La abogada de HIJOS Nadia Schujman y otros cuatro ex funcionarios del Ministerio de Seguridad que el pasado 26 de noviembre dejaban sus cargos y se vieron envueltos en un sorpresivo allnamiento por supuesto espionaje ilegal presentaron un escrito ante el Colegio de Jueces Penales de la provincia para solicitar la urgente intervención de un juez en la causa, ya que hasta el momento no tuvieron acceso a las constancias de la investigación. 

Schujman fue convocada en diciembre de 2019 por la gestión del entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain para ponerse al frente de la Dirección de Control Policial. Al parecer, la posibilidad de investigar y denunciar actos de corrupción en la fuerza policial inquietó a algunos sectores que rápidamente sin orden judicial se dispusieron a realizar un allanamieto ilegal en las oficinas del Ministerio de Seguridad, tanto en la sede de la ciudad de Rosario como en la de Santa Fe.

Tras la salida de Sain de la cartera de Seguridad,  su equipo siguió desempeñándose en sus tareas para darle tiempo al nuevo ministro Jorge Lagna de armar su propio equipo. El 26 de noviembre era el último día de trabajo de Nadia Schujman, Germán Montenegro, Sebastián Sánchez, Pablo Álvarez, Débora Cotichini, pero sorpresivamente, en un procedimiento ilegal, sin orden de un juez y sin testigos civiles, por orden de la fiscal Mariela Jiménez, fueron sometidos a requisas, se les secuestraron elementos personales y se secuestró documentación para una causa que investigaba supuesto espionaje ilegal a cargo del Ministerio Público de la Acusación. Todo el procedimiento se realizó fuera del marco legal. 

Luego, los funcionarios solicitaron a Fiscalía que se les informe los motivos por los que se los investiga y una fecha de audiencia imputativa, pero jamás obtuvieron respuesta alguna.

Los plazos legales siguen corriendo, «nos encontramos en una fecha en que la Fiscalía debería exhibir a las defensas la totalidad del legajo poniéndolo a disposición para que pueda controlar el curso de la investigación. Sin embargo, no sólo no ha entregado dicho material sino que –por los medios de comunicación, en algo que ya parece una (mala) costumbre del MPA vernáculo- ha hecho trascender que en virtud de alguna presunta complejidad (que no logramos entender en qué radica) recién citarían a imputativa en el mes de febrero», plantea el abogado Juan Lewis en el escrito.

Ante la falta de respuesta del MPA y noticia sobre la fecha dispuesta para la audiencia imputativa, «nos lleva a solicitar judicialmente las copias del legajo a efectos de poder controlar la colecta de evidencia, conforme lo habilita el art. 259 2º párrafo CPPSF. Y, ante la negativa del MPA, y la afirmación de la existencia de una presunta ‘complejidad’ que no debería ser tal, solicito la intervención de ese Colegio de Jueces a efectos de que se disponga judicialmente el acceso a las constancias de la investigación practicada. En efecto, no pueden ser los fiscales quienes dispongan caprichosa e inopinadamente la calificación de “compleja” a la presente investigación. Tal mote, y las consecuencias que pretende el MPA, corresponde sean evaluadas y decididas por un juez».

El documento solicita que en forma urgente el Colegio de Jueces Penales fije una fecha de audiencia «para discutir judicialmente el acceso a las constancias de la investigación que, hasta el momento, nos viene siendo injusta e ilegalmente negado», finaliza el documento presentado por los exfuncionarios del Ministerio de Seguridad.