Las instituciones del sector discapacidad sostienen que el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) empeoró una situación que ya era compleja. Según denuncian, la medida adoptada por el gobierno “no permite cumplir con los compromisos” del organismo y esto redunda en atrasos de varios meses en los pagos y dificultades para la realización de trámites “por falta de personal y burocracia del Estado”. A ese panorama se le suma la decisión del gobierno de no implementar la ley de emergencia en discapacidad, desoyendo una orden de la Justicia. “En Rosario tenemos varios espacios que están cerrando sus puertas, porque se hace insostenible”, advirtió Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis).

A finales de diciembre, el gobierno nacional informó el cierre de la Andis, adelantando que sus funciones pasarían a ser absorbidas por una secretaría dentro del Ministerio de Salud de la Nación. El anuncio se dio a finales de un año en que la agencia quedó envuelta en un escándalo por corrupción, con una causa judicial que investiga una presunta trama de coimas dentro del organismo, con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, como una de las principales apuntadas. Según el gobierno, el anuncio no implicaría recortes en pensiones ni prestaciones. Sin embargo, las instituciones santafesinas del área discapacidad aseguran que la situación, en pocos días, empeoró.

“La justificación que el mismo gobierno da para el cierre de la agencia tiene que ver con poder darle mayor agilidad en la gestión. Pero la realidad es que hay muchas cuestiones que se han complejizado fundamentalmente porque hay menos trabajadores a causa de los despidos que se produjeron desde que asumió el actual gobierno”, explicó Chapero en diálogo con Rosario/12. “Esta nueva restructuración disminuye significativamente los trabajadores y funcionarios que van a estar a cargo. Se siguen eliminando recursos humanos que son necesarios para poder acompañar la gestión de las políticas públicas ligadas a la discapacidad”, añadió.

En ese sentido, la dirigente consideró que las dificultades irán en ascenso. “Hoy la situación no permite cumplir con los compromisos que tenía la Andis. En varias situaciones nos han planteado que las demoras se dan por falta de personal que pueda dar gestión a esos pagos y a la burocracia del Estado. Estamos en enero de 2026 y muchos prestadores aún no recibieron el cobro correspondiente a octubre pasado”, expresó y agregó: “Eso impide afrontar las obligaciones que tienen las instituciones con sus trabajadores, pero también con cuestiones tributarias que son atinentes al ejercicio de la actividad. Algunas prestaciones se dejaron de brindar y los problemas se van a ir incrementando”.

Sin embargo, más allá de las intenciones del gobierno, para Chapero el cierre de Andis y el traspaso de sus facultades al Ministerio de Salud implica un “retroceso” en las políticas de discapacidad: “Es pensar a la discapacidad como una problemática del orden sanitario que afecta solamente a la salud de las personas, cuando es algo transversal. Implica dejar afuera estrategias de inclusión laboral o educativas. El área de discapacidad debe poder articular con todos los ministerios que fueran necesarios para pensar las políticas públicas”.

Emergencia

Para el colectivo de personas con discapacidad, el 2025 fue un año intenso en donde lograron aprobar la ley de emergencia en discapacidad y después ratificarla en el Congreso, ante el veto del presidente Javier Milei. Durante el debate por el Presupuesto 2026, el gobierno intentó derogarla mediante el artículo 75. Esa situación volvió a movilizar a las organizaciones que consiguieron otra vez el respaldo de los legisladores. Pero el gobierno se niega a implementarla. La batalla también se da en la Justicia, a través de un grupo de familias damnificadas por su incumplimiento. A mediados de diciembre, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó la ejecución de la ley en todo el país y advirtió que aplicaría multas a funcionarios, si se sigue desobedeciendo esa orden.

En los últimos días, el Ejecutivo solicitó más tiempo para cumplir con la normativa. Desde Apridis sostienen que ni las personas con discapacidad, ni las instituciones, pueden soportar más dilaciones. “Ya están cerrando los espacios y se están dejando de brindar los servicios. Diciembre fue un plazo que varias organizaciones se plantearon para ver cómo se llegaba y muchos dejaron de funcionar o prestar servicios”, sostuvo Chapero. Y añadió: “La implementación es una cuestión urgente y lo único que permitiría generar son condiciones mínimas para que el sistema pueda seguir funcionando”.

Para Chapero, se trata de un panorama “muy triste” que tiende a la concentración. “Quienes tienen espacios más grandes, con más concurrencia y con mayores recursos van a tender a concentrar a la población y a dar atención, al mismo tiempo que van a disminuir la cantidad de prestadores más pequeños. Es lo que está sucediendo en líneas generales con la política que implementa este gobierno”, evaluó. “En Rosario tenemos varios espacios que están cerrando sus puertas, porque se hace insostenible”, completó.