La irrupción de militares armados en el predio donde funcionó el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) tuvo consecuencias. Horas después de recibir una denuncia de los organismos de derechos humanos, la justicia federal les requirió al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Seguridad que eviten conductas que contraríen las políticas públicas de memoria.

El Museo Malvinas funciona desde 2012 en el Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA–. Si bien depende de la Secretaría de Cultura, su director es un militar retirado: Esteban Vilgré La Madrid. Vilgré combatió en Malvinas y fue parte de la represión al intento de copamiento del regimiento de La Tablada, donde el Ejército actuó a la vieja usanza: torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.

Vilgré fue inicialmente designado subdirector de Gesta de Malvinas por Victoria Villarruel en el Senado. Después fue nombrado al frente del Museo Malvinas, donde propició, entre otras cosas, el retiro de imágenes de las Madres de Plaza de Mayo.

El miércoles, Vilgré convocó a un acto en el Museo para conmemorar el Día por Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las islas. La actividad incluía rebautizar el auditorio del Museo. Ya no se nombraría en honor a Orlando Gustavo Pascua, un excombatiente que impulsó las denuncias por torturas contra los conscriptos durante la Guerra.

La actividad incluyó también el ingreso de personas que vestían uniforme de fajina y portaban armas largas. El estacionamiento contiguo al Museo –que está en el interior del sitio de memoria– se llenó de vehículos del Ejército.

Las normas de comportamiento establecen que no se puede ingresar con armas al Espacio Memoria y Derechos Humanos. Esas reglas fueron dictadas después de otra provocación que fue celebrada desde el Ministerio de Defensa: cuando en 2024 un grupo de retirados fue a festejar el Día de la Armada a la exESMA y, de paso, sacarse selfies junto al avión que la Armada usó para los vuelos de la muerte.

A partir del exhibicionismo militar del miércoles, Estela de Carlotto –presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo– y Carlos Pisoni –referente de H.I.J.O.S– hicieron una presentación ante el juez federal Julián Ercolini, quien tiene a su cargo la megacausa ESMA. En el escrito, advertían que hubo también presencia de efectivos armados de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de la Ciudad.

Ercolini resolvió pedirles al ministro de Defensa Carlos Presti y a su colega de Seguridad, Alejandra Monteoliva, “que arbitren los medios pertinentes para llevar a cabo las acciones necesarias y coordinar políticas tendientes a cumplir con las normas de comportamiento y acceso al Espacio que se trata (…) y se eviten en lo sucesivo aquellas conductas que contraríen los principios sobre políticas públicas de memoria”.

Presti, por estas horas, es objeto de otro cuestionamiento: organismos de derechos humanos de Córdoba repudiaron que haya hecho ejercicios militares con tropas de los Estados Unidos en La Calera, en cuyos enormes terrenos funcionó La Perla y se han estado haciendo trabajos que permitieron recuperar restos de personas desaparecidas.

Presti no hizo referencia a lo que pasó en la exESMA. Estuvo más ocupado en mostrar sus videos con el embajador estadounidense Peter Lamelas. Quien sí salió a confrontar en X fue su jefe de gabinete, Guillermo Madero, que afirmó que no eran armas sino “réplicas” y que se había hecho una “reconstrucción histórica”.

En la justificación del funcionario, no parece haber lugar para contemplar el impacto que la presencia de militares armados genera en quienes fueron víctimas del accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Madero se jacta de ser un soldado de la “memoria completa”: saltó a la fama al negarse a enviar documentación para contribuir a la búsqueda de los bebés robados durante los años del terrorismo de Estado.

El órgano ejecutivo –que integran Nación, Ciudad y los organismos de derechos humanos– presentó una nota que expresaba su preocupación por lo que sucedió el miércoles. En el Ministerio de Justicia –de donde depende la Subsecretaría de Derechos Humanos– no esconden su fastidio hacia Vilgré.

Tanto la Subsecretaría de Derechos Humanos como el Ministerio de Seguridad de la Ciudad recibieron también los oficios de Ercolini. En las comunicaciones, se hace referencia a la ley de sitios (26.691), que establece que estos lugares tienen dos funciones principales: la preservación de la prueba para las investigaciones judiciales y de la memoria del terrorismo de Estado.

Lejos de darse por saldado el episodio, este viernes a las 11 habrá un acto de repudio a la provocación militar del Gobierno. La actividad fue convocada por H.I.J.O.S Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata y la Asociación de Trabajadores del Estado de la Capital.

En la Legislatura porteña, Andrés La Blunda, presidente de la comisión de Derechos Humanos de ese cuerpo, presentó un proyecto de repudio frente a la irrupción militar en el sitio de memoria, a la que calificó como un hecho de “extrema gravedad institucional y simbólica”.