El Partido Socialista (PS) se prepara para hacer frente a los debates que propone el gobierno nacional en las sesiones extraordinarias del Congreso. No es un temario extenso, pero sí hay temas “densos”, donde el socialismo trabaja para consensuar posturas dentro de Provincias Unidas, una coalición con un espectro ideológico amplio, donde esos debates alimentan tensiones. Respecto a la reforma laboral, el diputado nacional Esteban Paulón consideró que cualquier cambio que se incluya deben contemplar “mayor cobertura de derechos” para los trabajadores y remarcó que las propuestas del gobierno “no responden a lo que necesita hoy el mercado de trabajo”.

En cuanto a la Ley Penal Juvenil, el legislador santafesino planteó la necesidad de ir hacia un régimen diferenciado para juzgar a los menores de entre 14 y 18 años, marcando diferencias con el discurso punitivista del gobierno provincial: “A la hora de legislar, ni pena de adulto para delito de adulto, ni el que las hace las paga. Nosotros planteamos que haya reparación a las víctimas, penas para los victimarios, reinserción social y acompañamiento, dentro de un régimen penal juvenil”.

Este lunes 2 de febrero comienza el período de sesiones extraordinarias del Congreso, convocado por el presidente Javier Milei. El temario incluye el tratamiento de una reforma laboral, modificaciones a la Ley de Glaciares, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea.

Luego del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, cometido por adolescentes, la mesa política del gobierno decidió incluir la Ley Penal Juvenil dentro de los temas a abordar.

Desde el Partido Socialista sostienen que, desde que se anunció el proyecto de modernización laboral vienen trabajando con otros sectores, especialistas y equipos técnicos con el objetivo de sentar postura ante cada una de las modificaciones.

En una misma línea, la Ley Penal Juvenil fue uno de los puntos abordados en reuniones que los referentes del espacio tuvieron esta semana. Una de ellas el jueves, en la ciudad de Santa Fe. Son dos temas en los que el socialismo tiene posiciones históricas que tensionan con la mirada de algunos aliados tanto en la provincia (Unidos para Cambiar Santa Fe) como a nivel nacional (Provincias Unidas).

“Hay dudas respecto a si todos los temas se van a poder tratar en extraordinarias. La modernización laboral tuvo dictamen el año pasado en el Senado, pero en Diputados va a demorar porque son temas nuevos. Con la Ley Penal Juvenil se viene trabajando el tema en Diputados y hubo acuerdos básicos entre los distintos bloques, lo que podría facilitar su avance. Pero los tiempos son justos y la agenda ambiciosa, no por la cantidad de temas, sino por su densidad. Nosotros siempre apostamos a lograr consensos”, analizó Paulón, en diálogo con Rosario/12.

“En el socialismo venimos trabajando hace ya un tiempo los distintos temas. Al incorporarse lo del régimen penal juvenil, tuvimos esta semana algunas reuniones, tanto a nivel provincial como nacional, para ver qué estrategia tomar hacia adelante”, adelantó.

Reforma laboral

Dentro del socialismo coinciden en la necesidad de plantear un nuevo marco normativo que se ajuste a la realidad laboral actual. “En un contexto donde más de la mitad de la fuerza de trabajo no está registrada, no cuenta con derechos y donde cada vez se pierden más puestos de trabajo creemos que hace falta un debate que lleve a plantear un marco específico para estos temas. Pero no vemos en el proyecto de ley que mandó el gobierno ninguna medida específica que vaya en ese sentido”, expresó Paulón.

Al momento, los puntos fuertes del proyecto oficialista proponen cambios en el cálculo de las indemnizaciones, un criterio único de actualización del salario por inflación y la incorporación del banco de horas.

En ese marco, el legislador santafesino puso el foco en dos ejes centrales donde buscan dar el debate. Por un lado, que la nueva legislación se oriente a lograr una “mayor registración” y permita darle al trabajador “mayor cobertura de derechos”.

Dentro de esa discusión buscan incluir a las economías de plataformas, que hoy están por fuera de cualquier derecho laboral. “Eso no quiere decir que deban tener el mismo régimen que otros, pero sí tiene que haber un régimen de protección de derechos y de formalización de la economía de las plataformas. Eso tampoco lo vemos en el proyecto del gobierno”, sostuvo.

El otro tema que genera preocupación es el sector pyme, donde la generación de empleo está más atada a la falta de actividad económica y a la caída del consumo, que al marco laboral en sí. “Hoy la actividad económica prácticamente no da margen para contratar a nadie. La preocupación del empleado pyme hoy no pasa por el costo de las indemnizaciones, que es un fetiche que quiere instalar el gobierno”, expresó.

Y agregó: “Lo que reclama el empresario pyme es un marco que les dé previsibilidad, y es lo que va a generar ese empleo registrado. Ahí tenemos una mirada bastante crítica que vamos a expresar en las comisiones”.

Ley Penal Juvenil

Luego del homicidio de Jeremías Monzón en Santa Fe, el chico que fue asesinado por dos menores de 15 años y una adolescente de 16 que se filmaron mientras cometían el hecho, el gobierno nacional decidió sumar al temario de extraordinarias un proyecto de Ley Penal Juvenil que pretende bajar la edad de punibilidad a 13 años.

A mediados de 2024, la Cámara de Diputados comenzó a debatir un proyecto del mismo calibre que, en mayo de 2025, logró un dictamen de mayoría, donde el oficialismo logró el acompañamiento de diversos bloques.

El proyecto estaba listo para tratarse en el recinto, pero en diciembre perdió estado parlamentario. Aún se desconoce si el texto que incluirá el gobierno en el temario es el mismo, pero en la Cámara baja la discusión no es nueva.

En el socialismo tienen una postura clara: proponen un régimen penal juvenil para los menores de entre 14 y 16 años, y otro para los adolescentes de 16 a 18 años, con penas progresivas, pero diferenciado del que rige para los adultos.

“Los menores deben acceder a un sistema específico de juzgamiento, con penas alternativas a la privación de la libertad, garantizando el derecho a la defensa de quien cometió un delito y reparación para las víctimas”, expresó Paulón.

Y completó: “Hay que lograr que la persona menor comprenda las implicancias del agravio que ha cometido y que tenga todas las herramientas para la reinserción en la sociedad, que es el objetivo de nuestro sistema penal”.

Para el diputado nacional, ese es el marco para dar un debate “adecuado” en torno a un tema que es complejo, pero que también define como “una deuda pendiente” en la Argentina. “Si el debate que propone el gobierno es bajar la edad de imputabilidad a los 12, 13 o 14 años, para que haya un tratamiento de las personas menores como si fuera el régimen general de adultos, no tiene nada que ver con lo que la sociedad necesita”, aclaró.

“Lo que se requiere son medidas de contención social y de prevención de la violencia para no llegar a esas situaciones. Y un esquema particular que permita, cuando un menor cometa un delito, un tratamiento que no reproduzca la espiral de violencia como muchas veces pasa en el sistema carcelario”, añadió.

La mirada difiere del discurso punitivista expresado por el gobierno santafesino, donde el socialismo es uno de los principales aliados.

Esta semana, el gobernador Maximiliano Pullaro volvió a ratificar su postura en favor de bajar la edad de imputabilidad. También el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien consideró que “habría que ir incluso un poco más lejos” habilitando la punibilidad de menores “perforando el piso mínimo que se propone, que era de 13 y ahora hay un proyecto de un dictamen de 14 años”. También señaló que podría avanzarse por debajo de ese margen cuando se logra determinar que el menor “tuvo la capacidad de comprender la gravedad y la criminalidad del hecho”.

Al respecto, Paulón indicó que no es ese el debate que se va a dar en el Congreso. “Lo que debatimos el año pasado, y yo aspiro a que sigamos discutiendo en la misma línea, es un régimen penal específico diferenciado. Frente a un delito cometido por una persona menor hay consecuencias, en el marco de un sistema específico que, por otra parte, es lo que se hace hoy en Santa Fe”, sostuvo.

“El socialismo históricamente planteó un régimen diferenciado, con progresividad de penas. A la hora de legislar, ni pena de adulto para delito de adulto, ni el que las hace las paga. Nosotros planteamos que haya reparación a las víctimas, penas para los victimarios, reinserción social y acompañamiento, dentro de un régimen penal juvenil”, sentenció.