La Red Mujeres para la Justicia, Amnistía Internacional, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional y la Campaña GQUAL -por la paridad-, advirtieron que “la postulación de dos varones y una mujer realizada por el gobernador de Santa Fe a la Legislatura Provincial, que daría lugar a una Corte de cinco varones y dos mujeres, viola el principio de igualdad de género y el derecho a la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en todos los ámbitos, incluido el Poder Judicial”. El planteo de la asociación de mujeres judiciales de todo el país y los organismos se dio a conocer a través de un comunicado por “mujeres a la Corte”, con el que rechazan la propuesta de dos candidatos varones y “solo una mujer” para sumarse a la Corte santafesina.

En el planteo recordaron que el 17 de diciembre pasado, el gobernador dictó el decreto que dio inicio al procedimiento formal de designación para cubrir las tres vacantes (a partir de fines del año próximo, cuando los ministros Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler dejen sus funciones activas para iniciar los trámites previsionales en el Poder Judicial) que restan para integrar una Corte de siete miembros. Se trata de la postulación del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde; la jueza de Faltas de Rosario, Jorgelina Mabel Genghini; y el secretario administrativo de la Cámara de Senadores provincial, Diego Luis Maciel.

“Es la segunda vez que este Ejecutivo ejerce esta facultad del mismo modo, es decir, proponiendo el doble de varones que de mujeres. En 2024, luego de que la Corte se ampliara por reforma legal de seis a siete miembros y dos de los entonces ministros se acogieran al régimen jubilatorio, también postuló dos varones y una mujer que contaron con el acuerdo de la Legislatura y hoy integran el máximo tribunal local”, sostuvieron desde la Red, que tiene en trámite un amparo colectivo en la Corte Suprema de la Nación por la paridad de género en esa Corte.

Al mismo tiempo, en lo provincial, plantearon que “la reciente postulación tiene lugar a tres meses de una reforma constitucional que incorporó la exigencia de ‘procurar la paridad de género’ en la integración de la Corte Suprema, un avance destacable que jerarquiza y refuerza un mandato normativo de base constitucional y convencional que ya tenía antecedentes en la provincia, el Decreto N° 18/2007 y la Ley Orgánica del Poder Judicial (No. 10.160, conf. art. 11 bis incorporado en 2020)”.

A modo de repaso, recordaron que “el máximo tribunal santafesino solo contó con dos juezas mujeres en más de 130 años de historia”. Y agregaron que “en ese contexto, la propuesta del Ejecutivo no solo iría a contramarcha de los avances normativos recientes, sino que vulneraría la Constitución Nacional y la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, enviando un mensaje equivocado conforme el cual bastaría con que haya al menos una o algunas mujeres para cumplir con su representación igualitaria”.

En ese sentido, señalaron que “el principio de paridad deja atrás el paradigma según el cual bastaba con el cumplimiento de ciertas cuotas o cupos. En cambio, implica el reparto de poder pleno e igualitario (50/50) entre mujeres y hombres. Conforme el Comité de la Cedaw, es un principio jurídico y como tal debe ser una característica permanente y central de la buena gobernanza en todos los ámbitos y sistemas de toma de decisión”.

Por ello, consideran que “el máximo órgano de justicia de la provincia de Santa Fe debe estar integrado por personas de acreditada idoneidad jurídica, trayectoria en defensa de la independencia judicial y de los derechos humanos, conocimiento de la diversidad regional en el funcionamiento del sistema judicial y que demuestren una actividad proactiva en contra de cualquier forma de discriminación contra la mujer, incluidos este tipo de postulaciones. Apostar por la paridad en los más altos órganos de justicia no solo es una cuestión de equidad, sino un paso indispensable para fortalecer la legitimidad democrática y la confianza pública en las instituciones”.

Con todo, desde la asociación de mujeres judiciales del país (que preside la jueza de Cámara en lo Penal de Chubut, Carina Estefanía) y los organismos, expresaron: “Santa Fe tiene ante sí una oportunidad histórica para revertir la subrepresentación de las mujeres en el máximo tribunal local. Estando abierto el proceso de participación ciudadana respecto de las candidaturas y pendiente el acuerdo del cuerpo legislativo, el Poder Ejecutivo se encuentra a tiempo de revisar su decisión y la Legislatura de llevar a la práctica el reciente acuerdo constituyente”.