Estela González, de 54 años, falleció el fin de semana en la ciudad de Santa Fe, luego de casi dos meses de internación, tras haber sido baleada por su pareja, el policía César Muga, que está detenido desde el día del ataque. El hecho tuvo lugar el 1 de agosto, dentro de la vivienda que compartían en barrio Nueva Esperanza. Luego el agente se atrincheró, y tras varias horas, fue reducido por personal policial actuante que lo detuvo. El caso, que ahora será investigado como femicidio, llevó al agresor a audiencia imputativa por ese delito en grado de tentativa, en los primeros días del mes pasado.

El fiscal Roberto Olcese está a cargo de la investigación y en agosto, mientras la víctima permanecía internada en el hospital Iturraspe, imputó al acusado por intento de femicidio y pidió que transite el proceso penal en prisión preventiva. Ahora, se espera que se fije una nueva audiencia para readecuar la acusación.

Al relatar el hecho durante la audiencia de agosto, Olcese sostuvo que “alrededor de las 7 de la mañana, el imputado trató de matar (en ese momento no estaba concretado el femicidio) a su pareja en una casa del barrio Nueva Esperanza en la que convivían con otros integrantes de la familia”. Al respecto, remarcó que “la agresión fue en un contexto de violencia de género que él ejercía desde tiempo antes, en perjuicio de la víctima”.

El ataque fue cometido “con una pistola calibre 9 milímetros que tenía como arma reglamentaria. El policía disparó tres proyectiles que impactaron en el cuerpo de la mujer y le provocaron graves heridas”, especificó el fiscal; y agregó que en ese momento el imputado “no pudo concretar el objetivo de quitarle la vida porque las hijas de la pareja se interpusieron para resguardar a su madre”.

Asimismo, afirmó que “momentos después del ataque, llegaron a las inmediaciones de la vivienda agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) que habían sido alertados sobre lo sucedido. Al advertir la presencia de los miembros de la fuerza, el imputado disparó con su arma reglamentaria hacia ellos, quienes repelieron los proyectiles con escudos balísticos”, detalló Olcese. “El atentado fue para evitar que los uniformados cumplieran con su deber de aprehenderlo”, explicó.

Sin embargo, “el GOE finalmente privó de su libertad al atacante y le secuestró el arma de fuego utilizada para cometer los ilícitos”.

Cuando lo imputaron se indicó desde Fiscalía que el hombre estaba internado en el hospital José María Cullen, para «atención médica en función de su cuadro psicológico», y en aquel momento, ante un pedido de la defensa, el juez «dio intervención a la Junta de Salud Mental”.