Pese a que el Senado aprobó la emergencia: Milei firmó la ley de discapacidad, pero la congeló por falta de fondos
El presidente Javier Milei promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero con un movimiento que ya parece marca registrada: la dejó en el freezer. Firmada con pompa en el Boletín Oficial junto a Guillermo Francos y Mario Lugones, la norma que debía traer alivio a un sector olvidado quedó atrapada en un laberinto burocrático. La excusa es que no hay plata, y el Congreso debe decir de dónde sacarla.
La ley, que contempla actualizar pensiones y haberes de prestadores, fue aprobada tras un veto presidencial y la insistencia legislativa. Sin embargo, en un malabar administrativo, el artículo 2 del Decreto 681/25 la manda de vuelta al Congreso para que precise las partidas presupuestarias.
Es decir, Milei la firmó -reconociendo así la decisión de los senadores y diputados-, pero no la aplicará hasta que le digan cómo pagarla. El costo estimado, según el Gobierno, es de 3 billones de pesos para 2025, un 0,35 por ciento del PBI.El Ejecutivo se escudó en el artículo 38 de la Ley 24.156, que obliga a toda norma con gastos a detallar su financiamiento.
“El Congreso omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones”, reza el decreto, con un tono que mezcla tecnicismo con desdén. Y no se privaron de subrayar la “sensibilidad” del tema, aunque dejaron en claro que sin “viabilidad financiera” no hay emergencia que valga. “Toda ampliación de prestaciones debe diseñarse con criterios de responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”, sentenciaron.
Mientras tanto, las personas con discapacidad y los prestadores, que esperaban un alivio tras años de promesas, se quedan con las manos vacías. La ley, que debía ser un faro de esperanza, sigue siendo solo un papel firmado, suspendida hasta que el Congreso y el Gobierno se pongan de acuerdo en un tire y afloje que, por ahora, no tiene fecha de resolución.