La concejala Majo Poncino presentó un pedido de informes en el Concejo Municipal de Rosario para que el Departamento Ejecutivo Municipal y el Gobierno provincial brinden explicaciones detalladas sobre las intervenciones estatales realizadas en el caso de Luna Aylén Zárate, la adolescente de 13 años que fue hallada sin vida tras haber estado desaparecida.

La identificación de Luna Zárate en el Instituto Médico Legal (IML) se produjo el 28 de enero, 34 días después del siniestro vial que terminó con su vida. Luna había salido de su casa el 23 de diciembre, para encontrarse con un chico, y pocas horas después, en la madrugada del 24, fue atropellada por un auto en Circunvalación y Avellaneda. El conductor la auxilió, la niña fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, pero falleció poco después. Desde entonces, estuvo en el IML sin ser identificada, ya que el cotejo de sus huellas e identificación dio resultado negativo.

La historia de Luna venía de varias vulneraciones: la Dirección de Niñez había determinado una medida excepcional de protección, por una situación de violencia intrafamiliar. Su mamá está detenida por corrupción de menores y su padre ejerció violencia contra ella y sus hermanos. Sin embargo, la medida excepcional se terminó, y la niña volvió a vivir en el mismo contexto de desamparo previo.

Es por eso que Poncino pide informes sobre las medidas de protección que se activaron, los organismos que intervinieron, cómo fue la articulación entre el Municipio y la Provincia y si existieron fallas en los sistemas de detección temprana, acompañamiento y resguardo de derechos de la niña.

“Estamos hablando de una tragedia que interpela al Estado en todos sus niveles. Es imprescindible saber qué se hizo, qué no se hizo y por qué las respuestas no llegaron a tiempo”, expresó Poncino, que preside la Comisión de Género, Diversidad y Derechos Humanos del cuerpo legislativo local.

El pedido de informes solicita información precisa sobre intervenciones previas de áreas municipales y provinciales, la aplicación de medidas de protección integral o excepcional, la existencia de evaluaciones de riesgo, la articulación con el sistema judicial y los protocolos vigentes ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.

“No se trata solo de determinar responsabilidades, sino de identificar falencias estructurales y fortalecer una red de cuidados que llegue antes de que sea tarde”, remarcó la concejala.

Además, el proyecto requiere datos sobre recursos humanos, técnicos y presupuestarios destinados a políticas de niñez, capacitaciones del personal, funcionamiento del sistema de protección integral y las medidas adoptadas tras el fallecimiento de Luna para el acompañamiento de su familia y entorno cercano.

En ese sentido, Poncino sostuvo que “el acceso a la información pública es una herramienta fundamental para el control democrático y para garantizar que el Estado esté a la altura cuando se trata de cuidar la vida de niñas y adolescentes”.

El pedido de informes será tratado en la comisión que preside Poncino, y apunta a que “los organismos competentes brinden respuestas claras y documentadas, con el objetivo de evitar que hechos de esta gravedad vuelvan a repetirse”.