La destrucción de empleo registrado en Santa Fe no responde a una crisis pasajera ni a un fenómeno exclusivamente provincial. Esa es la principal conclusión que extrae la economista Lucila Rivolta, del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), a partir del informe que contabilizó la pérdida de 20.018 puestos de trabajo y la desaparición de 3.018 empleadores desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Para la investigadora, la situación santafesina debe leerse como parte de una reconfiguración del modelo económico nacional, cuyos efectos golpean con especial intensidad a las provincias con fuerte perfil industrial. “Lo mismo ocurre en Buenos Aires y Córdoba. No es una crisis coyuntural sino un programa económico”, sostuvo.

El estudio del Cepa, elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo hasta marzo de 2026, muestra que Santa Fe perdió 3,2 por ciento de sus trabajadores registrados y 6 por ciento de sus empleadores en apenas 28 meses. Pero detrás de esos números aparece una característica que, según Rivolta, resulta central: los sectores más afectados son precisamente aquellos que concentran la mayor generación de empleo.

“Los sectores ganadores del modelo son el agro, la intermediación financiera y la minería, que representan apenas el 9 por ciento del empleo formal argentino. Del otro lado están la industria, la construcción y el comercio, que reúnen el 45 por ciento del empleo”, explicó.

En Santa Fe, la industria manufacturera aparece como uno de los principales focos del deterioro. El sector perdió 8.240 puestos de trabajo desde noviembre de 2023 y representa alrededor del 21 por ciento del empleo provincial. También se verificaron fuertes retrocesos en el transporte, la gastronomía y la enseñanza.

Rivolta sostuvo además que la política de ajuste implementada por el gobierno provincial replica, en términos fiscales, la orientación nacional. “Estamos viendo recortes en educación, salud y jubilaciones. El ajuste del gasto provincial llega al 9,4 por ciento respecto de 2023”, señaló, en referencia a un próximo informe sobre empleo público que difundirá el Cepa.

La investigadora también vinculó la conflictividad laboral y las dificultades financieras de las provincias con la caída de los recursos nacionales y de la coparticipación, fenómeno que, sostuvo, repercute especialmente en el empleo estatal.

El informe pone el foco además sobre las pequeñas y medianas empresas. El 98 por ciento de las firmas que desaparecieron en Santa Fe tenían hasta 50 trabajadores. Si se amplía el análisis hasta las compañías de 500 empleados, ese segmento explica prácticamente la totalidad de los cierres.

“Son las pymes las que están aguantando hasta donde pueden. Muchas terminan despidiendo personal o directamente cerrando porque ya no pueden sostenerse”, afirmó Rivolta. El acceso al crédito, las elevadas tasas de interés y el aumento del endeudamiento aparecen entre los factores que agravan la situación.

El Cepa también observa una creciente apertura de importaciones de bienes de consumo finales, que compiten directamente con la producción industrial local. Según la economista, el ingreso de productos importados, combinado con un tipo de cambio apreciado y un consumo deprimido, configura un escenario particularmente adverso para la industria.

La caída de las ventas constituye otro elemento de preocupación. Los datos de consumo masivo continúan por debajo de los niveles de 2023 y, según distintos relevamientos citados por el centro de estudios, aumentó la proporción de hogares que utilizan tarjetas de crédito para comprar alimentos básicos.

En ese contexto, Rivolta encuentra dificultades para explicar el respaldo que todavía mantienen sectores empresariales industriales hacia la política económica nacional. “No se entiende que dirigentes industriales apoyen medidas como el RIGI cuando no benefician a la industria y favorecen actividades que generan poco empleo”, sostuvo.

Para el Cepa, el deterioro del empleo formal en Santa Fe no constituye una anomalía regional sino una de las expresiones más visibles de un cambio en la estructura económica. Una transformación que, según el informe, tiene entre sus principales perjudicados a las pymes, a la industria y a los sectores intensivos en trabajo.