La Convención que tiene como propósito la reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe puso sobre la mesa el debate de una de las cuestiones más trascendentes a nivel institucional que tiene en su agenda de trabajo: el establecimiento del diseño definitivo que tendrá el Poder Judicial, adecuando su estructura básica a una serie de incorporaciones, cambios y verdaderas reformulaciones en algunos aspectos centrales.

La discusión abarca desde la composición de la Corte Suprema de Justicia hasta el cese de la inamovilidad de sus integrantes; la constitucionalización de los órganos del actual sistema de justicia penal, incluyendo el rango de esos institutos (cómo se conjugan autonomía funcional, autarquía financiera y, eventualmente, el carácter «extrapoder»), las facultades de sus autoridades y los mecanismos de sanción y remoción; la consolidación del sistema de selección y designación de magistrados, como así también su destitución. Se trata de cuestiones medulares que, más allá de que muchas veces queden opacadas por algunas polémicas que las rodean o las tocan, y por otras que estallan simultáneamente en otras materias, configuran uno de los ejes más trascendentales de la reforma. Y que, también independientemente de las motivaciones políticas que puedan haber adelantado la puesta en marcha de todo el proceso y su mismo desenvolvimiento (y que afloran de manera recurrente en los discursos de los planerios y las reuniones de comisión), dan cuenta de una verdadera necesidad de reforma.

Participación

El arranque de la discusión se dio en la última semana con características que estuvieron a la altura de su importancia, y que a la vez hicieron que el foco de la atención periodística y de la opinión pública fuese puesto sobre ella: la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia concurrieron a la reunión de la comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales, que preside Lisandro Enrico. El mismo día, también estuvieron las titulares del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de Defensa; organismos que hoy funcionan dentro del Poder Judicial, y cuyo rango y atribuciones conforman uno de los debates centrales. Por lo mismo se trata de una cuestión que movilizó al gremio de los trabajadores del sector, con una fuerte campaña publica, y estuvo presente en la reunión con la Corte. El Tribunal apoya la autonomía y la autarquía, aunque queda por definir la independencia con respecto a los tres poderes del Estado.

El propio staff del Tribunal se encuentra en una etapa de plena transición, habida cuenta de la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de renovarlo casi por completo, acudiendo para ello al argumento de la edad de los ministros que superan los 75 años. Ese límite etario figurará en la Constitución reformada, pero hoy mismo forma parte de una polémica que generó momentos de extrema tensión entre la cabeza de ambos poderes, y que aún no se ha cerrado. Así, la delegación estuvo encabezada por el presidente Roberto Falistocco y los ministros Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Daniel Erbetta (excepto este último, los tres a los que el gobierno provincial espera reemplazar), así como los nuevos ministros Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.

No se trató de una cuestión meramente formal o protocolar, ni tampoco habilita lecturas cifradas en la voluntad de acatamiento o de resistencia hostil. En todo caso, ésas serán claves para otras instancias políticas y pujas de poder. Aquí primó claramente en el ánimo de la Corte el ánimo de cumplir con su rol institucional, que involucra no sólo participar activamente de la reconfiguración del diseño constitucional, sino de plantar en ese terreno la defensa de la separación e independencia de los poderes del Estado.

División de poderes

Ese fue el eje conceptual que atravesó la presentación inicial formulada por Falistocco, las exposiciones individuales de cada uno de los ministros, y las declaraciones y evaluaciones posteriores que se hicieron del encuentro. Pero también (y sobre todo), fue el principio rector en atención al cual lo que la Corte llevó a la convención es un punteo de temas y consideraciones sobre las que se gestó un consenso, una posición unificada de todos los ministros que fortaleció el carácter institucional de la propuesta. Esto no es poco decir, consierando no sólo las circunstancias de contexto antes apuntadas, sino también el hecho de que en muchos de los puntos existen fuertes discrepancias entre los ministros. No solamente entre quienes forman parte de la integración «clásica» de la Corte y quienes constituyen la avanzada de la renovación, sino también de los primero entre sí. Discrepancias que se remiten tanto a pronunciamientos de fondo (por caso, cuando al Tribunal le tocó expedirse sobre la constitucionalidad de la autonomía funcional y la autarquía financiera de los órganos del nuevo sistema penal, y lo hizo con fallos divididos) como a miradas contrapuestas sobre el manejo de gestión en la órbita de la cabeza del Poder Judicial; y que, por lo demás, saltaron a la palestra en el segundo tramo de la reunión, disparadas por preguntas de los convencionales y claras desavenencias entre los jueces.

Pero al margen de eso, la instancia permitió pasar en limpio una serie de puntos a los que el Tribunal presta acuerdo, y otros que le preocupan y habilitan advertencias o sugerencias. El listado abarca, entre otros ítems, la composición de la Corte con siete miembros (procurando la paridad de géneros y la representación territorial) y un procurador general, figura ausente en la mayor parte de los proyectos presentados en el marco de la convención, que fue puesta de relieve como necesaria por los ministros, y que será objeto de discusión en los próximos días; incluyendo una entrevista en la comisión con el actual procurador, Jorge Barraguirre.

En este punto aparece una cuestión importante, como es la de convertir las actuales Cámaras de Apelaciones en Tribunales de Revisión; denominación que flexibiliza y habilita conformaciones unipersonales.

Punto por punto

La Corte también promueve que la designación de magistrados se haga en base a concursos de los que surjan ternas vinculantes para el Ejecutivo, con un orden de mérito a respetar (condiciones que hoy no existen en esos términos, dejando mucha más libertad de acción al gobernador) y plazos perentorios: de 30 días de producida la vacante para los concursos, y de otros tantos para remitir las ternas a la Asamblea Legislativa. La mayoría aquí convalida el funcionamiento de un Consejo de la Magistratura, presidido por el titular de la propia Corte (al igual que el que funciona a nivel nacional) y con siete miembros. La propuesta tiene la disidencia de Daniel Erbetta, quien respalda el método, pero no el organismo, por entender que este último es costoso, proclive a la burocratización y permeable a la cooptación política.

Los miembros de la Corte también avalan el cese de la inamovilidad a los 75 años, aunque hay disidencias entre ellos sobre la posibilidad de un nuevo nombramiento por otros cinco; e incluso Margarita Zabalza sugiere añadir también un tope de tiempo de ejercicio de la función, de 20 años (que Jorge Baclini prefiere fijar en 15).

También se propone un formato para los jurados de enjuiciamiento para jueces y funcionarios del Ministerio Público; se acepta la eliminación de la competencia contencioso administrativa de la Corte; juicios de expropiaciones llevadas a cabo por la Provincia y decisiones del Tribunal de Cuentas. Pero se reclama mantenerlas en juicios civiles contra magistrados (entre otras cosas, para evitar situaciones de juzgamiento de inferiores a superiores) y consagrar expresamente el entendimiento de conflictos entre poderes municipales entre sí o con la Provincia.

La cuestión de las vacantes fue traída a colación por Rafael Gutiérrez, puntualizando que superan el centenar y que no hay nombramientos desde octubre de 2022, exceptuando la Cámara de Ejecución Penal creada por el actual gobierno; por lo cual insistió con los términos perentorios.

Así, con un buen menú de temas sobre la mesa y un aporte consistente de la propia Corte, se dio inicio a un debate que se renovará en los próximos días con la presencia del procurador, del Colegio de Magistrados y otros actores de la Justicia. Y que, más allá de las discusiones de fondo y los chisporroteos políticos o personales, está llamado a ser una de las piedras basales de la futura Constitución.