El concejal Leonardo Caruana presentó un proyecto para que el edificio decomisado al empresario Leandro David “Lelo” Pérez en el marco de una megaestafa inmobiliaria, se utilice para alquiler social. El objetivo es que la propuesta sea una “prueba piloto” para la creación de un Régimen de Alquiler Social en Rosario y facilitar el acceso a la vivienda a personas en situaciones de vulnerabilidad. El inmueble ubicado en Buenos Aires 1063 cuenta con 27 departamentos y a principios de agosto quedó en manos del gobierno provincial, que anticipó su intención de restaurarlo para subastarlo el año que viene. “Lo que proponemos es que un edificio que se le decomisó al delito termine siendo la casa de una familia”, sintetizó el concejal del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) a Rosario/12.

La iniciativa fue ingresada al Concejo este jueves, por medio de dos expedientes. El primero es un decreto dirigido al municipio, para que gestione ante el gobierno provincial la cesión del inmueble “a fin de implementar en el mismo un programa piloto de alquiler social”. En los fundamentos se advierte que el inmueble decomisado constituye “una oportunidad inmejorable” para poner en marcha una experiencia de ese tipo en la ciudad.

También se destaca la zona en que se encuentra, a diferencia de otras iniciativas donde se ha abordado la problemática habitacional “en zonas periférica con falta de conectividad, infraestructura y equipamiento urbano”.

El segundo expediente es un proyecto de ordenanza para crear un Régimen de Alquiler Social en Rosario. Entre los objetivos se plantea facilitar el acceso a la vivienda digna a personas en situaciones de vulnerabilidad; promover la utilización de inmuebles ociosos, decomisados, en vacancia o subutilizados; y brindar acceso a inmuebles en condiciones dignas a quienes cumplan con los criterios que se establezcan.

La normativa plantea priorizar a personas que presenten dificultades para acceder a un alquiler formal, a los inquilinos que se encuentren en riesgo de desalojo, a las familias monoparentales y los hogares con niños “entre otros grupos con especial vulnerabilidad habitacional”. También busca establecer “un sistema de garantías específico” y que el municipio gestione ante Provincia y Nación otros inmuebles con el mismo fin.

Prueba piloto

“Lo que proponemos es que un edificio que se le decomisó al delito termine siendo la casa de una familia. La intención es que sea una prueba piloto para evaluar cómo funciona esa experiencia e ir ajustándola para que cumpla de la mejor manera su propósito”, expresó Caruana en diálogo con este diario. “Se da la combinación de una necesidad real para la población que no puede acceder al alquiler en las condiciones que hoy están dadas, y una oportunidad que brinda este edificio, que semanas atrás pasó a manos del Estado provincial”, agregó.

Para el concejal del FAS, la iniciativa no se agota en los inmuebles decomisados, por eso también se incluye la posibilidad de evaluar la situación de otros edificios o casonas, que son propiedad del Estado y hoy se encuentran abandonados. “Es una perspectiva que tiene antecedentes en ciudades como Viena o Barcelona, donde se piensa con esta dinámica en distintas aristas, otorgando recursos con un criterio de equidad, de que lo puedan utilizar aquellas poblaciones que más lo necesitan. No estamos proponiendo nada nuevo”, evaluó.

En ese sentido, Caruana remarcó que la iniciativa responde a un problema “real, sensible y frecuente” en la vida cotidiana de muchos rosarinos. “Esperemos que tenga un amplio acompañamiento. Proponemos que sea discutido con otras propuestas y que exista la mirada amplia de todos los sectores para poder efectivizar esta primera experiencia para una necesidad tan grande”, sostuvo y añadió: “Hay un escenario complejo relacionado al alquiler en la ciudad y tenemos la oportunidad de que el gobierno provincial pueda ceder ese edificio a la municipalidad para empezar a transitar esta experiencia de alquiler social en la ciudad”.

Decomiso

El pasado 5 de agosto, el gobierno santafesino tomó posesión del edificio céntrico, luego de que fuera decomisado por la Justicia en la causa por lavado de activos, donde en 2023 fue condenado Lelo Pérez. El empresario rosarino está involucrado en el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios que terminaron convertidos en una de las investigaciones por fraude más resonantes de Rosario. La investigación determinó que parte del patrimonio acumulado se utilizó para lavar dinero de esas estafas, por lo que la Justicia ordenó el decomiso de distintos activos.

Ante ese escenario, desde el gobierno provincial informaron que la decisión es realizarle las tareas de acondicionamiento necesarias “para incorporarlo a una próxima subasta pública prevista para marzo o abril del próximo año en Rosario”. La propuesta de Caruana busca darle un giro a esa decisión de Provincia y que el inmueble pueda convertirse en una primera experiencia de alquiler social en la ciudad. Además del concejal del FAS, la propuesta lleva las firmas de los concejales del bloque peronista: Mariano Romero, Majo Poncino y Pablo Basso.