La diputada provincial Verónica Baro Graff pidió que el Ejecutivo reglamente la norma, aprobada por la Legislatura, que establece un sistema de monitoreo para trabajadores de reparto.
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La diputada provincial Verónica Baro Graff reclamó al Gobierno de Santa Fe que avance con la reglamentación de la ley que establece un sistema de monitoreo para trabajadores y proveedores independientes de servicios de reparto a domicilio mediante aplicaciones móviles.
La norma ya fue aprobada por la Legislatura y contempla la creación de un registro de trabajadores de delivery, junto con herramientas de monitoreo destinadas a mejorar la prevención del delito y la seguridad de quienes realizan esta actividad.
Baro Graff destacó que el Ejecutivo provincial no vetó la iniciativa, aunque introdujo una modificación respecto del mecanismo tecnológico que se utilizará para realizar el seguimiento de los repartidores.
“La ley está aprobada y necesitamos que se reglamente por parte del Ejecutivo”, sostuvo la legisladora. Según explicó, la modificación aceptada permitió que el monitoreo no quedara limitado a un dispositivo GPS específico, sino que pudiera implementarse mediante otro sistema tecnológico.
El objetivo central de la iniciativa, según planteó Baro Graff, es brindar una herramienta de protección a los trabajadores que diariamente recorren las ciudades para realizar entregas. En particular, apuntó a dos situaciones: preservar la integridad física de los repartidores y facilitar la recuperación de los elementos que puedan ser sustraídos durante su jornada laboral.
“Un monitoreo que tenía que ver con asegurarnos primero la vida propia del muchacho o de la chica que trabaja en el delivery. Y después también la recuperación de los elementos que le roban”, explicó.
La legisladora destacó además las condiciones particulares en las que trabajan los repartidores, quienes en muchos casos deben aportar sus propios vehículos y otros elementos necesarios para desarrollar la actividad. A esto se suma la exposición permanente a situaciones de inseguridad mientras circulan por distintos puntos de las ciudades.
Baro Graff puso el foco especialmente en los riesgos que asumen los trabajadores para realizar entregas que, por distintas razones, los consumidores prefieren recibir en sus domicilios. “Ellos arriesgan para llevar esa comida, para llevar ese medicamento”, señaló.
La ley establece un registro de trabajadores y proveedores independientes de servicios de reparto y prevé un sistema informático de monitoreo permanente. También contempla la elaboración de estadísticas sobre los recorridos, horarios de mayor circulación, distribución geográfica y tiempos promedio de los repartidores.
Con esa información se busca identificar patrones de circulación y coordinar recursos destinados a la prevención del delito. La normativa también contempla la creación de una central de denuncias y un botón antipánico para situaciones sospechosas o de emergencia, además de canales de denuncia anónima vinculados con delitos relacionados con la actividad.
Uno de los puntos que todavía debe definirse es la herramienta tecnológica concreta que se utilizará para realizar el monitoreo. El proyecto original contemplaba la instalación de un GPS en los vehículos, pero el Ejecutivo propuso habilitar otros mecanismos.
“Ellos propusieron otro sistema de monitoreo. Nosotros dijimos: ‘Bueno, ahora no falta que digan cuál y que lo podamos poner’”, explicó la diputada.
La implementación quedó bajo la órbita del Ministerio de Seguridad provincial. Por eso, Baro Graff sostuvo que es esa cartera la que debe establecer de qué manera se pondrá en funcionamiento el sistema previsto por la ley.
“Esto está bajo el Ministerio de Seguridad, o sea, que son ellos quienes nos tendrían que decir cómo vamos a implementar esto”, afirmó.
La norma también establece mecanismos de financiamiento para el sistema de monitoreo. Entre ellos se encuentra el destino del 100% de lo recaudado por multas, intereses y accesorios aplicados a empresas de comercialización de servicios online y mediante aplicaciones móviles vinculadas con el reparto a domicilio. Además, contempla recursos provenientes de Rentas Generales, programas nacionales, organismos multilaterales, donaciones, legados y subvenciones.
Para la legisladora, el próximo paso es que el Ejecutivo complete el proceso administrativo y determine las herramientas necesarias para poner en funcionamiento una ley que, según sostuvo, ya cuenta con aprobación legislativa.