Un grupo de diputados y diputadas provinciales ingresaron un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, detalle el estado sanitario y las políticas de bienestar destinadas a la Policía provincial y al Servicio Penitenciario. La iniciativa, presentada por el peronista Miguel Rabbia, solicita datos precisos sobre licencias médicas, enfermedades profesionales, suicidios, régimen laboral y acceso a prestaciones de salud, en un contexto de reclamos recientes por condiciones de trabajo.

El proyecto requiere que el Ejecutivo informe la cantidad de licencias médicas solicitadas durante 2024 y 2025, con detalle de tipo, distribución territorial, duración y si fueron autorizadas. También pide un registro de las enfermedades profesionales reconocidas dentro de las fuerzas de seguridad y estadísticas de suicidios sin límite temporal.

Entre los puntos centrales figura el funcionamiento de la Dirección Provincial de Autoseguro de Riesgos de Trabajo (Dipart), organismo cuestionado en relevamientos previos por parte del personal policial. La Cámara solicita además que se informen las medidas de bienestar actualmente vigentes, tanto para agentes activos y retirados como para sus grupos familiares, con especial énfasis en atención psicológica, atención médica, alimentación, descanso, vivienda y transporte.

El pedido incluye detalles sobre las modalidades y cargas horarias que cumplen los efectivos y consulta si el Gobierno prevé realizar un nuevo Censo Policial, como los desarrollados en 2016 y 2020, para actualizar la información sobre la situación de la fuerza.

En los fundamentos, Rabbia señala que la función policial implica un entorno laboral complejo, con jornadas extensas y exposición permanente a situaciones de riesgo, lo que impacta tanto en el desempeño profesional como en la vida personal de los agentes.

La presentación se produce luego de protestas protagonizadas por efectivos en actividad, retirados y familiares, que reclamaron mejoras laborales y mayor acceso a la atención sanitaria, especialmente en salud mental. Las manifestaciones se intensificaron tras el fallecimiento de un policía que se encontraba con licencia médica en la Jefatura de la Unidad Regional II, en Rosario.

Rabbia contó con el aval y acompañamiento de legisladores de distintos bloques opositores mayoritarios: “Somos vida” de Amalia Granata; Celia Arena y Marcos Corach, Lucila De Ponti, Verónica Baro Graf y Sonia Martorano por el justicialismo; y también de los ediles Silvia Malfesi, Natalia Armas Belavi, Edgardo Porfiri, Beatriz Brouwer y Fernanda Castellani.

Los antecedentes citados en el proyecto remiten a los resultados de los censos policiales realizados en 2016 y 2020. Según el relevamiento de 2016, el 20,9 por ciento de los agentes autoevaluaba su salud como regular y el 2,5 por ciento como mala. En octubre de 2019, la Dirección de Medicina Legal informó que 302 agentes tenían licencias de larga duración —el 40 por ciento por motivos de salud mental—, 1131 estaban asignados a tareas diferentes por razones sanitarias y 1197 contaban con carpeta médica, en su mayoría por patologías clínicas.

El Censo Policial 2020 registró que el 52,9 por ciento de los encuestados había tomado licencia por problemas de salud y que el 26,8 por ciento de esas licencias eran de larga duración. Dentro de ese grupo, las causas se distribuían entre afecciones de salud mental, clínicas y traumatológicas. Además, el 28,5 por ciento manifestó haber sufrido accidentes laborales y cuatro de cada diez evaluaron de manera negativa el funcionamiento de la Dipart. En materia de salud mental, alrededor de la mitad indicó haber atravesado situaciones críticas que requerían acompañamiento psicológico, aunque un 44,6 por ciento afirmó no haberlo recibido.

Los datos también reflejaron condiciones laborales y habitacionales. En 2016, cuatro de cada diez policías cumplían funciones en un destino distinto al de su residencia familiar. El 74,1 por ciento tardaba hasta una hora en llegar al trabajo, mientras que un 21,9 por ciento demoraba entre dos y más de cuatro horas. En 2020, sólo el 33,5 por ciento declaró ser propietario de su vivienda, el 79,9 por ciento señaló ser el principal sostén económico del hogar y el 56,5 por ciento expresó una percepción negativa sobre su salario.

Respecto del régimen laboral, la mitad de los encuestados en 2020 indicó que cumplía turnos de 24 horas corridas con 48 horas de descanso; el 47,9 por ciento realizaba servicios adicionales y el 28,8 por ciento consideraba excesiva la carga horaria.