Mientras el presidente de la comisión de Seguimiento de Vicentin en la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, pedía ayer que «se tomen las medidas necesarias» para impedir «la insolvencia fraudulenta» de directivos de la empresa agroexportadora, que atraviesa un concurso preventivo de acreedores con deudas por casi 100 mil millones de pesos, el juez federal de Reconquista, Fabián Lorenzini, volvía a avalar al directorio (ver edición nacional). Funcionarios del gobierno de Santa Fe mantuvieron ayer reuniones de trabajo con los principales acreedores de Vicentin  «en la búsqueda de alternativas suoperadoras». Por otro lado, organizaciones sociales, políticas, sindicales e instituciones de Reconquista y Avellaneda emitieron una declaración dando su apoyo a  la intervención del Estado «como garante de los derechos del pueblo argentino».

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, se reunió por video conferencia con el presidente y el gerente general de ACA, Claudio Soumoulou y Mario Roubino, respectivamente. Más tarde junto al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, mantuvieron un encuentro virtual con la Mesa Agropecuaria que integran la Confederación de Asociaciones Rurales Santa Fe, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural y Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada. Mientras el gobernador Omar Perotti con su equipo se reunieron por videoconferencia con la Asociación Gremial de Acopiadores y representantes de la Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda de la cual participó Gabriel Delgado.

De las reuniones se estableció a quiénes les debe Vicentin:

Deuda comercial en granos de 25.600 millones. El 50 por ciento de esta deuda, corresponde a acopiadores, de los cuales 6.867 millones de pesos son acopiadores santafesinos. 6.000 millones corresponen a ACA y 750 millones a la Unión Agrícola de Avellaneda.

Por otro lado,  la Multisectorial por la Soberanía Nacional y el Trabajo señala: «Es importante el rescate del Estado para defender la producción y el trabajo, evitando la quiebra y el desguace de una empresa importante en el mercado cerealero. Invitamos a la población a defender lo nuestro y evitar que bancos y acreedores internacionales, que reclaman una deuda de 33.137 millones en una presentación judicial en Estados Unidos, se queden con Vicentin».

«Consideramos que miles de puestos de trabajo y el cobro de la producción de pequeños productores están en juego. Estamos convencidos de que los préstamos a pymes e industrias deben ser para fomentar la producción y no para especular financieramente. Los trabajadores queremos producir y no que los empresarios compren dólares para llevarlos al exterior. ¿Dónde están los 300 millones de dólares que Vicentin recibió del Estado? Trabajadores, productores, pymes y ciudadanos, cuando no devuelven un préstamo sufren embargos de sueldos o les rematan su campo, casa o auto. ¿Por qué debería ser distinto con Vicentin? Identidad nacional y soberanía están en juego. Bancos y empresas extranjeras están como buitres para pegar el zarpazo sobre esta empresa que es tan necesaria para nuestro desarrollo regional y nacional. No convalidemos la irresponsabilidad de quienes van a llevar a la quiebra a cooperativas, productores y a la pérdida de miles de puestos de trabajo, estafando a miles de acreedores».

«Por la Soberanía Nacional, el trabajo y la producción apoyamos la intervención y el rescate por parte del Estado Argentino».