El gobernador Maximiliano Pullaro avaló la media sanción a la reforma del régimen penal juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, entre otros puntos. Para el mandatario provincial, significa “un paso fundamental”. En tanto, el diputado nacional por Santa Fe, Germán Martínez, que preside el bloque de Unión por la Patria, planteó que la iniciativa “es reduccionista y sólo tiende a conformar a la opinión pública”.

Se trata del proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional, aprobado el jueves en Diputados. Tras la media sanción, el gobernador santafesino manifestó su aval en redes sociales. “Desde que fui ministro de Seguridad en Santa Fe sostengo lo mismo: quien comete un delito de mayor, debe ser juzgado y condenado como mayor”, inició su posteo.

Al mismo tiempo, señaló: “Nuestra postura nunca cambió. Fuimos claros incluso cuando muchos nos decían que no se podía”. Y agregó: “A quienes defendían a los delincuentes siempre les respondimos igual: si tanto los cuidan, llévenselos a su casa. Nosotros vamos a cuidar a la gente honesta”.

En esa línea, Pullaro destacó que la media sanción “es un paso fundamental hacia el orden y la justicia que venimos reclamando. Animarnos a cambiar las leyes que no funcionan es la única manera de lograr los niveles de seguridad que los santafesinos y todos los argentinos necesitamos. No podemos permitir que las organizaciones criminales sigan usando a menores como escudos o ejecutores de actos de terrorismo en nuestro territorio”, concluyó.

Por su parte, el diputado Martínez, que preside el bloque de Unión por la Patria -que votó en contra- aseguró que “bajar la edad de imputabilidad es reduccionista y sólo tiende a conformar a la opinión pública”.

El legislador dijo en el programa “La marca de la almohada”, de Radio Universidad, que lo que se busca desde el oficialismo es “hacer un abordaje muy caprichoso, muy reduccionista del tema, pensando casi exclusivamente en la conformación de la opinión pública y sin ningún tipo de deseo real de solucionar el problema”.

Para ello, señaló, “tira un gancho que hace mucho funciona como una especie de placebo a la política, que es la baja de la edad de imputabilidad, algo que en los lugares donde se aplicó no solamente no ha solucionado el problema, sino que lo ha potenciado”.

En tal sentido, sostuvo que desde la oposición se planteó “incrementar la fortaleza del sistema que atiende especialmente la situación de la niña y el niño adolescente en situación de conflicto con la ley penal; y agregamos un elemento que considero trascendente, que es un abordaje especial en situaciones de delitos graves, y que le puede dar a las provincias las herramientas para poder fortalecer la presencia, no solamente punitiva, sino también preventiva”, en esos casos.

“Para aquellos que se llenan la boca hablando de los menores que integran bandas narcocriminales, el Código Procesal Penal ya contempla un agravamiento en la penalidad del mayor que lo utiliza”, dijo. “Si se quiere atacar a los menores que actúan en esas bandas el abordaje debe ser distinto”, sumó. “Es algo más complejo, a tal punto que hace un mes están hablando de que un delito de adulto merece una pena de adulto y eso no está ni escrito en el proyecto. Es una consigna injusta que ni siquiera tiene en cuenta las recomendaciones de la neurociencia y de la Sociedad Argentina de Pediatría, que dice absolutamente lo contrario a lo que se votó”.

El legislador insistió sobre la prevención, “algo que en el proyecto que tiene media sanción ni se contempla. En Santa Fe desaparecieron los fondos para atender los dispositivos de prevención de adicciones, para las políticas socioeducativas, para los abordajes sociocomunitarios, para trabajar sobre las familias, para la urbanización de barrios populares, para combatir tantas situaciones que ponen a cualquiera en la Argentina en una condición de desventaja a la hora de arrancar su vida. Entonces hay que complejizar el problema, que requiere además de todos una gran empatía con las víctimas y con los familiares de las víctimas, de quienes hay que estar siempre cerca y presente”.

En cuanto al financiamiento que prevé la Nación para la aplicación, el diputado dijo que “hay una partida de 23 mil millones de pesos para todo el país, de los cuales 20 mil millones salen de una partida de la Defensoría General, y 3 mil millones de una partida del Ministerio de Justicia. No hay un peso para las provincias con el fin de implementar lo que se aprobó”.