El Poder Ejecutivo resolvió prorrogar por seis meses la emergencia en materia social, educativa y sanitaria en toda la provincia de Santa Fe. La ley original había sido votada en diciembre de 2023, a poco de que se iniciase la gestión de Maximiliano Pullaro. La norma preveía una vigencia de doce meses, con la posibilidad de extenderla por un semestre más.

A través del decreto Nro. 2962 del pasado 23 de diciembre y con el fundamento de que «se sostienen las condiciones de deterioro del tejido social» en la provincia que habían justificado la sanción de la ley, el gobernador apeló a la facultad de prorrogar la norma.

En los considerandos, de hecho, se hace alusión al informe del INDEC correspondiente al primer semestre de 2024 sobre pobreza e indigencia, y de acuerdo con el cual, «el porcentaje de hogares argentinos por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 42,5%, en los que reside el 52,9% de las personas». En tanto, se distingue que de ese conjunto, un 13,6% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia.

«Esto implica – sostiene el decreto- que para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares, por debajo de la línea de pobreza se encuentran 4.319.760 hogares, que incluyen a 15.685.603 personas; y dentro de ese conjunto, 1.378.142 hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, lo que representa un total de 5.379.588 personas».

En Santa Fe

En el contexto provincial, observa el decreto, los porcentajes de pobreza e indigencia «siguen la misma lógica» que lo expuesto a nivel nacional. «Así en el Gran Rosario, la pobreza alcanzó el 37,1% de los hogares y el 46,8% de las personas, en tanto que para el Gran Santa Fe las cifras alcanzan el 48,4% y el 59,8%, respectivamente».

Dichos números, se admite en los considerandos, «representan un agravamiento en las condiciones materiales de vida de los habitantes de nuestra provincia, representando dicha cifra un salto de 13 puntos en la cantidad de personas en situación de pobreza, si se lo compara con el primer semestre del año anterior para el Gran Rosario; y de casi 17 puntos, si el análisis se centra en el Gran Santa Fe».

Por todo lo expuesto, el gobierno considera «de suma importancia dotar a los Ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, de Educación y de Salud, con las herramientas propias de las disposiciones administrativos contenidas en la ley de emergencia, a fin de poder continuar con las medidas para el fortalecimientos de las capacidades de la jurisdicción garantizando la regularidad de las prestaciones de asistencia social tanto como las tareas de integración social, sea de forma directa o en articulación con municipios y comunas».

Objetivo

La finalidad de la ley sancionada era «garantizar el derecho a la educación y a la salud, a la seguridad alimentaria, y fortalecer las estructuras de promoción y protección de derechos en este período de alta criticidad social, siendo los Ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, de Educación y de Salud, las autoridades de aplicación de la misma, según la materia de su competencia, pudiendo delegar en las Secretarías competentes de cada área en lo que incumba a su ámbito de actuación».