“Lo llevamos a la Primera”. La frase fue una de las últimas que escuchó Julián Castillo, antes de morir esposado en la caja de un patrullero policial. Tenía 32 años, estudiaba sociología, militaba en diversos barrios de la ciudad de Santa Fe y trabajaba en un centro cultural de la provincia, bajo un contrato precario. También atravesaba una situación de consumos problemáticos que, el 8 de marzo de 2023, derivó en una crisis subjetiva. Estaba junto a un amigo y se largó a correr, porque sentía que lo perseguían. Luego se supo que era un delirio persecutorio.

Los vecinos, que advirtieron una situación confusa, llamaron al 911 y la policía lo detuvo. Lo tiraron al piso, lo inmovilizaron y lo cargaron en la camioneta. Un proceder lejano a los protocolos de actuación previstos para ese tipo de casos, donde se apunta a contener a la persona, evitando usar la violencia.

Tampoco lo llevaron al hospital más cercano, sino hacia la Comisaría Primera de Santa Fe. En el camino, los policías se dieron cuenta de que se había descompensado y cambiaron el rumbo. Ya era tarde. Julián llegó sin vida al Hospital Cullen.

“La policía tiene un protocolo que marca el procedimiento a seguir ante este tipo de situaciones. Ahí se describe la necesidad de persuadir a la persona, de acercarse, de contenerla, de comunicarse con alguien cercano. Pero con Julián hicieron todo lo contrario: lo persiguieron, lo tiraron al piso y lo golpearon”, sostuvo Cecilia Santamaría, su madre, en diálogo con Rosario/12.

“Tampoco dejaron que su amigo se suba al patrullero para acompañarlo y lo amenazaron con detenerlo también a él. Julián se descompuso en la camioneta, despedía espuma por la boca. Así se murió, arriba de una camioneta bajo custodia policial”, completó.

Además del fallido accionar policial, Cecilia tiene un convencimiento: la decisión de llevarlo a la Comisaría Primera profundizó la crisis que atravesaba su hijo.

Es que había un antecedente: unos cinco meses antes, el 18 de octubre de 2022, Julián había sido detenido en una situación similar, también en la vía pública.

En aquel momento, después de asistirlo en el Cullen, lo demoraron en la Comisaría Primera. Lo esposaron a un poste, donde pasó horas sin poder ir al baño, sin tomar agua y sin poder comunicarse con sus familiares. Lo ingresaron a las cuatro de la tarde, lo liberaron a las once de la noche.

“Esa primera detención dejó muchas secuelas en él. Estuvo mucho tiempo para recuperarse de las lastimaduras que le dejaron las esposas. También le costaba respirar, porque quedó con una especie de espasmo durante varias semanas. Fue muy triste. Y que en medio de otra crisis le anunciaran que lo llevaban al mismo lugar, seguramente profundizó ese padecimiento en él”, describió su madre.

El mes pasado, en el marco del tercer aniversario de la muerte de Julián Castillo, sus familiares, amigos, y diversas organizaciones nucleadas dentro del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, realizaron un acto frente a la Fiscalía santafesina.

Allí denunciaron el lento avance de la causa y el mal accionar policial. También, el funcionamiento fallido de muchas instituciones que trabajan el abordaje de consumos problemáticos y la salud mental.

Pero el principal mensaje que transmitieron es el reclamo para que la Justicia comience a encuadrar estos casos bajo una perspectiva de derechos humanos. El próximo 20 de abril, estrenará un documental que cuenta la historia de Julián, abordando estos ejes.

Precarización y salud mental

Cecilia recuerda a su hijo como un militante social. Dice que ese recorrido le impregnó una sensibilidad particular, que lo hacía comprometerse en transformar la realidad en la que vivía.

También lo recuerda como alguien persistente: estudiaba sociología, pero la Facultad le resultaba terreno hostil, un lugar ajeno a los padecimientos de la sociedad; sin embargo, volvía a inscribirse con regularidad para tratar de terminar las materias que le faltaban.

Mientras tanto, encontró la vuelta para hacer “sociología en las calles” junto a un grupo de amigos, con quienes emprendieron un proyecto colectivo de trabajo barrial llamado Cuco.

La militancia en los barrios también se daba desde la música: integraba murgas y comparsas, tocaba los tambores; encontraba en la cultura, también, su manera de hacer política.

“Trabajaba con chicos y adolescentes desde lo artístico y musical, especialmente con la murga de barrio Cabal. En ese contacto con los barrios pudo ver de cerca las prácticas represivas de la policía y como se perseguía y estigmatizaba a los chicos. Él se enojaba y luchaba contra esas injusticias. Por eso, es una paradoja también la forma en que muere. Y nosotros lo tomamos como una forma de seguir denunciando esas prácticas”, apuntó su madre.

Julián también trabajó como promotor cultural en el Ministerio de Cultura de la provincia, donde pasó por distintos espacios. Su último lugar fue en la fábrica cultural El Molino, donde hacía un trabajo alejado del que venía realizando como educador popular y donde cobraba un sueldo que su madre define como “mugroso”.

Para Cecilia, esa modalidad forma parte de un “ninguneo” que padecen muchos trabajadores que aún se encuentran en esa misma situación, realizando tareas en condiciones de precariedad. De ahí sale otro de los reclamos de sus seres queridos: no a la precarización laboral.

“Juli venía con trabajos precarizados desde hacía como tres años o cuatro años. Esto le impedía proyectarse, no tenía guita ni para comprar los puchos. Estaba atado a un trabajo con la promesa de que en algún momento lo iban a blanquear. Y la frustración que genera ese contexto es una puerta de entrada a los consumos problemáticos: la falta de proyecto y de poder realizar las cosas que te propones tienen un impacto en todo esto”, consideró Cecilia.

Su familia buscó acompañamiento profesional para tratar su situación de consumos problemáticos, pero la experiencia no fue buena. Del paso por distintas instituciones, su madre denuncia un circuito que no funcionó de manera acorde: “Vimos mucha informalidad y falta de seriedad. Trabajaban chicos que, a su vez, también estaban precarizados. Vimos negligencias muy profundas y, más allá de algunos programas o líneas de acción puntuales, no hay una política estatal que dé respuestas ante esta problemática. Por eso, otra de las consignas de esta lucha es el de no a la mercantilización de la salud”.

Accionar policial

La muerte de Julián traza un mapa de falencias estatales que comienza en la propia precarización laboral desde el Estado, sigue en la falta de herramientas para abordar un padecimiento de consumos problemáticos y salud mental, y culmina con un mal accionar policial.

Tanto desde el Foro contra la impunidad y por la Justicia, como desde el Órgano de Revisión y Promoción de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe (Orsmfe) –que depende de la Defensoría del Pueblo– presentaron informes a Fiscalía denunciando las falencias en el proceder de la policía y pidiendo que se cotejen posibles responsabilidades en la muerte del joven.

“En los ataques policiales a Julián resultan elocuentes los incumplimientos de estos deberes desarrollados detalladamente por los protocolos y guías oficiales de intervención para estas situaciones. Estos incumplimientos, lejos de ser un aspecto secundario o baladí, pasaron a ser duramente determinantes de un contexto de violencia hacia una persona con padecimiento subjetivo, instalando la antesala de la muerte de Julián, en el marco de la responsabilidad plena asumida en su detención”, señala el informe del Foro.

En tanto, el informe de la Defensoría repasa la normativa vigente, poniendo el foco en la guía de actuación para las fuerzas policiales ante personas con presunto padecimiento de salud mental, vigente en la provincia.

Allí se establece que el oficial debe pedir “asistencia inmediata” al Sies e implementar estrategias “basadas en la contención verbal” de la persona afectada.

También apunta que se debe “mantener la calma y adoptar un estilo empático y respetuoso frente al comportamiento alterado en general”, con la recomendación de “evitar el uso de medidas de fuerza como la restricción física y solamente emplearse como último recurso”.

El mismo protocolo pide tener presente que no se trata de un problema esencialmente policial –aun cuando se pueda estar ante un delito– sino que se está “ante un sujeto padeciente que requiere de contención y/o asistencia”.

Estos aspectos forman parte del principal planteo realizado por Cecilia: la criminalización de los consumos problemáticos. “En situaciones de salud mental, la violencia institucional es aún más grave. Hay una criminalización de las fuerzas policiales en perseguir a alguien con un consumo problemático, o un padecimiento subjetivo, como si hubieran cometido algún delito. Eso tiene consecuencias muy serias en personas que están padeciendo alguna crisis”, describió Cecilia.

“Hay una guía de intervención de las fuerzas de seguridad en casos de crisis subjetivas. Pero que en verdad nadie conoce”, denunció.

Para Cecilia, eso se refleja en otros casos similares al de Julián, que tuvieron repercusión mediática. Desde el de María de los Ángeles Paris, que falleció en la comisaría 10 de Rosario en 2017, hasta hechos más recientes como el de Ariel Goyeneche en Paraná (2024), o el de Mauro González, en la ciudad de Santa Fe, en enero de este año.

La causa judicial

La causa por la muerte de Julián Castillo tiene cuatro imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la omisión de las guías de actuación correspondiente: el médico policial Salvador Biscari y tres agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la provincia: Exequiel López, Cristian Pighin y Jesús Nicolás Bonet.

Sin embargo, los familiares denuncian que en este tiempo la causa tuvo pocos avances. El fiscal interviniente es Ezequiel Hernández.

“La causa marcha lento, porque no hay acciones directas que se puedan vincular a una muerte. No hay un golpe mortal, no hay una bala, no hay un cuchillazo. Pero sí hay un contexto de violencia institucional que profundizó una crisis. Y la profundización de esa crisis se dio porque quienes deben resguardar la seguridad de la ciudadanía no cumplieron con los protocolos correspondientes ante ese caso”, sostuvo Cecilia.

La autopsia realizada descartó una sobredosis, pero no aportó demasiada información para determinar los motivos de la muerte.

Por último, la madre de Julián insistió en la importancia del reclamo: “No queremos que sea gratis cumplir o no con un protocolo de actuación. Si la policía hoy hubiera cumplido las normas, quizás mi hijo hoy estaría vivo. Buscamos que la Justicia pueda determinar responsabilidades y que la perspectiva de derechos humanos sea el basamento de la formación policial y de quienes deben aplicar Justicia”.