La semana pasada, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto que levantó cierta polémica en la Legislatura. La iniciativa proponía autorizar al Tribunal de Cuentas a constituir un fideicomiso para la creación de viviendas destinada a los trabajadores del propio organismo, que se integraría con un aporte obligatorio de su salario mensual, pero compensados con las contribuciones patronales que realiza el gobierno provincial por cada empleado. El diputado provincial Fabián Palo Oliver definió al mecanismo como “una obra de ingeniería” que traslada el costo al Tesoro provincial porque “lo que se aporta por una ventanilla lo devuelve el Estado por otra”. El legislador del Frente Amplio por de la Soberanía (FAS), estimó una erogación cercana a los 5.000 millones de pesos anuales y advirtió un conflicto de intereses en el tribunal que preside Oscar Biagioni, sobre quien ya impulsó un pedido de juicio político por su vinculación en una causa de defraudación al Estado. La iniciativa no tuvo acuerdos en la comisión de Vivienda y la decisión es archivarlo, aunque no descartan que pueda volver a presentarse con modificaciones.

El proyecto plantea que se faculte al Tribunal de Cuentas de la provincia a celebrar un contrato de fideicomiso destinado a la construcción de viviendas, o adquisición de inmuebles para recreación, que tenga como beneficiarios a los propios trabajadores del organismo.

El texto propone que el fideicomiso se integre con el aporte obligatorio del 3% de la remuneración mensual del personal permanente del organismo. Pero al mismo tiempo, dispone que ese aporte sea “compensado en su totalidad por la contribución del Estado provincial”, imputándose a las contribuciones patronales del Estado empleador.

La norma propone que el Tribunal de Cuentas actúe como fiduciante, mientras que el fiduciario será “una entidad oficial con experiencia comprobada en la gestión de fideicomisos”, que deberá rendir cuentas ante el fiduciante, los beneficiarios y las Cámaras legislativas.

Además, crea una Unidad Ejecutiva integrada por tres representantes del propio Tribunal y uno por cada uno de los Ministerios de Economía y de Obras Públicas, con funciones de coordinación. Las reglamentaciones necesarias para el funcionamiento de la Unidad Ejecutiva quedarán en manos del Tribunal de Cuentas.

El proyecto fue ingresado en Diputados en noviembre del año pasado, por Juan Argarañaz, del bloque Inspirar. Desde entonces permaneció en la comisión de Vivienda y Urbanismo sin movimientos, hasta que a mediados de junio definieron tratarlo.

La decisión llamó la atención de Palo Oliver, que adelantó su rechazo en redes sociales, con una serie de posteos que cuestionaban el proyecto y advertían la “urgencia” del Tribunal de Cuentas en el tema. En la reunión de comisión de la semana pasada la iniciativa finalmente no tuvo el acompañamiento de los bloques y la decisión es que pase a archivo.

Rechazo

Según Palo Oliver, el fideicomiso que en principio se financiaría con el aporte del personal, en los hechos luego se devuelve íntegramente al trabajador con un “plus” en las contribuciones patronales. Eso implica que el costo no recaería sobre los empleados, sino sobre el Tesoro provincial. En un cálculo rápido realizado sobre alrededor de 300 trabajadores que componen el Tribunal de Cuentas, y contabilizando la categoría que menos gana, el legislador estimó un compromiso anual que supera los 5.000 millones de pesos del Estado provincial, para un beneficio habitacional destinado exclusivamente a los trabajadores de un único organismo.

“El mecanismo es una obra de ingeniería, porque en el papel los empleados aportan una parte de su sueldo que, en la realidad, después se los devuelve el Estado por la otra ventanilla”, remarcó el legislador en diálogo con Rosario/12.

“Son más de 5.000 mil millones de pesos al año para que el organismo que fiscaliza al resto del Estado tenga, además, su propio loteo. Al docente se le dice que no hay plata para actualizar el sueldo, pero al controlador, en cambio, se le construye la quinta”, cuestionó.

Para el legislador el proyecto pone al Tribunal de Cuentas en una posición incompatible con su función. “Lo convierte en fiduciante, administrador y, a través de su personal, en beneficiario de una caja integrada con fondos públicos”, explicó y advirtió que la situación representa un conflicto de intereses donde el organismo pasa a ser “gestor de un privilegio propio”.

También remarcó que la iniciativa instituye un beneficio sectorial que supone “un problema de razonabilidad y de prioridad en la asignación de recursos, en un contexto de restricción presupuestaria invocada para el resto del sector público”.

La semana pasada, cuando se trató en comisión, asistieron representantes de la Asociación del Personal de los Tribunales de Cuentas de la República Argentina (Apetcra), para defender el proyecto. Se trata de un gremio de alcance nacional que nuclea a buena parte de los trabajadores del organismo en la provincia, pero no cuenta con la personería para actuar jurisdiccionalmente, por lo que no tienen representación en la mesa paritaria del sector estatal, como ATE y UPCN.

“Por eso ellos no pueden, como otros sindicatos, acordar con el gobierno la posibilidad de incluir dinero para viviendas de los aportes que hace la patronal”, aclaró Palo Oliver.

Parte del planteo esbozado por los impulsores del proyecto es la transparencia que aporta la herramienta del fideicomiso. “Es cierto que un fideicomiso se supone que debería ser transparente, pero no es el Tribunal de Cuentas el lugar para conformar un fideicomiso. Es el único organismo del Estado que no tiene control cruzado. Tienen su presupuesto y nadie los controla”, expresó y agregó: “En la comisión el proyecto no tuvo acuerdos y la decisión es archivarlo. Pero también quedó la posibilidad abierta de que, con modificaciones, se pueda llegar a discutir. Para nosotros no corresponde”.

La sombra de Biagioni

Para Palo Oliver, el análisis de la iniciativa no puede dejar de lado el contexto: el Tribunal de Cuentas está presidido por Oscar Biagioni, un funcionario involucrado en diversas causas judiciales y sobre quien recae un pedido de juicio político.

Se trata de un funcionario con largo recorrido en el Estado, convalidado por todos los gobiernos. Pasó por la secretaría de Seguridad durante el gobierno de Carlos Reutemann y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante la gestión de Hermes Binner. También fue asesor en la Legislatura del senador de San Lorenzo, Armando Traferri.

Su ingreso al Tribunal de Cuentas fue en 2015 y en 2021 su pliego fue renovado de forma ficta, es decir, sin ser votado por la Legislatura, una vez vencidos los plazos correspondientes.

Para ese entonces, pesaban sobra la figura de Biagioni diversas denuncias por abusos y hostigamientos a trabajadores del área. En 2025, el propio Palo Oliver promovió un pedido de juicio político a partir de elementos surgidos de la causa D4, donde se investigan irregularidades en la reparación y provisión de autopartes para móviles policiales.

La causa, que se inició por una denuncia anónima, tiene entre los condenados a los exjefes policiales Omar Odriozola y Rafael Grau, por haber montado un esquema de desvío de fondos públicos, con facturación trucha de arreglos innecesarios y repuestos inexistentes.

En la investigación, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez revelaron una comunicación telefónica donde Biagioni se ponía a disposición de Grau para brindar información. También nombran al supuesto “buche” que denunció la situación, una persona que dos días después fue intimidada y golpeada en la vía pública.

Por todo ese contexto, Palo Oliver apuntó contra Biagioni, pese al rechazo de la iniciativa legislativa. “La verdadera pregunta que esta ley deja flotando es cómo se sostiene a alguien tan cuestionado en un cargo del que depende el control de toda la administración”, cuestionó y agregó. “Esto no es un fideicomiso de viviendas. Es un quiosco con escritura pública. Y el único requisito para ser beneficiario pareciera ser estar adentro, y callar. Hay que preguntarse a quién beneficia este proyecto, si avanza más adelante, y por qué”.