Más de 30 proyectos se acumulan en el Congreso con propuestas de soluciones de todo tipo y color. El Gobierno se niega a tratarlas. Pero las señales de alarma por la mora en la Argentina ya son título de revistas especializadas y bancos internacionales. ¿Empujarán esas críticas a que Milei y Caputo traten el tema?
La morosidad en los créditos familiares ya no es sólo un problema de deudores y acreedores sino que también empieza a impacientar a los inversores, analistas de riesgo y observadores que monitorean de cerca la economía argentina para ver si hunden o no las inversiones que con desesperación busca el gobierno de Javier Milei. Solo en los últimos diez días, tanto la revista especializada The Economist como la consultora británica Oxford Economics advirtieron que el dato de mora compromete el futuro del plan económico argentino. Con el Presidente y el gabinete económico comprometidos en culpabilizar a los deudores por la situación mientras ellos mismos aseguran no tener injerencia ni responsabilidad, el Congreso de la Nación ve acumularse los proyectos de la oposición para intentar dar una solución al tema sin que la gestión libertaria los ponga en debate. Ya son más de 30 las iniciativas, muy variadas, para dar respuesta a la crisis de endeudamiento de las familias. El Gobierno impide que sean debatidas.
«Mantener el peso fuerte ayudó a controlar la inflación pero obstaculizó el crecimiento y aumentó considerablemente los préstamos no pagados», dijo The Economist hace diez días, en un artículo muy elogioso del intento de Milei de reformar la Carta Orgánica del Banco Central. La publicación, de respaldo al plan económico libertario, no evitó señalar las luces de alarma que aparecen en el horizonte para el Presidente. La mora es una de ellas. En la misma línea, la consultora británica Oxford Economics publicó en las últimas horas un documento destinado a sus clientes titulado “Argentina: El aumento de los préstamos morosos lastrará el crecimiento del consumo”. En ese texto, advierte: “El reciente aumento de la tasa de morosidad en Argentina refleja un problema que probablemente se agravará a corto plazo: los elevados y crecientes costos reales del crédito, junto con un débil crecimiento de los salarios reales. Esto seguirá frenando el crecimiento del crédito y limitando su contribución a la actividad económica, especialmente en sectores impulsados por el consumo privado”.
En el Congreso ya son más de 30 los proyectos que proponen distintos tipos de soluciones para el tema. Algunos van por la regulación de las tasas y el impulso al crédito responsable; otros idearon programas de refinanciación y alivio masivo de deudas; otro grupo propuso creación de mecanismos de “segunda oportunidad” para consumidores sobreendeudados; y finalmente algunos consideran que el fortalecimiento de la protección de los usuarios financieros frente a prácticas abusivas de cobranza podría ser una herramienta para encarar la situación. Entre los firmantes de los textos aparecen desde Miguel Pichetto hasta Natalia Zaracho, pasando por Itai Hagman, Guillermo Michel, Natalia De la Sota, Esteban Paulón, Victoria Tolosa Paz y Pablo Juliano.
Estos dos últimos legisladores, ella diputada nacional por el peronismo, él por el radicalismo, volvieron a presentar iniciativas en las últimas horas. Juliano, que integra el bloque Provincias Unidas tras abandonar a la UCR por mileísta, propuso regular de manera integral el ecosistema financiero digital en la Argentina. Según el diputado, no apunta a restringir la actividad sino a «fijar estándares mínimos de transparencia, responsabilidad e inclusión financiera sin descuidar la dignidad de consumidores y usuarios». «Una persona debe pagar sus deudas, pero el sistema tampoco puede condenarla a permanecer excluida o endeudada de por vida», señaló Juliano, remarcando que el objetivo final es la reinserción social y económica de los deudores sin premiar el incumplimiento ni aplicar cancelaciones automáticas.
El proyecto plantea:
- Prohibir las interfaces diseñadas deliberadamente para ocultar el costo real del crédito, incentivar endeudamiento acelerado o presionar mediante notificaciones permanentes de créditos preaprobados.
- Exigir que los sistemas automatizados de evaluación crediticia sean transparentes, auditables y cuenten con mecanismos de revisión humana para evitar sesgos discriminatorios u opacidad en las decisiones.
- Prohibir modalidades de hostigamiento, intimidación o violencia económica en la gestión de mora.
- Exigir una evaluación de la situación económica integral del usuario antes de otorgar nuevo financiamiento, evitando la acumulación desmedida de compromisos automáticos repartidos en múltiples plataformas.
Por su parte, Tolosa Paz puso el foco en su última presentación en quienes cobran la asistencia social a través de billeteras virtuales, para limitar las tasas, regular los algoritmos y proteger los ingresos de carácter alimentario –a semejanza de una iniciativa en ese sentido impulsada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil unos años atrás–. La diputada del peronismo detalla en su iniciativa un dato que la información oficial respalda: las personas de menores recursos (como, por ejemplo, quienes reciben la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar) se encuentran con condiciones de financiamiento más costosas y terminan recurriendo a créditos que pueden profundizar su situación de vulnerabilidad.
El proyecto lleva las firmas de otros 26 diputados, algunos firmantes de otros proyectos que apuntan a otros aspectos del complicado escenario del endeudamiento familiar. En este caso, enfocándose en los beneficiarios de la asistencia social, el texto prohíbe que las prestaciones puedan convertirse en garantía o fuente de cobro preferente para los acreedores y establece criterios para prevenir el sobreendeudamiento, transparentar el costo real de los préstamos y evitar prácticas discriminatorias. “El problema no es que las personas accedan a una billetera virtual. La inclusión financiera es algo positivo. El problema aparece cuando ese mismo sistema que recibe todos los meses un ingreso garantizado por el Estado utiliza esa previsibilidad para ofrecerle crédito a una persona vulnerable a tasas que pueden superar el 700% de Costo Financiero Total”, señaló Tolosa Paz.
Por el momento, ninguna de las iniciativas tiene la posibilidad de avanzar en el Congreso, ante la negativa de La Libertad Avanza, el PRO y sus aliados habituales de tratar el tema del endeudamiento familiar como un problema colectivo y no individual. Habrá que ver qué decisión toma al respecto el Gobierno si se siguen acumulando las críticas en el plano internacional.