Finalmente, y pese a su aviso previo de no dar quórum, Gisela Scaglia terminó acompañando el proyecto de reforma laboral que ahora deberá volver al Senado para su aprobación definitiva.

Al justificar su voto, la exvicegobernadora señaló la “urgente necesidad” del país por cambiar las reglas de un juego que, de acuerdo a su testimonio, arruina a la pequeña y mediana empresa por permitir una “alta litigiosidad” y su consecuente “industria del juicio”.

Scaglia vinculó así su decisión a la convicción de que “es lo mejor para Argentina”, aunque aclaró que “ninguna reforma laboral genera trabajo mágicamente”.

Luego realizó una serie de cuestionamientos sobre el contenido del proyecto y por haber tenido «un tratamiento exprés en el que no se permitió cambiar ni una coma”. Según explicó, esto se debió a la “urgencia” del presidente Javier Milei por “llegar a su discurso del 1 de marzo celebrando que tiene la reforma laboral aprobada”.

En cambio, planteó que le “hubiera gustado» retocar lo referido al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), «que quedó como un fondo obligatorio que se quitará del sistema previsional argentino”, en referencia a que es una suma que actualmente se destina a la ANSES. En ese sentido, reconoció que le “hubiese gustado” que quedara establecido “de dónde el sistema previsional va a recuperar esos fondos”.

“También podría haber quedado como fondo voluntario, en vez de obligatorio, para que las empresas elijan si destinarlo a las indemnizaciones o a las jubilaciones”, planteó en diálogo con Aire de Santa Fe.

En cuanto a los jubilados, Scaglia señaló que “el tema de fondo es la necesidad de una reforma previsional para que puedan tener previsibilidad respecto de sus haberes”. “Esto lo hicimos en 2017 y el kirchnerismo lo revirtió: nos costó 14 toneladas de piedras”, argumentó.

Por último, la diputada nacional habló de la “parte positiva” de la reforma: “A las empresas les va a permitir no tener que pagar montos ridículos por una indemnización y también que disminuyan los juicios laborales”, dijo.

Y agregó: “Tiene incentivos para registrar trabajadores y reconoce que hay nuevas formas de trabajo en plataformas, aunque quizá no de la forma más deseada por los trabajadores. También plantea incentivos para la pequeña y mediana industria a través de un RIMI”.

“Si un neurocirujano está haciendo un certificado trucho, algo está mal. La industria del juicio le hizo ganar mucha plata a mucha gente. A veces pagan justos por pecadores, eso también es cierto”, cerró Scaglia.