil concentra la mayor cantidad de data center -alrededor de 200-, casi una tercera parte de la región (están sobre todo en San Pablo). En Chile están en la región metropolitana de Santiago -son alrededor de 65- y en Uruguay funcionan cerca de 10, en Montevideo y Canelones. La generación de empleo también está atravesada por una distancia marcada entre lo prometido y lo comprobable. Chile documentó bastante este proceso: al otorgar permisos a 17 proyectos los empleos fijos de operación no superan los 1600 puestos. El contraste es altísimo: una inversión enorme pero el empleo fijo, luego de haberlos instalado, es marginal.

–¿Qué significa la metáfora de “la nube”?

-Durante años se habló de la economía digital como si su infraestructura fuera inmaterial. La metáfora de “la nube” contribuyó bastante a esa idea etérea, desprovista de conflictos y disponible a toda hora y en todo lugar. Es un eufemismo muy efectivo que hace creer que el mundo se está desmaterializando. Pero no es así: la materialidad existe, solo que disociada del campo perceptivo directo de la persona usuaria. La nube inmaterial no existe. Lo que sí existe son servidores, edificios de miles de metros cuadrados, kilómetros de fibra óptica terrestre y submarina, subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, sistemas de refrigeración y generación eléctrica de respaldo. Enormes cañerías de refrigeración por las que corren millones de litros de agua potable. El suelo y el territorio donde todo eso ocurre, más la energía requerida, el agua potable necesaria, las emisiones de carbono generadas por los centros de datos (fundamentalmente en su construcción). Y el ruido.

–¿Son muy ruidosos?

-Claro. Son infraestructuras que funcionan las 24 horas, demandan más refrigeración los días de calor y generan más ruido cuando se activan los generadores eléctricos de respaldo. No solo son ruidosos sino que son persistentes: personas que viven en zonas de data center los describen como un zumbido grave y constante, difícil de tolerar. Se los percibe hasta cerca de un kilómetro de distancia.

-Qué hay de cierto en esa afirmación difundida de que por cada búsqueda que hacemos en IA se gastan 5 litros de agua para enfriar los servidores?

-Un estudio de referencia de la Universidad de California calcula alrededor de medio litro para una conversación entera de entre veinte y cincuenta preguntas. Pero no hay que perder de vista lo importante, el problema real es otro. Por un lado, los centros de datos se enfrían evaporando agua en torres de refrigeración. Si no lo hacen con agua, lo hacen con aire y sistemas de frío que usan mucha más electricidad. No se puede optimizar todo a la vez: menos agua suele significar más energía, y viceversa. Hay una segunda capa de agua que no suele mencionarse: la central eléctrica que alimenta al centro de datos también consume agua para generar esa electricidad, de modo que una instalación “seca” puede estar trasladando su huella hídrica a la energía que necesita la central que la abastece. La discusión pasa por cuánta agua y cuánta energía demanda una instalación enorme funcionando las veinticuatro horas, todos los días, en un territorio concreto que en el caso de Argentina puede estar en zonas que ya enfrentan estrés hídrico.

-Pensar esto permite anticipar problemas, prevenir.

-Exacto: demanda una planificación energética, ambiental, hídrica, de infraestructura de transmisión, un ordenamiento territorial y la participación de las comunidades involucradas en el marco de una política ambiental y de desarrollo más generales. Argentina tiene una posición, dentro de todo, ventajosa: hoy podemos proyectar cuál sería el impacto de que varios proyectos de gran escala llegaran a una misma región del país, qué energía demandarían de un mismo sistema de distribución, con qué disponibilidad hídrica, qué empleo real se generaría, cómo estas inversiones se articulan con el desarrollo local, no sólo de bienes, servicios y obras, sino también del entramado científico-tecnológico-universitario argentino.

-¿Qué relación tiene con todo esto la llegada de Peter Thiel a la Argentina?

-Argentina es mirada de cerca por presentar activos fundamentales para el desarrollo de esta infraestructura: tierra, energía, agua potable, regiones poco pobladas y una laxitud regulatoria alarmante. Por eso llega Peter Thiel, uno de los empresarios tecnológicos más influyentes del mundo, asociado a algunas de las compañías y redes de inversión que moldearon a Silicon Valley y que define los alcances del debate contemporáneo sobre la tecnología y sus vínculos con el poder y el Estado. Es un hecho noticioso en sí mismo. Pese a la enorme relevancia del involucramiento de Thiel en nuestra política interna, no es el único problema. Porque como él vendrán otros: fondos de inversión, empresas de IA, plataformas de nube, compañías energéticas y operadores globales de infraestructura. La expansión de la IA necesita cantidades crecientes de energía, territorio, infraestructura y capital. América Latina forma parte, una vez más, de esa búsqueda de los países centrales de bienes no renovables que consolidan una economía de enclave.

-El gobierno reduce el debate a estar a favor o en contra de la inversión. ¿Cómo se supera este falso binarismo?

-La cuestión es qué proyecto de desarrollo de país organiza esa inversión. Es evidente que Argentina necesita inversiones, lo que tenemos que discutir es el concepto mismo de inversión, poniendo el foco en el desarrollo de conocimiento que se generará en el país, la articulación con el ecosistema privado nacional y la agregación y la participación en cadenas de valor. Porque las decisiones que hoy tomamos sobre energía, agua, infraestructura digital, tierra, datos y capacidad tecnológica no terminan cuando una empresa inaugura una instalación. Mucho menos, si esas decisiones quedan protegidas por regímenes de estabilidad de treinta años con jurisdicción en el exterior con una perspectiva que parece centrada en el extractivismo, como propone el Súper RIGI.