La organización feminista Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) reclamó recursos para mujeres y disidencias sexuales en Santa Fe y denunció la «situación crítica» que atraviesan esas identidades en materia de políticas públicas. «A los recortes presupuestarios y eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad con sus programas en el orden nacional, se ha sumado la desjerarquización institucional del ámbito provincial que debe implementar la ley nacional 26.485 y su par provincial, para el abordaje de la violencia de género», cuestionaron a la provincia y municipios.

Junto a Libres y Diverses, Mumalá hizo un repaso por las problemáticas que atraviesan mujeres y diversidades sexuales en la provincia. En ese sentido, mencionaron en un comunicado que «se debilitaron los equipos encargados de acompañar las situaciones de múltiples desigualdades que atraviesan las mujeres y personas LGBTIQ+».

«El argumento del achicamiento del Estado va en contra de lo que se logró en esta provincia durante mucho tiempo, respecto a las políticas de género. Nos parece un retroceso importante. Estamos sumamente preocupadas por quienes deben ser las beneficiarias de las políticas de género en Santa Fe», aseguró a este diario Gabriela Sosa, directora ejecutiva de Mumalá.

En ese sentido, planteó que «si bien hay un contexto nacional que fuimos denunciando, en relación a la eliminación de ministerios, de programas y políticas hacia las mujeres que sufren violencia y otras vulnerabilidades; en la provincia estamos desde principio de año esperando avances con la puesta en marcha de programas que se informaron. Entonces, sumado a la cuestión general, creemos que el gobierno provincial y también los municipios deben darle fuerte impulso y ejecutar políticas que se anunciaron».

En esa línea, mencionaron proyectos para emprendedoras. «En este contexto de crecimiento de la pobreza, las iniciativas productivas comunitarias son más que necesarias y se anunció en marzo». Sin embargo, indicaron que «aún no están en funcionamiento: no hay novedades de convenios con organizaciones ni programas de asistencia económica para situaciones de emergencia alimentaria y otras vulnerabilidades», plantearon como parte del reclamo. «Semana tras semana llamamos a consultar», agregó Sosa.

También mencionó convenios de centro de día, que «tampoco tuvieron novedades», y agregaron que «no fueron difundidos los datos de femicidios o muertes violentas», en el marco de los registros. «Hay una cantidad de cosas que son de responsabilidad provincial, sumadas a un contexto de vulnerabilidad económica en la que viven en particular mujeres y diversidades».

En tanto, sostuvieron que desde el inicio del año, la organización advirtió a las autoridades provinciales sobre la «creciente crisis económica y social. Y los impactos que tendría el debilitamiento de las áreas estatales que deben protegernos».

Por todo, exigieron la «implementación urgente» de políticas públicas que aborden específicamente las necesidades de mujeres y diversidades sexuales en situación de vulnerabilidad, además de «la puesta en marcha de programas anunciados, la difusión de indicadores de género y del plan de gestión para el fortalecimiento de las redes comunitarias que activan en los territorios, fortaleciendo los derechos a una vida libre de violencias».

Y anunciaron que se llevarán adelante «acciones de reclamo y visibilización de estas problemáticas hasta obtener respuestas concretas y soluciones efectivas por parte de las autoridades provinciales y nacionales».

La demanda se da mientras en la provincia continúa el plan de lucha para evitar las censantías de más de 42 trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, perteneciente al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. «Consideramos que fueron contratadas en condiciones de precarización laboral por el gobierno anterior, y el actual aprovecha un contexto que facilita el achicamiento del estado».