El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe implementará pruebas de consumo de drogas a funcionarios del área y a policías. En primera instancia, se hará con personal ministerial y con jefes de las fuerzas de seguridad, y luego se avanzará hasta alcanzar hasta los cadetes o postulantes a la carrera policial. La medida, que lleva la firma del ministro Pablo Cococcioni, instruye a la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera para que implemente los test de consumo actual, reciente o habitual de sustancias estupefacientes en la cartera de Seguridad y en la Policía.

El plan establece que la aplicación comience por el personal político del Ministerio de Seguridad, incluido el propio ministro, y continúe luego con los cuadros jerárquicos de la Policía, el Servicio Penitenciario y las áreas de inteligencia criminal. Además, se indica que el antidoping se incorporará como requisito obligatorio en los exámenes de ingreso a las fuerzas y para acceder a ascensos.

“Los tests también podrán repetirse en forma periódica, aleatoria y sin previo aviso”, establece la resolución, que considera como vetada cualquier práctica que obstaculice o contradiga lo dispuesto, salvo expresa contraorden superior. De este modo, se introduce un cambio drástico en los mecanismos de control interno dentro de la estructura de seguridad provincial.

Según se informó los resultados de los exámenes serán entregados en sobre cerrado y según un esquema de confidencialidad jerárquica: los del ministro serán enviados directamente al gobernador, mientras que los del personal policial y penitenciario serán remitidos a las secretarías respectivas. En el caso de los aspirantes a las fuerzas, los informes serán dirigidos a los responsables del proceso de selección.

La medida fue celebrada por algunos sectores como un gesto de transparencia y exigencia institucional, mientras que otros advierten que resta conocer los criterios de aplicación, el tipo de pruebas a realizar y el tratamiento que se le dará a los resultados positivos. Por el momento, no se informó la fecha de inicio de los controles, aunque se espera que comiencen en las próximas semanas.

La medida fue celebrada por algunos sectores como un gesto de transparencia y exigencia institucional. Otros sectores advierten que resta conocer los criterios de aplicación, el tipo de pruebas a realizar y el tratamiento que se le dará a los resultados positivos. Por el momento, no se informó la fecha de inicio de los controles, aunque comenzarían en las próximas semanas.

Pullaro ya había implementado controles antidoping en 2017 cuando era ministro de Seguridad durante la gestión del socialista Miguel Lifschitz. El propio Pullaro se sometió a la prueba en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario.

En caso de que el resultado del narcotest propuesto encuentre resultados positivos, se abren una serie de escenarios que podrían concluir con el desplazamiento del funcionario. De aprobarse la redacción original del texto, primero se ofrecerá una contraprueba, que podrá ser solicitada dentro de las 48 horas para revalidar los resultados del estudio.

Un diputado santafesino propuso un proyecto de ley para realizar narcotest a los tres poderes del Estado. Fue Gabriel Chumpitaz, diputado nacional del PRO por Santa Fe, quien había presentado un proyecto de ley en febrero para que los funcionarios de los tres poderes del Estado sean sometidos a exámenes toxicológicos obligatorios. Su objetivo es garantizar la “integridad, idoneidad y transparencia en la función pública”.

La iniciativa fue firmada por los legisladores Lorena Villaverde, Carlos Zapata (de La Libertad Avanza), y Verónica Razzini, Patricia Vázquez, ⁠⁠Sergio Capozzi, ⁠⁠Emanuel Bianchetti y José Núñez (del PRO).

El proyecto incluye al presidente y vicepresidente de la Nación; ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional; senadores y diputados nacionales; jueces de la Corte Suprema de Justicia y demás magistrados del Poder Judicial.