Con la aprobación de la ley que prohíbe la actividad de cuidacoches en todo el territorio santafesino, distintas organizaciones sociales salieron a cuestionar la medida, advirtiendo que no se abordan las causas de fondo de la problemática. Desde la Pastoral Social de la Iglesia, que participaron activamente del debate, plantearon que la prohibición no hará que desaparezca la realidad social que atraviesan los cuidacoches. Una mirada similar sostienen desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, donde definieron a la medida como “humo para la tribuna que no resuelve nada”. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Rosario entienden que la normativa solo “profundiza el conflicto social”, en un contexto marcado por la crisis económica, el empleo informal y la pobreza.

El jueves pasado, el Senado santafesino dio sanción definitiva al proyecto que prohíbe la actividad de cuidacoches en toda la provincia. La normativa establece sanciones que van desde la realización de trabajo comunitario y hasta penas de 20 días de arresto para aquellas personas que cobren por ofrecer estacionamiento en la vía pública, como así también la guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos. La ley, impulsada por el senador rosarino Ciro Seisas, establece un marco general que ahora cada municipio deberá adoptar a sus realidades, dictando sus propias ordenanzas.

El trámite legislativo de la normativa se extendió durante varios meses, principalmente por la resistencia de algunos sectores, como la Pastoral Social de la Iglesia, que pedían diferenciar la situación de quienes realizan la tarea por necesidad o subsistencia, de quienes participan de “mafias organizadas” que ejercen control sobre la calle. En ese sentido, las modificaciones planteadas en Diputados ponían el foco de las sanciones en quienes exigieran “de modo intimidatorio el pago de una suma de dinero”. Sin embargo, el Senado rechazó las modificaciones e insistió con la versión original, ordenando al Poder Ejecutivo a instrumentar “acciones de prevención e inclusión social”.

Con la aprobación, diversas organizaciones sociales manifestaron su descontento con la iniciativa. “Mantenemos lo que dijimos desde el principio, que incluso son palabras del Obispo: no es una cuestión de prohibir, sino de ordenar”, explicó Silvina Vaghetti, de la Pastoral Social de Rosario. “No estamos del todo de acuerdo con la ley. Prohibir no significa que desaparezca la realidad social que atraviesan los cuidacoches. Y ponemos el énfasis en diferenciar lo que es una actividad ilícita, que rechazamos, de quienes lo realizan para mantener una familia o encontrar un modo de vida”, completó.

Para la referente local de la Iglesia, ya existen herramientas reglamentadas, bajo figuras tipificadas, para aplicar contra personas que amenazan, extorsionan o agreden en la vía pública. En ese sentido, remarcó la mirada que sostuvo la Iglesia durante todo el debate, de avanzar hacia un “ordenamiento” de la situación, con el foco puesto en un abordaje social y la generación de opciones laborales. “Creo que debemos empezar a ser creativos en cuanto a cómo vamos a responder frente a eso”, explicó en diálogo con Radio Sí98.9.

Desde el Foro contra la Impunidad de Santa Fe también salieron a pronunciarse, señalando que la normativa tiene un espíritu “punitivo”, que no ataca las causas del problema. “Nos parece que se relaciona con los tiempos que estamos viviendo, donde parece que estuviera bien avanzar contra los más débiles y congraciarse con los poderosos. Hay una mirada, incluso de parte de la sociedad, que acompaña este tipo de políticas punitivas que no resuelven nada”, evaluó Froilán Aguirre, miembro de la organización. “La gran mayoría es gente que tiene que llevar un plato de comida a la casa y los están empujando a una situación de cada vez mayor gravedad”, añadió.

En diálogo con Rosario/12, el dirigente consideró que las situaciones extorsivas o violentas suelen darse principalmente en eventos masivos, donde las autoridades ya tienen herramientas para actuar. “Me parece que debemos pensar maneras de solucionar esta situación atacando las causas, sin caer en una persecución punitiva a los sectores más vulnerables. Sobre todo, ante un panorama económico que es cada vez más excluyente y expulsivo.”, expresó y agregó: “En gran medida no deja de ser humo para la tribuna que no resuelve nada”.

Por su parte, Victoria Clerici, referente del MTE Rosario, anticipó que la aplicación de la normativa provincial pondrá “en aprietos” a algunos gobiernos locales, entendiendo que la situación es más compleja de lo que se puede abordar en el texto de la ley. “La ley se aprobó el jueves y ya vi varias notas de funcionarios e intendentes poniendo cautela sobre el tema. Quienes gestionan los municipios son los que viven la cotidianidad, tanto de los episodios violentos que puedan darse y que se deben resolver, como de las necesidades que pasa la gente, rebuscándoselas para generar unos mangos en la calle, sea vendiendo pizzas, rosquitas, o cuidando un auto”, evaluó en diálogo con Rosario/12.

En ese sentido, la referente barrial planteó que la situación se complejiza cuando se piensa en el contexto: esta semana se conocieron nuevos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) que advierten una suba de la desocupación al 11,5% en el Gran Rosario durante el segundo trimestre del año, que representa el índice más alto del país. “La gente se la rebusca como puede. Prohibir esa actividad profundiza un conflicto social con un sector grande de la población, sobre todo varones jóvenes, muchos de ellos en situación de calle y atravesando problemáticas de consumo”, sostuvo y añadió: “No es prohibir una actividad y con eso terminás el conflicto. ¿Qué va a pasar con esos compañeros? Esa es la propuesta que no estamos viendo”, agregó.