Otra forma de ajuste en la factura de la luz
El tema disparó un pedido de informes al Ejecutivo. Detectan quitas sin razón de tarifa social a usuarios de ingresos bajos, y montos quintuplicados
Más de 260 quejas y consultas que se acumulan desde junio en la Oficina Municipal del Consumidor dieron cuerpo a una denuncia desde ese organismo que depende del Concejo Municipal, y un pedido de informes en la Legislatura al gobierno de Maximiliano Pullaro. En resumen, intuyen que la distribuidora eléctrica eliminó de su esquema de tarifas sociales a un gran número de usuarios, que de un mes para otro se ven en el aprieto de afrontar facturas cuatro o cinco veces más caras.
El síntoma surgió en el mostrador de la oficina municipal sita en Córdoba 852. «Primero eran reclamos o consultas sobre la falta de factura en papel, por el proceso de digitalización que encaró la EPE con su oficina virtual. Pero ahí empezamos a detectar incrementos groseros en los montos a pagar por el servicio», reveló la secretaria de la agencia municipal, Silvana Teisa. «Pensamos que era algo que afectaba a los adultos mayores, porque los excluía esta brecha tecnológica, pese a que la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 establece que la información debe ser precisa y clara para el usuario, y para estos casos no se cumple», agregó.
Pero al examinar los casos que fueron sumándose, con mayor frecuencia que antes, Teisa advirtió una nota dominante: usuarios que antes estaban contemplados en alguna forma de tarifa social, por jubilado, pensionado o persona con discapacidad, y que ahora la factura desconocía ya tal condición. Por lo tanto, un suministro eléctrico pasó de una factura de 20.000 por cuota mensual a otra de 110.000 pesos. «Y el titular nunca dejó de ser Nivel 2, con un ingreso declarado inferior a 200.000 pesos. Conclusión: la EPE le sacó la tarifa social. Estiman, en base a datos extraoficiales, que la empresa provincial habría eliminado alrededor de 15.000 beneficiarios de tarifa social.
Teisa citó casos de jubilados que, con un haber constante de $700.000, estaban contemplados dentro del subsidio nacional del RASE para ingresos bajos, pero al cobrar el aguinaldo perdieron el beneficio por superar el límite. Luego, en los meses siguientes, ese jubilado siguió cobrando lo de siempre, pero la EPE no le devolvió su status que lo hace acreedor del subsidio. Parece que la Provincia aplica la motosierra con los más vulnerables», apuntó.
También sumaron quejas de familias que habitan asentamientos irregulares cubiertos por el plan Luz Segura, con el que la EPE, para mitigar el impacto de las conexiones clandestinas, instaló medidores comunitarios que no mensuran cada consumo hogareño sino que limitan el servicio para evitar averías y cobra una tarifa básica. Sin embargo, beneficiarios de ese programa aparecieron con facturas con consumos supuestamente medidos y muy por encima de los valores habituales.
«Le cobran un consumo que, por otra parte, no sabemos cómo lo han calculado en el caso de los medidores de Luz Segura. La EPE debiera dar una explicación, pero cuando pedí reunirme no tuve respuesta», señaló la titular de Defensa del Consumidor. «Lo absurdo y cruel es que es un programa que en su momento se hizo para incluir a determinados barrios en un servicio eléctrico normal y seguro, y ahora se los vuelve a expulsar, porque con esas facturas impagables lo que van a conseguir es que la gente tienda a engancharse de manera clandestina», analizó.
El asunto se ventilará hoy en una conferencia que brindarán Teisa y la concejala María Fernanda Gigliani. Los diputados provinciales del peronismo Lucila De Ponti y Miguel Rabbia, en tanto, elevaron ayer un pedido de informes al Ejecutivo. Exigen que el gobierno explique por qué «usuarios beneficiados con tarifa plana por medidor comunitario han sido cambiados de categoría», y aclare si «se ha procedido a la quita de tarifas sociales durante 2024 y 2025». «La imputación de consumos energéticos, muchas veces está lejos de coincidir con la realidad, producto de estimaciones y no de verdaderas mediciones, y engrosa las facturas o produce la pérdida de beneficios, agravando la situación», señala el escrito presentado a Legislatura.
Teisa reprochó: «Vemos claramente que hay una decisión política del gobierno provincial de hacer los mismos ajustes y usar la misma motosierra, que el gobierno nacional sobre los más vulnerables, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de aviso previo a los propios usuarios».